La muerte de un joven empleado de un centro de rehabilitación en el municipio de Guadalupe a manos de un presunto adicto no es un hecho aislado, sino la manifestación más violenta de una crisis que lleva años gestándose en el subsuelo del sistema de salud pública de Nuevo León, con sitios “de rescate” que operan en el vacío legal.
El caso no sólo exhibió la precariedad de los protocolos de seguridad y atención en los llamados “Anexos”, sino que abrió un debate más profundo: ¿hasta qué punto el traslado forzado de personas con adicciones constituye un delito de privación ilegal de la libertad?, ¿quién supervisa a estos centros?, ¿y por qué la mayoría sigue funcionando fuera del marco legal?
El 5 de enero de 2026, Erick Camacho Lomas, de 26 años de edad, perdió la vida tras ser atacado con un arma blanca cuando acudió, junto con otros compañeros, a un domicilio particular para trasladar a una persona a un centro de rehabilitación.
El hecho ocurrió en el cruce de la calle Tulipán y la avenida Guadalajara, en la colonia Infonavit Benito Juárez, en Guadalupe, cuando empleados del Centro de Rehabilitación Vida y Luz Hombre Nuevo acudieron al domicilio, con la finalidad de recoger a un hombre que sería internado en dicho anexo.
Sin embargo, durante la intervención, la persona reaccionó de manera violenta y agredió a Camacho Lomas, provocándole heridas mortales.
Más allá del hecho violento, el incidente abre un debate jurídico y ético urgente sobre el derecho a la libertad personal, la seguridad de los trabajadores de la salud y la alarmante falta de regulación.
UN VACÍO LEGAL QUE CUESTA VIDAS
En Nuevo León se estima que existen hasta 600 centros de rehabilitación para personas con adicciones, aunque de acuerdo con el directorio de la Comisión Nacional de Salud Mental, hasta el año anterior sólo cuatro estaban formalmente registrados ante las autoridades sanitarias, lo que significa que más del 99 por ciento opera fuera del marco legal.
Esta cifra, reconocida por legisladores locales, revela un escenario alarmante: la atención de personas en situación de adicción se lleva a cabo, en su mayoría, sin supervisión, sin certificaciones y sin protocolos claros que garanticen la seguridad, la dignidad y los derechos humanos de los internos.
Para la diputada local del PRI, Armida Serrato Flores, el problema no es la falta de leyes, sino la ausencia de vigilancia y aplicación de las normas existentes.
“El tema de salud es muy complejo y muy sensible. Nadie quisiera tener un familiar metido en las drogas y todos buscamos ayudar, pero hay una línea que no se puede cruzar”, manifestó.
Es una práctica común que familiares de personas con adicciones severas contraten a “patrullas” de los anexos, para llevarse al paciente contra su voluntad, creyendo que la anuencia familiar es suficiente para validar el acto.
No obstante, la también presidenta de la Comisión Anticorrupción en el Congreso de Nuevo León enfatizó que ninguna persona mayor de edad puede ser obligada a ingresar a un anexo, aun cuando padezca una adicción grave.
“Sacar a una persona a la fuerza para llevarla a un centro de rehabilitación se llama privación ilegal de la libertad y amerita sanciones penales”, sostuvo.
En ese sentido, subrayó, el anexo tiene la obligación legal de rechazar cualquier ingreso que no sea voluntario, a menos que exista un diagnóstico médico previo que declare a la persona como “interdicta” (incapaz de tomar sus propias decisiones), caso en el cual el destino debe ser un hospital psiquiátrico certificado, no un centro de rehabilitación de bajo costo.
ADICCIONES NO SON SINÓNIMO DE INCAPACIDAD LEGAL
Uno de los puntos clave que resaltó la legisladora priísta es la diferencia entre una persona con adicciones y una persona con un padecimiento mental diagnosticado.
Por ello, insistió, “una persona diagnosticada mentalmente puede ser considerada interdicta, y en ese caso los familiares pueden tomar decisiones, pero hacia un hospital psiquiátrico. No es lo mismo que una adicción”.
Esta distinción resulta fundamental, ya que en muchos casos los familiares, impulsados por la desesperación y la falta de opciones, recurren a anexos informales creyendo que actúan dentro de la legalidad, pero esas “buenas intenciones” pueden traducirse, sin saber, en delitos.
Por ello, Serrato Flores hizo un llamado directo a la Secretaría de Salud estatal, encabezada por Alma Rosa Marroquín, para revisar las licencias de todos los centros de rehabilitación que operan en Nuevo León.
“Si no están vigentes, deben cerrar operaciones hasta que cumplan con los protocolos. Además, es indispensable capacitar al personal para recordarles que sí y qué no pueden hacer”, afirmó.
CENTROS IRREGULARES DESDE SU ORIGEN
En la misma línea, la diputada local de Movimiento Ciudadano, Marisol González Elías, coincidió en que la raíz del problema está en la falta de certificación de los anexos, “muy pocos centros en el estado cumplen con los requerimientos. Desde ahí ya están cometiendo una ilegalidad”.
Esta irregularidad, expuso, significa que la inmensa mayoría de estos espacios no cuentan con certificaciones de protección civil; protocolos de manejo de crisis y contención; personal capacitado en psicología y psiquiatría; además de licencias de funcionamiento sanitario vigentes.
Explicó que la ley y los reglamentos de la Secretaría de Salud establecen claramente qué deben cumplir los centros de rehabilitación, desde el traslado de personas hasta las condiciones de internamiento.
“No es fácil obtener la acreditación porque implica cumplir una serie de pasos, pero justamente eso garantiza que se proteja la vida de las personas”, dijo.
González Elías consideró indispensable investigar si el centro involucrado en el homicidio de Guadalupe contaba con las certificaciones correspondientes.
“Si no cumple con los requisitos, está operando en la ilegalidad. Y si va contra la voluntad de una persona para recogerla, sí se puede incurrir en privación ilegal de la libertad”, estableció.
Además, reveló que muchos anexos se escudan en la figura de asociación civil para evitar cumplir con las normas sanitarias, pero “ser una asociación civil no te da automáticamente la certificación para operar como centro de rehabilitación”.
ANTECEDENTES TRÁGICOS
El homicidio de Erick Camacho no es un caso aislado. En agosto de 2025, un incendio en un centro de rehabilitación ubicado en la colonia Burócratas del Estado, en Monterrey, dejó un saldo de tres mujeres muertas: dos menores de edad y una adulta.
El siniestro, provocado por internas del anexo, se registró de madrugada en José María Mier y Adolfo López Mateos de la colonia Burócratas de Monterrey, donde cinco personas más resultaron intoxicadas por humo y una menor fue reportada como desaparecida.
Las víctimas mortales evidenciaron, una vez más, las condiciones de riesgo en las que operan muchos de estos centros.
Casos de maltrato, tortura, hacinamiento e incluso tráfico de personas también han sido documentados en anexos irregulares, lo que refuerza la urgencia de una revisión integral de su operación.
Un caso reciente denunciado en redes sociales, es el de una adolescente de 17 años de edad, quien reveló severas golpizas en su “rehabilitación”, dentro de un anexo del municipio de Guadalupe, donde su progenitora la había ingresado.
Milagros, la menor afectada, con lesiones en cara y extremidades, aseguró que ello fue el resultado del maltrato recibido al interior de la denominada “Casa de Rescate, Bendecidos para Bendecir”, ubicada en la colonia Provivienda, cuyo personal incluso amenazó demandar por difamación, si denunciaba los hechos.
URGE LEGISLAR PARA PONER ORDEN
Ante este panorama, Marisol González Elías presentó a mediados del año anterior una iniciativa de reforma para adicionar el Artículo 73 Bis VI, enfocada en la formalización y regulación de los centros privados de atención a las adicciones.
“La intención no es criminalizar a quienes ayudan, sino garantizar que toda persona que busque rehabilitación tenga acceso a un lugar seguro, limpio, profesional y digno”, explicó la legisladora emecista.
La iniciativa busca establecer mecanismos claros de supervisión, certificación y sanción para aquellos centros que operen fuera de la ley, así como fortalecer el acompañamiento de la Secretaría de Salud para quienes deseen regularizarse.
AGENDA PENDIENTE
Tanto legisladores como autoridades coinciden en que la problemática de las adicciones no puede enfrentarse con improvisación ni con centros que operan al margen de la ley, porque la falta de regulación no sólo pone en riesgo a las personas internadas, sino también a quienes trabajan en estos espacios y a la sociedad en general.
El asesinato de un joven trabajador, así como la muerte de mujeres y menores en un incendio son recordatorios dolorosos de las consecuencias de la omisión institucional. Mientras cientos de anexos sigan operando en el limbo legal, el riesgo de nuevas tragedias persistirá.
La revisión de licencias, la aplicación de la ley y la capacitación del personal aparecen como pasos urgentes para evitar que la atención a las adicciones siga cobrando vidas, no sólo por el consumo de sustancias, sino por la negligencia y la ilegalidad que rodean a quienes dicen ofrecer ayuda.
Al mismo tiempo, la Secretaría de Salud en el estado, enfrenta al reto de depurar un sistema de anexos que ha crecido de forma anárquica ante la demanda desesperada de familias que no encuentran cupo o no pueden costear clínicas privadas certificadas.
