Con el tiempo encima por la conclusión del periodo ordinario de sesiones el 17 de diciembre próximo, en temas como deuda e Impuesto Sobre Nómina (ISN) persiste el desacuerdo entre los poderes Ejecutivo y Legislativo de Nuevo León, para la conformación del paquete fiscal 2026, con un presupuesto de 179 mil 494 millones de pesos.
Lo anterior, aunado al descontento de organismos empresariales con la propuesta de la administración del gobernador, Samuel García Sepúlveda, de elevar el Impuesto Sobre Nómina (ISN) de 3 al 4 por ciento.
Las reuniones convocadas por los secretarios general de Gobierno, Miguel Ángel Flores Serna y de Finanzas, Carlos Garza Ibarra, en la Tesorería estatal, no han convencido a la mayoría de los coordinadores legislativos en el Congreso del Estado, ni a la presidenta de la Comisión de Presupuesto, Lorena de la Garza Venecia.
A escasos días de que concluya el periodo ordinario de sesiones, el Poder Ejecutivo y el Congreso del Estado mantienen un persistente desacuerdo respecto a dos propuestas centrales: la contratación de deuda por 14 mil 644 millones de pesos y el aumento al ISN.
Estos elementos han sido catalogados como las “piedras en el zapato” que impiden el consenso, generando un fuerte descontento entre los organismos empresariales del estado.
EL ARGUMENTO DEL GOBIERNO
El Secretario de Finanzas y Tesorero General del Estado, Carlos Garza Ibarra, presentó el Paquete Fiscal 2026 como una propuesta integral que busca financiar un ambicioso plan de inversión y fortalecer áreas clave como la seguridad.
El presupuesto propuesto representa un crecimiento de 14.9 por ciento respecto al de 2025, siendo 23 mil 229 millones de pesos superior; los elementos centrales de la propuesta son:
Presupuesto Total: 179 mil 494 millones de pesos.Inversión Pública Proyectada: 21 mil 454 millones de pesos para 2026, con lo que la administración actual alcanzaría 123 mil 442 millones de pesos en cinco años, superando la inversión de los tres gobiernos anteriores.
Gasto en Seguridad: Incremento del 15 por ciento, pasando de 19 mil 80 millones en 2025 a 21 mil 896 millones de pesos en 2026.
El Impuesto Sobre Nómina (ISN) como Fuente de Seguridad: La propuesta de elevar el ISN de 3 a 4 por ciento es vista por el Ejecutivo como la vía para obtener aproximadamente 6 mil millones de pesos adicionales, los cuales serían destinados exclusivamente a seguridad, liberando otros recursos para la inversión pública productiva y programas sociales.
El Gobierno defiende que este incremento se aplicaría principalmente entre las organizaciones de mayor tamaño, señalando que el 95 por ciento de la carga recaería en los segmentos de mayor capacidad económica.
El tesorero estatal argumenta que el segmento de menores ingresos (12 mil 365 contribuyentes) solo asumiría el 0.12 por ciento, con un pago promedio extra anual de 550 pesos; además, menciona que estados como Quintana Roo y la Ciudad de México ya cobran el 4 por ciento, y otros como Baja California (4.5) y Jalisco (proyectando 5) tienen tasas similares o superiores.
Solicitud de Deuda por 14.6 millones de pesos: El Ejecutivo también solicita la autorización para contratar un financiamiento por 14 mil 644 millones de pesos, esta cantidad equivale al 15 por ciento de los ingresos, el máximo permitido por la Ley de Disciplina Financiera para Estados y Municipios, dado que Nuevo León mantiene una calificación de deuda como “sostenible” (semáforo en verde) por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
Otras propuestas recaudatorias incluidas en el paquete fiscal 2026 son:
:: La eliminación de la exención del pago de Refrendo a los vehículos híbridos.
:: La creación del Pase Turístico Gratuito para vehículos foráneos en visita, buscando incentivar el cambio de placas de aquellos vehículos que residen permanentemente en Nuevo León para mejorar el control vehicular y fortalecer la seguridad.
Un presupuesto de 300 millones de pesos para respaldar a PYMES y que obtengan financiamiento de NAFIN por más de 6 mil millones de pesos.
DIPUTADOS RECLAMAN
En el Congreso, la presidenta de la Comisión de Presupuesto, Lorena de la Garza Venecia, y coordinadores de bancada como Carlos de la Fuente Flores (PAN) y Mario Soto (Morena), han manifestado su negativa a aprobar el presupuesto tal como está planteado, enfatizando que “el presupuesto como está ahorita, no sale”.
De la Garza Venecia expresó que, si bien el Ejecutivo tiene muchos proyectos, no tiene el dinero para pagarlos todos, por lo que el Congreso está exigiendo a la Tesorería un desglose detallado de los proyectos de inversión y el propósito específico y distribución del aumento del ISN.
Su postura se centra en buscar una priorización de los proyectos estratégicos que el gobierno sí tiene capacidad financiera para cumplir, sin comprometer áreas sensibles.
Además, el Congreso aboga por el presupuesto de:
:: Órganos Autónomos: Como la Fiscalía del Estado y el Instituto de Transparencia, al cual, señaló, se le puso en cero, manifestando un “desprecio por la transparencia” por parte del gobierno.
:: Universidad y Hospital Universitario: Dada su función vital en la atención, incluyendo el programa de atención a mujeres y niños con cáncer.
El coordinador panista, Carlos de la Fuente Flores, indicó que, si bien el Ejecutivo ha proporcionado más información sobre los 21 mil millones de inversión (líneas del metro, camiones, etc.) y el destino de los 6 mil millones del ISN (sueldos de policías, principalmente), la postura del Congreso es que no se ve una “política de austeridad” en el gobierno central.
El coordinador legislativo del PAN critica que el Ejecutivo busque financiar la inversión a través de deuda y aumento de impuestos en lugar de buscar ahorros considerables en su gasto corriente para inyectarlos en inversión.
Ante esto, el objetivo legislativo es que el gobierno central “apriete el cinturón” para: Reducir la solicitud de deuda de 14 mil 644 millones y evitar el aumento del 1 por ciento del ISN o minimizarlo.
El coordinador de Morena, Mario Soto, coincide en que el paquete fiscal es “excesivo” y que, en sus condiciones actuales, “no podríamos aprobarlo”, ya que las propuestas se ven “impositivas” al carecer de consenso y diálogo.
RECLAMA IP
El rechazo más contundente proviene de los organismos empresariales, que han cerrado filas contra el aumento al ISN y organizaciones como COPARMEX NL, CAINTRA NL, CAPROBI, CANADEVI NL, INDEX NL, y CANACO Monterey emitieron un comunicado conjunto para rechazar “categóricamente cualquier incremento en la tasa del impuesto sobre nómina en el contexto actual”.
Los empresarios sostienen que el sector productivo no está en condiciones de asumir una mayor carga tributaria debido a la presión financiera e incertidumbre macroeconómica, así como a la desaceleración en la generación de empleo formal (en 2025 se generó sólo el 52 por ciento de los puestos de 2024).
Señalan que un incremento del 3 al 4 por ciento representa un alza del 33 por ciento en el pago del impuesto y equivale a un “castigo directo al empleo formal” y un “freno directo a la inversión productiva” e incluso el aumento desviaría recursos que las empresas usarían para expandirse o contratar.
Las organizaciones empresariales alertaron que el aumento del ISN de 2 a 3 por ciento en 2013 ocasionó que la actividad productiva del Estado dejara de crear casi un 20 por ciento de los puestos de trabajo formal que pudo generar un año antes.
El sector privado pide que se privilegie el crecimiento del empleo, la inversión productiva y la formalidad empresarial, pues el aumento de impuestos puede incentivar la informalidad, lo que debilita el empleo digno.
Otro frente de rechazo es la Canirac Nuevo León, que se opone al aumento propuesto de dos hasta tres veces en el costo de las licencias para el consumo de alcohol.
La presidenta Katia Guajardo Bosques advirtió que la medida afectaría a miles de pymes del sector turístico y restaurantero (80-85 por ciento de las 25 mil a 28 mil unidades económicas formales), y podría poner en riesgo más de 360 mil empleos.
Canirac estima que el aumento en licencias elevaría abruptamente los costos fijos, provocaría una caída de entre 15 y 22 por ciento en la inversión durante 2026, incrementaría la informalidad del 25 al 33 por ciento e impactaría negativamente la competitividad del estado, enviando señales negativas a inversionistas justo de cara a eventos como el Mundial FIFA 2026.
La Canirac exige la instalación de una mesa de trabajo para buscar una alternativa viable, reiterando que la facultad recaudatoria debe ejercerse con criterios de proporcionalidad y equilibrio.
No obstante, pese a la rigidez inicial de posturas, el secretario general de Gobierno, Miguel Ángel Flores Serna, afirma que el presupuesto “se construye con la participación de todos” y que se han convocado mesas de trabajo para lograr acuerdos.
Desde el Congreso, si bien se considera que el presupuesto inicial no será aprobado sin cambios, los legisladores mantienen la comunicación abierta con el Ejecutivo, lo cual es visto como un avance respecto a otros años.
Los diálogos continúan con las cámaras empresariales, buscando argumentos sólidos sobre el impacto negativo del ISN que permitan al Congreso defender su postura con mayor sustento técnico.
La percepción general es que se vislumbra un presupuesto, pero no necesariamente el que planteó el Ejecutivo; el reto, de aquí al 17 de diciembre en que concluye el periodo ordinario de sesiones, radica en si el Gobierno estatal estará dispuesto a flexibilizar su posición, específicamente en la reducción de la deuda solicitada y la eliminación o disminución del aumento del ISN, en favor de una política de austeridad interna que satisfaga las demandas del Poder Legislativo y de la Iniciativa Privada.
