Lamentablemente, la percepción de la ciudadanía ante hechos graves y espectaculares es de que la autoridad ha sido rebasada. Y seguramente ante este escenario debería estar muy preocupado el procurador Roberto Carlos Flores Treviño.
Lo anterior viene a colación sobre el argumento que dio el funcionario de la subprocuraduría anticorrupción a cargo del polémico abogado, Ernesto Canales, sobre los 190 millones de pesos que pasaron por la Tesorería del Estado y fueron a parar a las cuentas bancarias de Alberto Anaya, presidente vitalicio del Partido del Trabajo (PT).
Sí, el cochino dinero que no llega o llega a cuentagotas por parte de la Comisión Estatal Electoral-INE, las entregas del Comité Ejecutivo Nacional y, sobre todo, el pago de cuotas de sus militantes que ocupan cargos de elección popular, y por obligación estatutaria, o sea, de sus estatutos internos, están obligados a aportarle el 10 por ciento de su salario mensual a las arcas partidistas.
El asunto se pone harto complicado porque la figura de un procurador debe ser intachable, casi inmaculada y ejemplo dentro de un gabinete estatal o federal. Y no de Roberto Flores Treviño que omitió ante el poder legislativo ese delicado pasaje en la llamada “ciudad del pecado”.
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