Tras la renuncia del ex titular de la Fiscalía Estatal, Gustavo Adolfo Guerrero, el Poder Legislativo designó a un Comité de Selección para que estableciera los lineamientos de la convocatoria para elegir al nuevo Fiscal. Sin embargo, los diputados de MC calificaron el proceso de amañado al asegurar que las bancadas dominantes (PRI y PAN) estaban interfiriendo para imponer a su candidato favorito: el ex alcalde de Monterrey, Adrián de la Garza.
Y aunque desde que se lanzó la convocatoria el mandatario estatal ya había declarada que el perfil del nuevo titular debería de ser más técnico que político, tras las acusaciones de sus compañeros de partido en el Congreso local, el emecista adelantó que usaría su poder de veto si el candidato elegido por los diputados tenía ya un historial en la función pública.
“No señores, no lo admito, se los digo con todo respeto, no va a pasar, se va a vetar. Pero mejor se los digo por las buenas, que repongan (el proceso de convocatoria), que escogen el mejor perfil técnico, no político, y todo podría salir como Dios manda, si se aferran, pues se va a complicar todo. El mejor abogado que no tenga ningún antecedente político es bienvenido a la Fiscalía de Nuevo León”, expresó García Sepúlveda a principios de noviembre.
Los dichos del gobernador enfurecieron a los legisladores del PRI y PAN, a los que se le sumaron los diputados de Morena, para exigirle que saque las manos de la elección del Fiscal y que respetara la independencia de poderes.
“Desde Aristóteles hasta John Locke o Montesquieu la división de poderes se construyó para otorgarle legitimidad pero sobre todo estabilidad al sistema democrático”, dijo el diputado morenista Waldo Fernández el pasado 7 de noviembre al tomar la tribuna mientras era flanqueado por sus homólogos albiazules y tricolores.
Finalmente el 11 de noviembre los legisladores locales seleccionaron la terna de cuatro aspirantes, de una lista de 63, para presentarla al Poder ejecutivo y entre los elegidos se encontraba Adrián de la Garza así como tres personas más vinculadas a él: Guadalupe Saldaña, Genaro García de la Garza y Pedro José Arce Jordán.
Los diputados de MC volvieron a denunciar la aparente injerencia del PRIAN para colocar en la FGJE al también ex candidato a al gubernatura en 2021.
“Hoy estamos enviando nuestras cuatro propuestas para ocupar la Fiscalía. Esta decisión es clave, pero está siendo tomada con irresponsabilidad por el Congreso bajo la mano del PRIAN.
“Hoy, nuestro Congreso está quedando en deuda con sus procesos a las víctimas de tantos delitos porque no está buscando elegir a la persona más capaz, más íntegra, libre de toda atadura partidista sea cual sea”, expresó el mismo día la legisladora emecista ,Iraís Reyes.
Sin embargo, sobre aviso no hay engaño y desde Egipto, en donde se encontraba participando en la Cumbre Mundial Climática, Samuel García vetó la opción de Adrián para la Fiscalía
“Voy a insistir en algo de lo que estoy plenamente convencido: la Fiscalía no debe ser una cuota política porque sobre esta institución recae la responsabilidad de garantizar la seguridad y la justicia de Nuevo León.
“Quien sea designado fiscal debe tener un perfil independiente, preparado, entrón, profesional, con experiencia técnica y dispuesto a coordinarse con Fuerza Civil.
“No puede, por ningún motivo, responder a los partidos políticos y mucho menos ser uno de los principales actores de la vieja política.
“Por esto he decidido, haciendo uso de las facultades que me da la Constitución, vetar la inclusión de Adrián de la Garza en la terna final que será votada en el Congreso”, expresó en sus redes sociales el mandatario estatal momentos después de conocer la terna.
En este momento la bomba entre el poder Legislativo y Ejecutivo explotó dejando a su paso reformas, abandono, creación de bloques de oposición y un largo etcétera.
CONSECUENCIAS DE VETO
Para algunos expertos en política, el declive de la relación entre Legislativo y Ejecutivo comenzó cuando MC comenzó a adherir alcaldes y legisladores a sus filas, por medio de “chantajes y sobornos”, de acuerdo con los líderes del PAN y PRI.
El tema del Fiscal solo fue la gota que derramó un vaso a punto de desbordarse.
Y es que, aún ni siquiera se generaba el veto de Adrián de la Garza cuando alcaldes metropolitanos le “entraron al ring” para apoyar a sus partidos contra el mandatario estatal.
El 3 de noviembre, ediles de la mancha urbana, liderados por el munícipe de Apodaca, César Garza, declararon de manera conjunta que el gobierno del estado les estaba reteniendo fondos.
Las declaraciones del tricolor, quien semanas atrás había sido calificado por el propio gobernador como un gran aliado (el alcalde apodaquense) se dieron justo el día en el que Samuel voló rumbo a Egipto.
Los 11 ediles presentes, emanados del PRI y PAN, definieron la supuesta retención de fondos como una acción de extorsión y presión política por el tema de la Fiscalía y amenazaron con abandonar la Mesa de Coordinación Metropolitana.
Pero el ataque albiazul y tricolor no pararía ahí: justificándose en los dichos de los ediles, el 7 de noviembre los legisladores de oposición descongelaron una iniciativa que se mantenía archivada desde seis meses para quitarle al Ejecutivo el control para designar al titular de la Subsecretaría de Administración Tributaria (SAT) en Nuevo León.
Lo anterior, significa que ahora la cabeza del SAT en el estado tendrá que ser ratificado por la mayoría de los diputados en el Congreso local (en donde PRI y PAN tienen mayoría).
“A la ciudadanía también le damos la garantía de que el SAT estatal no sea un arma de ataque político”, dijo el morenita Waldo Fernández, quien se sumó al PRIAN en la votación.
Y como si la embestida de los legisladores locales fuera poca cosa, el pleito entre Samuel y los partidos de oposición escaló hasta la escena nacional.
El 11 de noviembre, el tema de los recursos no entregados llegó hasta el Congreso de la Unión, en donde legisladores federales del PRI y PAN denunciaron al emcesita ante la Fiscalía General de la República por “violar la autonomía de los municipios al negar a liberación de los recursos, así como no realizar las transferencia de las aportaciones federales”.
Y aunque días después el dinero fue transferido a los municipios, la “guerra” entre poderes y partidos ya no aceptaba treguas: el 14 de noviembre 24 municipios se deslindaron de la coordinación con el Estado para crear un bloque propio denominado “Pacto por Nuevo León”.
El grupo está integrado por 28 ediles emanados del PRI, PAN, Morena, Verde e independientes con la intención de llegar acuerdos paralelos al gobierno estatal, con quien solo discutirán temas de seguridad, salud y protección civil.
En contraataque el Estado frenó la publicación de 56 decretos enviados por el Poder Legislativo para su entrada en vigor, lo que provocó un nueva ataque de los diputados, el intento por llevar al gobernador a juicio político.
El 16 de noviembre se instaló en el Congreso local una comisión Jurisdiccional para iniciar el procedimiento contra García Sepúlveda.
De acuerdo con el líder de la fracción panista, Carlos De la Fuente, la comisión arrancó dos procesos de juicio: contra el gobernador por aparentemente modificar el escudo oficial de armas del estado y contra Verónica Dávila, titular del Periódico Oficial del Estado por no publicar los decretos.
Y mientras que los “dimes y diretes” continúan entre poderes, el aparato gubernamental de Nuevo León está a punto de entrar en un colapso dado que las diferencias entre Samuel y diputados provocó que no se haya entregado ninguna propuesta para el Paquete Fiscal de 2023.
La Ley determina que la fecha límite para que el mandatario envíe su iniciativa al Legislativo es el 20 de noviembre, pero hasta el momento no se hacho ninguna entrega-recepción.
Lo anterior significa que la asignación de recursos así como el incremento o no de impuestos estatales sigue en incertidumbre.
