En menos de 48 horas, dos personas perdieron la vida en accidente donde estuvo involucrada una unidad del transporte público de la Ruta 224 en Monterrey. Los casos, ocurridos en la colonia Independencia y el Centro de la ciudad, evidenciaron los riesgos que enfrentan usuarios y peatones que cohabitan con unidades del transporte urbano.
Estos hechos plantean la pregunta: cuando alguien resulta herido o fallece en uno de estos percances ¿quién paga los gastos médicos o funerarios? ¿cuál es la responsabilidad real de las empresas del transporte público? y si la hay ¿quien determina si debe de haber una indemnización?
La noche del domingo 25 de octubre, Jaime, de 34 años, quien trabajaba como repartidor de pizzas, perdió la vida luego de un percance entre su motocicleta y un camión de la Ruta 224, en el cruce de las calles 5 de Febrero y Querétaro, en la colonia Independencia. De acuerdo con información de Protección Civil de Monterrey, los rescatistas acudieron al lugar alrededor de las 21:00 horas y encontraron al motociclista sin signos vitales.
Un día antes, otro hombre, de aproximadamente 35 años, murió tras ser atropellado por una unidad de la Ruta 224 Monte Cristal-Arboledas en el cruce de las avenidas Pino Suárez y Padre Mier, en el Centro de Monterrey.
Los primeros informes indicaron que el camión realizaba una maniobra para incorporarse a Pino Suárez cuando ocurrió el impacto. El peatón presuntamente intentaba cruzar la vialidad. El conductor detuvo la unidad y permaneció en el sitio, mientras paramédicos de la Cruz Roja confirmaron que el hombre ya no presentaba signos vitales.
Los riesgos no se limitan a los atropellos. El viernes 23 de octubre, en Escobedo, un camión urbano de la Ruta 13 se vio involucrado en un percance con un vehículo de carga que transportaba varillas de acero. Parte del material atravesó un costado de la unidad de pasajeros, aunque en ese caso no se reportaron personas lesionadas.
Otro accidente ocurrió el 2 de octubre, cuando un camión de la Ruta 109 se impactó contra el camellón central de la avenida Doctor José María Coss, en Monterrey. El percance dejó seis personas lesionadas: cinco pasajeros y el operador.
¿QUÉ DICE LA LEY?
La legislación de Nuevo León contempla derechos para los usuarios del transporte público, entre ellos recibir atención médica inmediata en caso de un siniestro y obtener una indemnización por lesiones personales y daños a sus bienes ocasionados por hechos viales.
El artículo 70, fracciones VI y VII, de la Ley de Movilidad Sostenible, de Accesibilidad y Seguridad Vial para el Estado de Nuevo León reconoce estos derechos. Además, el artículo 75, fracción IV, establece obligaciones para los prestadores del Servicio Estatal de Transporte de Ruta Alimentadora (SETRA), entre ellas cubrir gastos médicos, indemnizaciones y otras prestaciones económicas a favor de los usuarios cuando resulten responsables de hechos viales.
La misma legislación establece requisitos de aseguramiento para las unidades comprendidas en el artículo 77, con disposiciones relativas a las pólizas y la protección de pasajeros y terceros. El alcance de estas obligaciones debe revisarse según la modalidad del servicio y las condiciones aplicables a cada unidad.
Pero la existencia de disposiciones legales no resuelve por sí sola todas las dudas que surgen después de un accidente. Para conocer qué protección corresponde a cada afectado, también es necesario revisar la póliza vigente, las circunstancias del percance y las responsabilidades que determinen las autoridades.
SIN ATENCIÓN O INDEMNIZACIÓN
Neder Rachid Martínez Cuecuecha viajaba como pasajero de la Ruta 214 Fidel Velázquez el 26 de mayo de 2024, cuando la unidad en la que se trasladaba se volcó sobre la avenida Eloy Cavazos, en la colonia Jardines de la Pastora, en Guadalupe.
Según su testimonio, el camión intentó cambiar de carril sobre el pavimento mojado por la lluvia, derrapó y chocó contra un árbol antes de volcarse. En medio de los gritos de otros pasajeros que temían que la unidad se incendiara, buscó escapar por una ventana.
Neder recuerda que hubo personas con lesiones graves que no pudieron salir por sus propios medios y tuvieron que ser trasladadas en camilla. También vio al conductor ensangrentado.
Aunque Protección Civil lo revisó en el lugar, en ese momento no sintió dolor. La situación cambió al día siguiente, cuando una molestia intensa en la espalda le impidió ponerse de pie. Acudió a la Clínica 21 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), donde, de acuerdo con su relato, le diagnosticaron lumbalgia y le otorgaron una incapacidad por riesgo de trabajo, debido a que el accidente ocurrió mientras regresaba de su empleo a casa.
El IMSS cubrió la atención médica y Neder recibió el pago correspondiente durante los días de incapacidad. Sin embargo, afirma que ningún representante de la ruta ni del Grupo Lazcano se comunicó con él después del accidente.
Recuerda haber visto a una persona de la aseguradora Qualitas en el lugar, pero no le explicaron si la unidad tenía una póliza vigente ni cuáles eran sus coberturas. Tampoco recibió, según cuenta, una oferta de indemnización o de apoyo para otros gastos, aunque no tuvo que pagar de su bolsillo la atención médica. Al preguntarle si estaba conforme con la respuesta de la empresa o de las autoridades, expresó su inconformidad:
“No estuve conforme con el actuar de la ruta, creo que lo mínimo que pudieron hacer era indemnizar por casi desgraciarle la vida a padres, madres e hijos. Que tranquilamente pensaban en llegar a sus hogares, pero que en un acto de irresponsabilidad vial estuvieron en riesgo de no ver a sus seres queridos. Dejaron ver que la vida de las personas no significan nada para ellos”.
Neder también relató que presentó un reporte por WhatsApp ante la Fiscalía por lo que consideró negligencia, pero asegura que nunca recibió una llamada de seguimiento. Según su testimonio, el canal de atención funcionaba mediante un bot.
Aunque no necesitó cirugías ni tratamientos posteriores, la experiencia modificó su percepción del transporte público. Dice que siente temor de viajar en esa ruta cuando llueve y cuestiona la forma de conducir de algunos operadores.
MIEDO DE VIAJAR EN CAMIÓN
La preocupación por la seguridad del transporte público se reflejó en una consulta informal realizada en un grupo de usuarios del Metro. Cuatro personas compartieron su opinión sobre la seguridad en el transporte público: dos dijeron sentirse seguras y dos manifestaron que no.
Una de las personas que respondió, de manera anónima, señaló que suele sentirse segura en los camiones, aunque tiene reservas al utilizar el Metro por situaciones como el acoso, las peleas y los robos. También describió una mayor atención al entorno cuando se encuentra en estaciones concurridas.
El usuario aseguró que no ha sufrido un accidente personalmente, pero afirmó haber presenciado percances en los que, según su percepción, son los propios pasajeros quienes solicitan los servicios médicos y no la ruta. También comentó que ha escuchado que algunos operadores intentan huir después de un accidente por la posible falta de seguro en las unidades; esta afirmación no ha sido corroborada de manera independiente.
En el mismo testimonio relató el caso de la madre de una amiga, quien, según su versión, fue atropellada alrededor de 2022 por una unidad identificada con el número 0404 de la Ruta 185, en el cruce de la avenida Benito Juárez con San Sebastián. El usuario afirmó que el conductor huyó y continúa libre, un señalamiento que tampoco ha sido verificado.
Las respuestas del grupo no constituyen una encuesta representativa de la población de Nuevo León, pero permiten incorporar experiencias individuales a la discusión sobre la seguridad vial, la percepción de riesgo y la respuesta que reciben las personas afectadas.
LAS CIFRAS
Los registros de organizaciones e instituciones que documentan la seguridad vial permiten dimensionar el problema, aunque es importante distinguir entre unidades involucradas, número de accidentes y personas lesionadas, ya que son indicadores diferentes.
El Observatorio Ciudadano de Movilidad y Seguridad Vial (OCISEVI) cuenta con registros de hechos viales del Área Metropolitana de Monterrey. Sus datos de 2025 reportaron 912 accidentes en los que estuvo involucrado un camión urbano de pasajeros y 121 personas lesionadas.
Pero más allá de las cifras, la atención a las víctimas no termina cuando concluyen las labores de rescate. Para quienes resultan lesionados, conocer quién debe cubrir sus gastos, qué seguro protege a los afectados y a dónde acudir para reclamar una indemnización puede marcar la diferencia después de un accidente.
El caso de Neder y las inquietudes expresadas por otros usuarios dejan abierta una pregunta para las autoridades y las empresas transportistas: ¿qué ocurre con las víctimas una vez que termina la emergencia?
