Si a nivel internacional el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación evidenció con el #PanamaPapers las mañas de los ricos y poderosos para evadir impuestos, en Nuevo León, Hora Cero ha sido el encargado de exhibir los trucos de los políticos locales para enriquecerse ilícitamente.
El que podría ser denominado el #NuevoLéonPapers es un compendio de investigaciones minuciosas que en los últimos dos años ha arrojado nombres de empresas fantasmas o creadas “a modo”, datos de prestanombres, montos millonarios de desvíos, funcionarios públicos involucrados y demás, en aras de desenmascarar a los malos servidores municipales y estatales.
De 2014 a la fecha, las indagaciones periodísticas de Hora Cero han llevado a encontrar irregularidades administrativas en: la administración estatal de Rodrigo Medina de la Cruz; las administraciones municipales de 2012 a 2015 de Guadalupe (César Garza Villarreal), Juárez (Rodolfo Ambriz Oviedo) y García (Jesús Hernández Martínez); la Comisión de Transparencia y Acceso a la Información de Nuevo León (CTAINL) y la Corporación para el Desarrollo Turístico de Nuevo León (Codetur).
Lamentablemente, las repercusiones sociales y jurídicas tras las pesquisas son abismalmente diferentes en ambos trabajos, ya que mientras a nivel mundial el Primer Ministro de Islandia, Sigmundur Davíó Gunnlaugsson, renunció tras el escándalo fiscal del #PanamaPapers, en Nuevo León algunos de los implicados en el #NuevoLeónPapers fueron “premiados” con nuevos cargos o pasean libre sin temor a repercusiones legales.
Tal es el caso del ex alcalde de García, el priista Jesús Hernández García, quien luego de ser cuestionado por tener dentro de su padrón de proveedores a la sospechosa empresa Concierge and Manintenance S.A. de C.V., constituida por prestanombres y dedicada a la “todología”, fue designado recientemente como director de Fiscalización de la Secretaría de Finanzas y Tesorería General del Estado.
Algo similar ocurrió con Ramón López Serrano, enlace de Administración y Finanzas de la Codetur, quien luego de ser cuestionado por su repentina fortuna -que incluye una residencia en una exclusiva zona al sur de Monterrey- permanece en el cargo sin complicaciones.
Por su parte los ex alcaldes de Guadalupe, César Garza Villarreal y de Juárez, Rodolfo Ambriz Oviedo ya no figuraron en la escena pública, pero su relación con empresas fantasmas y fabricadas a vapor durante sus respectivas administraciones no ha sido castigada a la fecha.
Guillermo Mijares Torres, ex presidente de la CTAINL, nunca pudo justificar el seguro de gastos médicos mayores que cargó al erario para su hijo de 40 años de edad ni la violación a la protección de datos personales que cometió contra su ex compañera María Eugenia Pérez Eimbcke. Su periodo al frente del organismo finalizó y el flamante ex comisionado ni siquiera fue llamado a comparecer ante el Poder Legislativo.
Y tal vez, el mayor ejemplo de investigaciones consolidadas, pero sin respuesta por parte de las autoridades estatales, son las relacionadas con el ex gobernador, Rodrigo Medina de la Cruz, cuyo sexenio sigue siendo cuestionado. Recientemente por comprobarse que a dos días de abandonar su cargo regaló 60 millones de pesos a una institución educativa privada relacionada con políticos del PT.
Un presunto desvío más de recursos se hizo en 2014 a través de ICIFED (Instituto para la Construcción e Infraestructura Física y Educativa) que canalizó supuestos fondos federales por el orden de los 130 millones de pesos a la Universidad de Nuevo León “Emiliano Zapata”, propiedad de Alberto Anaya Gutiérrez, dirigente del Partido del Trabajo.
De este tema y del resto de las denuncias publicadas por Hora Cero no hubo respuesta o acción alguna para investigar a los protagonistas de las irregularidades financieras, ni en la administración anterior de Rodrigo Medina, ni en la actual… hasta ahora.
Crean empresas ‘fantasmas’
y saquean arcas municipales
(Reportaje publicado en agosto de 2014 )
Luego que Hora Cero evidenció en 2014 los pagos millonarios que las actuales administraciones municipales de Guadalupe y Juárez entregaron a empresas cuyos falsos propietarios fueron prestanombres (constituidas días previos o posteriores a la llegada al poder de sus respectivos alcaldes), sospechosamente esas razones sociales redujeron drásticamente los pagos que recibían de las respectivas Tesorerías.
Como si César Garza Villarreal y Rodolfo Ambriz Oviedo, los alcaldes que en diciembre de 2015 dejaron el poder, hubieran olfateado la derrota del Revolucionario Institucional en las elecciones a gobernador el pasado 7 de junio -quedando sin protección de una probable acción de la justicia en su contra-, en 2015 ambos ediles dejaron de privilegiar a cinco empresas “todólogas”.
Y es que Constructora y Mantenimiento CELCA S.A. de C.V., Constructora e Inmobiliaria CORSA S.A de C.V., INSTALACSA S.A. de C.V., Comercializadora ENDEE S.A. de C.V y Proyectos Verdin Constructivos S.A. de C.V., que vivieron una bonanza económica el año pasado, en 2015 prácticamente desaparecieron del padrón de pago a proveedores.
Tan sólo en Juárez, municipio administrado por Ambriz Oviedo, la empresa Proyectos Verdin Constructivos S.A de C.V. cobró el año anterior 20 millones 748 mil 434 pesos por concepto de “desazolve de arroyos” principalmente. De acuerdo a su página de internet en el apartado de Transparencia, los primeros cuatro meses de 2015 ya no recibió nada.
Pero esa no fue el único proveedor que vio caer sus ingresos misteriosamente tras la investigación de Hora Cero.
En Guadalupe, encabezado por el priista Garza Villarreal, cuatro empresas que en 2014 obtuvieron cheques por encima de los 3 millones de pesos, en lo que va de 2015 sólo dos han cobrado cantidades por mucho inferiores: Comercializadora ENDEE S.A. de C.V. por 23 mil 400 pesos, y Constructora e Inmobiliaria CORSA S.A. de C.V. por 116 mil 673 pesos, que en total suman 140 mil 73 pesos.
Coincidentemente las cuatro empresas fueron contratadas para ofrecer servicios similares en el DIF municipal
A pesar de que en su momento tanto Garza Villarreal como Ambriz Oviedo argumentaron que no existían irregularidades, extrañamente esas compañías cuestionadas por sus “oportunas” fechas de creación ante Notario Público y con prestanombres, dejaron de ser favorecidas por las tesorerías.
Un dato importante es que las empresas cuestionadas mantienen su registro en el Padrón de Proveedores de los municipios.
DE MEDIO MILLÓN A NADA
Nueve meses después de que Garza Villarreal asumió la alcaldía guadalupense, la empresa CELCA S.A. de C.V. se constituyó para hacer negocios únicamente con ese municipio, pues no existe rastro de que sea cliente de otra dependencia de gobierno.
Ante el notario Público 35, Ricardo Vargas Güemez, acudieron el 13 de agosto de 2013 Ángel Castillo Garza y Víctor Manuel Espinosa Ramírez para constituir la mencionada empresa, que “corrió con suerte” y rápidamente fue aceptada en el padrón de proveedores de Guadalupe, donde cobró su primer cheque en abril por la cantidad de 136 mil 242 pesos.
Entre mayo y junio CELCA recibió 136 mil 242 pesos más, para una suma total de 449 mil 242 pesos.
En julio de ese año, la bonanza económica siguió para la compañía que se dedica, entre otras cosas, al “suministro y colocación de piso”, acorde a la descripción que se lee en la lista de “pago a proveedores” del apartado de transparencia de Guadalupe. En ese mes facturó dos cheques: uno por 70 mil pesos y el segundo por 75 mil.
Al siguiente, la razón social cobró 74 mil 657 pesos, una cantidad muy inferior a los 283 mil que recibió en septiembre del 2014, último mes en el que la Tesorería de Guadalupe le pagó un cheque.
En total CELCA S.A. de C.V. cobró en el año anterior: 503 mil 511 pesos, en comparación con los cero pesos en 2015.
Y es que a través de una búsqueda en el portal de Guadalupe se observa que CELCA no ha obtenido pagos por lo menos hasta abril, que es la última lista mensual que ha publicado el municipio.
La sospecha de que la razón social es una empresa “a modo” del alcalde Garza Villarreal no sólo recae en la fecha de su constitución o en suspenderle pagos luego de ser exhibida por Hora Cero, sino también en el estilo de vida de sus dos supuestos propietarios.
Con el 90 por ciento de las acciones, Ángel Castillo Garza es el socio mayoritario de la compañía. En su constitución notariada manifestó tener 29 años de edad, ser empleado y vivir en la calle Amapola 600 del fraccionamiento Tréboles de Apodaca.
Sin embargo, cuando en agosto de 2014 reporteros de este medio intentaron encontrarlo en su dirección, se percataron que el mencionado domicilio se encontraba abandonado y en evidente estado de deterioro.
La humilde morada que no coincide con el estilo de vida del propietario mayoritario de una exitosa empresa, se mantenía deshabitada desde meses atrás, de acuerdo a los vecinos del sector quienes aseguraron desconocer a Castillo Garza.
El otro propietario, Víctor Manuel Espinosa Ramírez, declaró en el proceso de constitución de CELCA que habitaba en la calle Aldama 613, en la zona centro de San Nicolás, pero al buscar el domicilio reporteros de Hora Cero nuevamente se toparon con una casa deshabitada.
Residentes de la zona aseguraron que nadie vivía en la morada y que era utilizada aparentemente como bodega de una empresa que organizaba eventos.
SE ACABÓ LA MINA DE ORO
Cuatro meses antes de que Garza Villarreal se convirtiera en el alcalde de Guadalupe, ante el notario Público 19, Javier Lozano Medina, fue creada Comercializadora ENDEE, S.A. de C.V. que durante 2014 se embolsó 1 millón 269 mil 75 pesos.
Específicamente el 16 de marzo de 2012, Ernesto Antonio Hinojosa Dávila y José Luis Villezca Rivera se presentaron como socios para constituir la empresa, que desde marzo de 2014 ingresó al padrón de proveedores del municipio para ofrecer servicios tan variados como: imprimir cuponeras de descuentos; reparación, venta e instalación de minisplits, y vender mesas, sillas y refrigeradores al DIF guadalupense.
El primer pago, con cargo al erario emitido por Guadalupe para ENDEE se efectuó en marzo del año pasado por la cantidad de 75 mil 757 pesos, por concepto de “reparación de minisplit”.
En abril, la empresa recibió dos cheques: el primero de 174 mil y el segundo de 51 mil 673 pesos por “cuponera de descuentos” e “instalación de minisplit”, respectivamente. En mayo recibió 143 mil 492 pesos por concepto de “mesa, sillas, refri” (sic), una cantidad superior a los 81 mil 949 cobrados en junio.
La bonanza económica continuó en el segundo semestre de 2014, pues entre julio y octubre la razón social cobró 743 mil 153 pesos más.
Sin embargo el 2015 no le ha sonreído de la misma manera, luego de que Hora Cero exhibió las “peculiaridades” de la empresa. En lo que va del año ENDEE apenas cobró una factura de 23 mil 400 pesos en febrero.
Sin motivo aparente, en los últimos meses de la gestión del priista la Tesorería de Guadalupe decidió quitar su lista de “pronto-pago” a la comercializadora.
Entre las similitudes con CELCA, quedó documentado el uso de prestanombres para la constitución de la empresa, cuyas direcciones se ubican en zonas marginadas de Apodaca y Guadalupe que distan de ser las moradas de prominentes empresarios.
En agosto de 2014 reporteros de este periódico acudieron a buscar a los socios de ENDEE, pero nunca dieron con el paradero de los supuestos dueños y los vecinos dijeron desconocerlos.
De igual manera, la dirección fiscal del negocio registrada ante el Registro Público de la Propiedad y del Comercio de Nuevo León, no coincide con el giro de la razón social.
De acuerdo al Acta Constitutiva, Comercializadora ENDEE S.A. de C.V. se ubica en Cumbres Elite 707 de la capital regiomontana, pero al buscar el lugar se descubrió que la dirección es de un acuario.
DE LA ABUNDANCIA A LA ESCASEZ
Cinco días antes de que Garza Villarreal ganó la alcaldía de Guadalupe, la empresa INSTALACSA S.A. de C.V. fue constituida ante el notario Público 109 Enrique Maldonado Corpus.
Curiosamente, al igual que las otras dos compañías anteriores, en abril de 2014 comenzó a ser beneficiada con pagos de la Tesorería que hasta julio de 2014 sumaron 883 mil 903 pesos.
Sin embargo, “la mina de oro” para la compañía cerró ese mismo año, ya que al realizar una consulta en el apartado de transparencia del portal municipal de Guadalupe no existe rastro que en 2015 haya recibido cheques cobrados, sumándose así a la lista.
En el acta notariada de INSTALACSA aparecen los socios Javier Eduardo de la Garza López y Daniel Camargo Rivera.
Ante el notario Público De la Garza dijo ser contratista, soltero, de 60 años y en ese entonces vivir en la calle Héroes del 47, número 470 norte, en el centro de Monterrey.
Al acudir al lugar para corroborar la información proporcionada por los socios, en agosto de 2014 los reporteros de Hora Cero se encontraron con una modesta vivienda que no supera los 25 metros cuadrados de extensión y que contrasta con lo que podría ser el hogar de un exitoso socio.
Lavacoches de la zona señalaron que nadie habitaba “esa bodega, que de vez en cuando sirve como dormitorio para Javier, un señor alto y rubio que llega en ocasiones a dormir al lugar”.
La casa se ubicó, pero de los socios de INSTALACSA no se encontró pista.
El otro socio, Daniel Camargo Rivera, indicó ante el notario Público tener 36 años, ser soltero, comerciante y residir en la calle Ramón Menéndez 153 de la colonia Colinas de San Jerónimo, en la capital regiomontana.
Pero al llegar al lugar, en un sector de clase media alta, se encontró, otra vez, una casa deshabitada, con periódicos tirados en la entrada de la misma, y fechados semanas atrás.
SE DESCUBREN PRESTANOMBRES
En plena administración de Garza Villarreal una nueva empresa surgió y entró al Padrón de Proveedores de Guadalupe: Constructora e Inmobiliaria CORSA S.A. de C.V.
Constituida el 30 de agosto de 2013 ante la notario Público 20 Ana Patricia Ayarzagotia Pérez, la empresa cobró en 2014 un millón 649 mil 775 pesos, entre venta de materiales al municipio (789 mil 775 pesos) y un contrato de prestación de servicios (860 mil pesos) “para el mantenimiento y rehabilitación de un centro del Sistema DIF”.
La razón social tiene sus supuestas oficinas en la calle Cerro del Diezmo 314 de la colonia El Fundador de San Nicolás, desde donde aparentemente despachan las socias Zenaida Beatriz Torres Laredo y Griselda Martínez Montemayor.
Pero la duda sobre ser una empresa “a modo” del edil tricolor resalta cuando en septiembre de 2015, al buscar a las propietarias en las direcciones que proporcionaron al notario Público, el padre de una de ellas aseguró tajante que su hija no era dueña de ninguna constructora (edición 229).
El progenitor de Torres Laredo, entrevistado al exterior del hogar de la socia: calle José María Vigil 211, colonia del norte de Monterrey, mencionó que su hija era maestra y “que vivía al día”.
La otra socia, Martínez Montemayor, quien habitan en la calle Batallón de San Blas Norte 1308 de la colonia Modelo de la capital regia, no cuenta una historia distinta: aunque la mujer de 65 años no pudo ser localizada en su hogar, vecinos de la calle mencionaron que trabajaba en un restaurante.
Curiosamente, luego de que Hora Cero exhibió los contratos millonarios que CORSA obtuvo con Guadalupe, la Tesorería del municipio dejó de facturarle en lo que restó de 2014.
Al iniciar 2015 la relación entre la empresa y el municipio regresó aunque con cifras muy inferiores a las acostumbradas. En los primeros meses del año, la razón social ha cobrado apenas un cheque de 116 mil 673 pesos en enero.
EN JUÁREZ SE REPITE LA HISTORIA
Las malas prácticas de la administración de Guadalupe fueron rápidamente adoptadas por el vecino municipio de Juárez, liderado por el panista-cetemista Rodolfo Ambriz Oviedo.
Ahí, el modelo de creación de sospechosas empresas y con prestanombres tuvo su mayor expresión con la compañía Proyectos Verdin Constructivos S.A de C.V., encargada principalmente del “desazolve de arroyos” y que en 2014 facturó la cantidad de 20 millones 748 mil 434 pesos.
El amorío entre Verdin y Juárez comenzó cuando la razón social se constituyó el 4 de mayo de 2012, en plena campaña electoral del ahora edil juarense. Pero no fue hasta junio cuando ya inscrita en el Padrón de Proveedores comenzó a recibir obras… y pagos.
En apenas siete meses de vida, la razón social se embolsó ganancias superiores a los 20 millones de pesos, una cantidad que poco ha contribuido al bienestar de sus supuestos propietarios: Juana Hilda Verdin Escobedo de 42 años, y Gerardo Eustaquio Torres Martínez de 66.
Y es que los socios de la exitosa empresa viven en una modesta casa ubicada en la colonia Arboledas del Virrey de Apodaca, desde donde toman rutas urbanas para llegar a sus trabajos.
Del otro socio, Torres Martínez, ni siquiera se logró dar con su paradero, pues la dirección que presentó ante el notario Público (calle Verdi de la colonia Residencial Los Robles en Apodaca) no existe.
El domicilio fiscal de la compañía está registrado en el Acta Constitutiva en Abedul 101 de la colonia Fresno, noveno sector, de Apodaca, a una corta distancia de la morada de los socios.
Lo que se supone deberían de ser lujosas oficinas centrales de una destacada constructora, en realidad es un cuarto desocupado y deteriorado, de acuerdo al recorrido que hicieron reporteros de Hora Cero en el lugar en noviembre pasado.
Al igual que las empresas anteriores, la suerte de Proyectos Verdin Constructivos S.A de C.V. no fue la mejor en 2015, año en el que no cobró una sola factura en el municipio de Juárez.
LA GANONA
De las múltiples empresas investigadas por Hora Cero en 2014, sólo una mantiene el título de “favorita” de la administración de Guadalupe: Concierge and Manintenance S.A de C.V.
La compañía “todóloga” facturó un millón 762 mil 812 pesos por material vendido al municipio, entre ellos, un cesto para basura de cerca de medio millón de pesos. Lo anterior, en el lapso comprendido entre junio de 2013 y agosto de 2014.
Por si fuera poco, el municipio le adjudicó un contrato por 9 millones 890 mil pesos por “suministro de bienes para espacios públicos del municipio de Guadalupe, Nuevo León”, mismo que vence el 31 de octubre del presente año, justo el día en que termina la administración de Garza Villarreal.
La empresa fue constituida el 18 de febrero de 2010 ante el notario Público 138 Gustavo Carlos Fuentevilla Carvajal, y obtuvo su primer contrato el 12 de julio de 2012 por apenas 2 mil 550 pesos por concepto de venta de aceite a las oficinas del SAT.
En enero de 2013, medio año después del primer cheque cobrado en instituciones públicas, la compañía se agenció un nuevo contrato con la Dirección de Administración del Parque Fundidora por 67 mil 396 pesos, al que se le suma un cheque más de 35 mil 409 pesos por “sistema hidráulico”.
Tres meses después, el Parque Fundidora erogó 42 mil 920 pesos a través de la Dirección de Desarrollo y Control Arquitectónico para la misma compañía.
Pero la prosperidad llegó a la empresa cuando se convirtieron en proveedores de Guadalupe, en donde en 2015 facturó un millón 301 mil 830 pesos para un total de 3 millones 64 mil 642 pesos en el municipio.
No conforme, Concierge and Manintenance S.A de C.V. expandió sus redes de negocio al municipio de García, donde también se llevó su buena tajada. Tan sólo en 2014 la empresa facturó 4 millones 171 mil 700 pesos por diversos conceptos que van desde organizar “evento del niño y la niña” hasta “venta de equipo para bacheo”.
Y aunque en el reciente año la Tesorería de García, encabezado por el también priista Jesús Hernández, no ha erogado cheques a favor de la empresa “todóloga”, aún restan tres meses para que la compañía incremente sus ganancias.
Lo irónico de esta empresa, al igual que las anteriores, es que a pesar de obtener millonarias ganancias, sus propietarios son humildes trabajadores que “muy apenas les alcanza para vivir”.
Y es que en una investigación hecha por Hora Cero en septiembre pasado, se descubrió que Ricardo Contreras Niño, accionista del 60 por ciento de la empresa, es en realidad velador de una empresa en Juárez en donde también reside.
En palabras de su padre, entrevistado en la dirección que Contreras Niño registró como suya ante notario Público, don Constantino Contreras aseguró que su hijo es empleado de una fábrica y que seguramente su nombre está siendo usado por otros para hacer negocios (edición 230).
“En el Año de Hidalgo, chin… a su mad… el que deje algo”, reza una conocida frase que refiere al último año de las administraciones, donde los funcionarios aprovechan los cargos públicos para vaciar las arcas municipales.
Sin embargo, según las evidencias, los domicilios y la relación de pagos a esas empresas en Guadalupe, Juárez y García el llamado “Año de Hidalgo” fue aplicado durante toda la administración.
Corrupción de Medina
inició con $57 millones
(Reportaje publicado en diciembre de 2015, edición 259)
La corrupción que envuelve actualmente a Rodrigo Medina de la Cruz no solamente se dio dentro de su sexenio, sino antes, cuando de 2007 a 2009 fue secretario general de Gobierno y una empresa con prestanombres empezó a recibir de la Tesorería cheques que al final sumaron: ¡57 millones 720 mil 397 pesos!
Coincidencia o no, cuando renunció el segundo cargo de relevancia en el organigrama del gobierno de Nuevo León, días después -el 5 de febrero de 2009- arrancó oficialmente su campaña como único precandidato del Partido Revolucionario Institucional (PRI).
Pero el daño al erario ya estaba consumado cuando Medina de la Cruz era titular de la Secretaría General de Gobierno, al usar como supuesta proveedora de servicios de comunicación social, área que dependía directamente de él, a la compañía Corporativo Radio Tel and Publishing S.A. de C.V.
Aunque el concepto de los depósitos que suman más de 57 millones de pesos es el mismo: “adquisición gasto corriente”, esa empresa metió facturas en otras dependencias estatales y municipales por publicidad oficial que apareció en una supuesta revista: Ciudad.
Pero eso no es todo. A un entonces empleado de la Dirección de Comunicación Social del Estado de nombre Daniel de León Guzmán, se le encargó buscar a dos personas que aparecerían como supuestos socios, pero que en realidad sirvieron de prestanombres: un inspector municipal de comercio de Apodaca y un taxista que residía en un sector de San Bernabé, en Monterrey.
En marzo de 2011, una investigación de Hora Cero detectó que a través de Corporativo Radio Tel and Publishing S.A. de C.V., se habían emitido cheques en Apodaca por casi 600 mil pesos.
Sin embargo cuatro años después, a través de una consulta al rubro de transparencia en www.nl.gob.mx, Hora Cero encontró que entre 2007 y 2009 -en pleno gobierno de Natividad González Parás y teniendo a Medina de la Cruz perfilado para sucederlo-, esa misma compañía recibió 14 cheques por más de 57 millones de pesos.
Fue el inspector de Apodaca, Eldifonso Alanís Sánchez, uno de los prestanombres, quien involucró directamente a De León Guzmán, mismo que se mantuvo los primeros tres años con Medina de la Cruz en el área de prensa.
Pese a las evidencias documentadas y grabadas con audio y video publicadas por este medio sobre su directa participación en la creación de Corporativo Radio Tel and Publishing S.A. de C.V., en 2014 De León Guzmán fue reclutado por el entonces alcalde de Guadalupe, César Garza Villarreal, como director de comunicación social.
Con el mismo modus operandi y teniendo a De León Guzmán como un colaborador de sus absolutas confianzas, Garza Villarreal creó empresas con falsos socios que cobraron más de 11 millones de pesos en su trienio. Una de ellas: Concierge and Manintenance Services S.A. de C.V. (Hora Cero, ediciones 227, 228, 230, 231 y 232).
Enseguida, la lista de los 14 cheques que suman más de 57 millones de pesos en favor de Corporativo Radio Tel and Publishing S.A. de C.V., con sus fechas de depósito a través de la Secretaría de Finanzas y Tesorería General del Estado.
Un dato relevante es que después de que Medina de la Cruz juró como gobernador el 4 de octubre de 2009, la compañía todavía cobró 10 millones 857 mil 961 pesos.
En todos el concepto fue el mismo: adquisición gasto corriente, sin especificar el tipo de servicio ofrecido.
:: 21 de diciembre de 2007: 5 millones 930 mil 590 pesos.
:: 21 de diciembre de 2007: 5 millones 930 mil 580 pesos.
:: 18 de enero de 2008: 1 millón 242 mil pesos.
:: 22 de diciembre de 2008: 11 millones 779 mil 528.42 pesos.
:: 12 de marzo de 2008: 2 millones 438 mil 211 pesos.
:: 14 de marzo de 2008: 9 millones 15 mil 222.60 pesos.
:: 14 de marzo de 2008: 1 millón 107 mil 132 pesos.
:: 1 agosto de 2008: 8 millones 100 mil un pesos.
:: 17 de noviembre de 2009: 7 millones 771 mil 430 pesos.
:: 18 de noviembre 2009: 485 mil 860 pesos.
:: 24 de noviembre de 2009: 460 mil 138 pesos.
:: 1 de diciembre de 2009: 1 millón 320 mil 396 pesos.
:: 4 de diciembre de 2009: 728 mil 790 pesos.
:: 9 de diciembre de 2009: 1 millón 410 mil 423 pesos.
TOTAL: 57 millones 720 mil 397 pesos.
LAS PRUEBAS DE HORA CERO EN 2011
Ante notario Público, en diciembre del 2005 fue constituida la empresa Corporativo Radio Tel and Publishing, S.A. de C.V., donde aparece como socio un actual empleado de Apodaca de nombre Eldifonso Alanís Sánchez.
Sin embargo Alanís Sánchez, supuesto exitoso empresario del ramo editorial, resultó ser un prestanombres de Daniel de León Guzmán, que ese momento se desempeñaba como coordinador de Prensa y Difusión de Comunicación Social estatal, quien sin aparecer en el acta constitutiva llevaba cobrados cheques por casi 600 mil pesos en la administración municipal de Apodaca.
Entrevistado en su oficina el jueves 24 de febrero pasado, el inspector de Comercio Informal (Alanís Sánchez) confirmó que fue invitado por De León Guzmán para crear una sociedad y, peor aún, admitió desconocer la revista Ciudad, por la cual se cobran facturas en varios municipios y en la Corporación para el Desarrollo Turístico de Nuevo León, al menos.
> ¿El nombre de Daniel de León le dice algo?—, cuestiona el reportero.
—Yo de hecho estaba con él ahí, haz de cuenta yo trabajaba para él. Él estaba en Comunicaciones (sic) y yo estaba en Comercio, pero antes era Alcoholes, admite Alanís Sánchez.
—A mí me corrieron de aquí; el alcalde antepasado (José Antonio Elizondo Garza) nos retira y me dice aquél (Daniel de León Guzmán): “¡Vamos para Monterrey!”; él tenía una oficina en Monterrey y yo me puse a atenderla. Estaba enseguida de Tacos Leal (Modesto Arreola 508, entre Zaragoza y Escobedo).
> ¿No conoce la revista Ciudad?
—No. Yo pensé que era una revistita como la que llega aquí—, dijo señalando una que estaba sobre un escritorio.
—Para empezar tengo hasta quinto de primaria. Me dejé llevar así—, aclaró.
Por hacerle un favor a su amigo Daniel de León Guzmán, Alanís Sánchez aceptó fundar el 7 de diciembre de 2005 la empresa Corporativo Radio Tel and Publishing, S.A. de C.V. y, con el paso de los años, creyó que había sido dada de baja.
En ese tiempo, Alanís Sánchez dijo vivir en la colonia Nova Apodaca y haber nacido el 23 de octubre de 1944.
Aparecía como socio de Iván Martínez Santacruz, quien reportó tener su domicilio en la colonia Fomerrey 120, San Bernabé, municipio de Monterrey.
La sociedad se formó con un capital de 50 mil pesos, de los cuales Alanís Sánchez poseía mil pesos más que su socio, por lo que tendría más poder para la toma decisiones.
Al mismo tiempo, ambos nombraron a Yadira del Carmen López Ríos como su representante para pleitos y cobranzas y poder general cambiario. Cabe mencionar que López Ríos aparece también como proveedora de Apodaca y de Codetur.
La empresa, ubicada fiscalmente en Modesto Arreola 508, cobró en Apodaca, sólo en 2010, facturas por un total de 568 mil 400 pesos, pero la relación data de cuando menos 2006 cuando aparecen por primera vez en la lista de pagos.
Entre 2006 y 2010, Corporativo Radio Tel and Publishing, S.A. de C.V. había cobrado 721 mil 400 pesos en Apodaca, mientras los datos de 2011 aún no están disponibles en la página de Transparencia.
Además, la empresa aparece como proveedor -cuando menos- de San Nicolás, Monterrey, Guadalupe, Simeprode y Turismo, estas dos últimas dependencias del gobierno de Nuevo León.
Debido a su lealtad, Alanís Sánchez se prestó para crear una razón social cuando estaba sin trabajo, sin embargo a partir de que asumió como alcalde Benito Caballero Garza, desempeña un doble papel: ser al mismo tiempo servidor público y proveedor, porque los cheques que salen de la Tesorería municipal tienen como destinataria su supuesta empresa: Corporativo Radio Tel and Publishing, S.A. de C.V.
El reglamento de adquisiciones del municipio de Apodaca, en su artículo 18, capítulo 3o. del registro de proveedores, dice que “La Tesorería no podrá solicitar cotizaciones y/o propuestas, ni expedir órdenes de compra o celebrar contrato alguno sobre las adquisiciones a los proveedores que se encuentren bajo los siguientes supuestos: I.- Aquellos que se encuentren en situación de suspensión o inhabilitación, según los artículos 14 y 16 de este reglamento.
II.- Aquellos que tengan relación con algún servidor público que intervenga en adjudicación de la orden de compra o contrato, tenga interés personal, familiar o de negocios, incluyendo aquellas en las que pueda resultar algún beneficio para él, su cónyuge o parientes consanguíneos hasta el cuarto grado”.
Por cierto, Alanís Sánchez ganaba nominalmente 6 mil 642 pesos mensuales como inspector de comercio informal en Apodaca, mientras De León Guzmán, por su parte, percibía un sueldo bruto de 82 mil 664.40 pesos en el Gobierno de Nuevo León.
APODACA, DANIEL DE LEÓN Y JOSÉ ANTONIO ELIZONDO
Solamente en Apodaca, Corporativo Radio Tel and Publishing S.A. de C.V. entregó 17 facturas en el periodo comprendido entre junio de 2006 y diciembre de 2010, con una suma de 721 mil 400 pesos.
La primera fue en junio de 2006 por un monto de 15 mil pesos y el concepto correspondía a “15 suscripciones a un periódico”.
En esa fecha De León Guzmán era el director de Comunicación Social del Municipio y despachaba como alcalde José Antonio Elizondo Garza.
La siguiente factura fue de 80 mil 500 pesos en julio de 2006 por “diseño e impresión de folleto tipo maquila sobre sistema de seguridad pública”.
Apenas un mes después, en agosto, la compañía cobró 28 mil 750 pesos, relativos a “publicidad en periódico”.
La bonanza de 2006 se vio mermada al año siguiente -cuando menos para esta misma razón social- ya que solamente facturó 11 mil 500 pesos en enero y el concepto fue por “espacio publicatorio (sic) del periódico Crucero”.
Los negocios de De León Guzmán con su propio municipio terminaron al comenzar la administración de Raymundo Flores Elizondo. Desaparecieron en 2008 y en 2009 sólo recibieron un pago por 17 mil 250 pesos, con factura del mes de diciembre por concepto de “publicaciones oficiales del municipio sobre actividades varias”.
En ese tiempo, De León Guzmán aparece como asesor en el municipio de Escobedo, donde Margarita Martínez era la alcaldesa.
Pero 2010 resultó de bonanza para Corporativo Radio Tel and Publishing S.A. de C.V. porque lograron meter a la Tesorería 14 facturas, pagando un total de 568 mil 400 pesos.
En la página de transparencia de la Tesorería Municipal de Apodaca aparecen desglosados los pagos donde el menor es de 46 mil 400 pesos y el mayor por 52 mil 200 pesos.
El concepto coincide en los 14 pagos: “Inserción en revista Ciudad”. Por cierto, en el medio periodístico de Nuevo León y en dependencias gubernamentales pocos o nadie ha visto dicha publicación que tiene sus oficinas en Modesto Arreola 508.
VENDE A GOBIERNO Y MUNICIPIOS
Corporativo Radio Tel and Publishing, S.A. de C.V. le vendió a la Corporación para el Desarrollo Turístico de Nuevo León (Codetur) en tres ocasiones durante 2009.
La primera factura fue en febrero, por un monto de 15 mil pesos, igual que la de abril. En noviembre la cantidad aumentó a 23 mil pesos para darnos un total de 53 mil pesos.
San Nicolás les pagó tres facturas en 2008 (diciembre) por un monto de 69 mil pesos. Monterrey también fue cliente y erogó en agosto, septiembre y octubre cantidades similares de 26 mil 680 pesos, para un total de 80 mil 40 pesos.
Guadalupe les pagó en diciembre de 2010 una factura por 17 mil 400 pesos. Simeprode (Sistema integral para el manejo ecológico y procesamiento de desechos) los tiene en su lista de proveedores con dos facturas que suman un total de 8 mil 625 pesos.
En cuanto a la apoderada legal de la empresa, Yadira del Carmen López Ríos, ella aparece también como representante de la revista Antología, que facturó tanto en Apodaca como en Codetur.
En Apodaca lo hizo en las dos quincenas de enero de 2010 con montos de 17 mil 400 pesos cada uno. En marzo de 2010 metió una por 15 mil 400 pesos.
Con respecto a Codetur, López Ríos cobró cheques de 15 mil y 13 mil 920 pesos en noviembre y julio de 2009, respectivamente. Los nombres de López Ríos y Corporativo Radio Tel and Publishing siempre estuvieron juntos en las listas de pagos y sus servicios de revistas eran similares por lo que podrían estar relacionados.
TAXISTA, EL SEGUNDO SOCIO
El lunes 28 de febrero de 2011, Hora Cero buscó la dirección del otro socio de la empresa Corporativo Radio Tel and Publishing S.A de C.V., Iván Martínez Santacruz.
La dirección de Martínez Santacruz, de acuerdo al acta constitutiva de la empresa, se encuentra en calle Monte Bajo número 8733 de la colonia Fomerrey, en San Bernabé sector II.
Sin embargo, al acudir al domicilio antes citado no estaba, pues ya no vive ahí desde hace dos años.
En la casa, una joven (que no quiso dar su nombre) recibió al reportero y le dijo que Martínez Santacruz vivía en unión libre con la mamá de ella y que desde hace dos años se había separado y no sabían dónde localizarlo.
La joven también mencionó que Martínez Santacruz maneja un taxi, de donde saca para el gasto.
La joven desconocía que esa persona tuviera una empresa con el nombre citado y dio a entender que no cree que con sus ingresos como taxista hubiera podido formar una empresa.
También dudó de que las amistades de este hombre y sus estudios hubieran sido suficientes para realizar un trabajo de comunicación por medio de Corporativo Radio Tel and Publishing S.A de C.V.
LA AMENAZA DEL “BRONCO”
A fines de noviembre el gobernador independiente, Jaime Rodríguez Calderón, agobiado por la presión ciudadana por no proceder penalmente contra Medina de la Cruz, anunció que en enero de 2016 irá contra su antecesor y algunos medios de comunicación involucrados en casos de corrupción.
“En enero, febrero, vamos a dar un ejemplo nacional de cómo se debe combatir la corrupción; el gobierno va a actuar no solamente contra la familia Medina, también va a actuar con algunos medios de comunicación y contra algunos empresarios”, prometió en una visita a la Feria Internacional del Libro, en Guadalajara.
Admite ser prestanombres de Daniel de León
La mañana del jueves 24 de febrero pasado los reporteros de Hora Cero llegaron a la oficina de Comercio Informal en Apodaca para entrevistar a Eldifonso Alanís Sánchez. Su jefe inmediato, Anacleto Flores González, estaba dentro y pidió a otro empleado que lo llamara por teléfono, pues el supuesto socio de la empresa Corporativo Radio Tel and Publishing S.A. de C.V. estaba en otro lugar realizando su trabajo.
Pasadas las 11 de la mañana Eldifonso apareció y empezó la entrevista grabada en audio y en video que está disponible en www.horacero.com.mx. y donde involucra directamente a Daniel de León Guzmán.
La conversación
> Su nombre aparece en una empresa de comunicación que se llama Corporativo Radio Tel and Publishing S.A. de C.V.
—Ah, ya, ya.
> ¿Es de usted? Porque aparece en el registro público de la propiedad…
—Lo que pasa es que estuvo trabajando hace años (la empresa) y como que no se dio de baja… más que todo.
> ¿Usted la fundó?
—Lo que pasa es que yo trabajaba para unas personas ahí y luego me dicen ¿cómo ves esto? y yo les dije pues ‘vamos a echarle a ver qué sale’. Y estuvo trabajando una temporada, pero de eso ya hace ¿qué será? que ya no está trabajando.
> Sigue facturando.
—Ah, caray, pues a mí no me han dicho, porque cuando se ofrecía eso me hablaba y hasta ahorita….
> Sigue facturando y fuimos al Registro Público de la Propiedad y aparece a su nombre.
—Sí, sí.
> Entonces la empresa está activa. A nosotros nos gustaría saber esos nombres (de las personas que están usando la empresa). ¿El nombre de Daniel de León le dice algo?
—Yo de hecho estaba con él ahí, pero haz de cuenta yo trabajaba para él. Él estaba en comunicaciones y yo estaba en comercio, pero antes era alcoholes”.
> ¿Pero cómo trabajaba usted para él?
—Bueno, a mí me corrieron de aquí, el alcalde antepasado nos retira y me dice aquel (Daniel de León Guzmán) “pues vamos para Monterrey”, y él tenía una oficina en Monterrey y yo me puse a atenderla. Estaba enseguida de Tacos Leal. Que de hecho voy de vez en cuando por ahí.
> ¿A usted Daniel de León le dijo: vamos a hacer una compañía o permíteme usar tu nombre para hacer una compañía que fue Radio Tel?
—Vamos a hacer algo así, sí.
> Porque aparece usted y otra persona (Iván Martínez) como los dueños de Corporativo Radio Tel. ¿Eso fue cuándo? ¿2006?
—Hace años, le digo yo…
> ¿Y desde cuándo no ve a Daniel de León?
—Yo lo veo, no seguido, pero de vez en cuando.
> ¿Y no le ha platicado del tema?
—No me ha dicho. Es más, la semana antepasada lo vi, pero no me dijo nada.
> ¿Algún día dijeron: vamos a terminar la relación, dar de baja la empresa?
—No, no. Es algo desidioso aquel canijo. Es muy mi amigo, no hablo mal de él, pero el detalle es que me dice: “ah es que fíjate que se me pasó”…
> Esa compañía que usted fundó dejó de facturar un año, a finales precisamente del anterior alcalde, Raymundo Elizondo, y facturó muy poquito en los últimos años… cuando usted la dio de alta facturaba…
—Un leve, sí…
> Y después dejó de facturar, pero en 2010 estuvo muy activa.
—¿2010 pasado?
> El año pasado, ya con Benito (Caballero Garza).
(El entrevistado mueve sus manos en señal de desconocer la situación).
> Es que ahí está su nombre y usted es trabajador del municipio y eso puede ser un delito.
—Déjeme hablar con él (Daniel de León Guzmán) para decirle “oye, ¿qué onda?, pues coméntame o no sé”.
> ¿Algún otro nombre además del de Daniel de León que le ayudaran a formar la empresa en aquel tiempo?
—No me acuerdo, le soy sincero, él (Daniel de León Guzmán) es muy amigo mío, de mucha confianza y nomás me dijo: “mira, vamos a hacer esto” y yo vi que todo estaba sobre ruedas.
> A usted le piden que forme una empresa, factura y ¿cuáles son sus ganancias? Porque si a mí me invitan a un negocio pues pregunto ¿cuánto vamos a ganar?
—Yo empecé (a trabajar en Apodaca) en el 2000 con (el alcalde) César Garza. Dany (De León Guzmán) era muy amigo del director de alcoholes, Fernando Rodríguez Caballero, eran íntimos amigos. Incluso él me ocupaba en mis ratos libres para moverle a su familia y él me motivaba (con dinero). Y ahí entró lo mismo, oye ahí como quiera yo te doy algo. Nunca vi que dijera “es un negociazo”. Yo veía que era una revistita.
> ¿Nunca se preguntó por impuestos?
—Yo dije “por poco que sea debe haber impuestos” y me dijo “Eso está al corriente, nunca ha habido falla”. Lo veo y yo estoy tan tranquilo de contestar lo que usted me pregunte porque sé que nunca se ha hecho nada malo para mí. Que yo le vea a Dany una ventaja, no lo he visto.
> ¿Entonces quién se queda con todo el dinero?
—¡Eso es lo que no sé! Yo como le digo, aun así me siento tranquilo porque vamos a ver cómo fue o por qué.
> ¿O sea que usted no conoce la revista Ciudad, publicación por la cual se ha estado facturando?
—No. Yo pensé que era una revistita como la que llega aquí, así lo vi yo.
> ¿La ha visto alguna vez?
—Creo que sí.
Publicado en la edición 145, febrero de 2011.
La gestión nada
transparente de Mijares Torres
(Publicado en abril de 2014 edición 219)
A menos de un año que Hora Cero denunció la filtración de datos personales por parte del ex presidente comisionado de la Comisión de Transparencia y Acceso a la Información de Nuevo León (CTAINL), Guillermo Mijares Torres, el Senado de la República lo exhibió cuando intentaba ocupar un puesto en el Instituto Federal de Acceso a la Información (IFAI).
En mayo del 2014 Mijares Torres y su compañero Sergio Antonio Moncayo González, a manera de venganza personal, enviaron a Hora Cero un sobre cerrado conteniendo la póliza de gastos médicos de su compañera comisionada, María Eugenia Pérez Eimbcke, violando las leyes sobre protección de datos de Nuevo León.
En la papelería de la compañía de seguros se podían ver claramente los nombres de la afectada, de su esposo y sus dos hijos menores de edad, además de las fechas de nacimiento de cada uno.
En una entrevista telefónica grabada por este medio el 29 de abril de 2013, Mijares Torres dejó claro tener diferencias con la comisionada supernumeraria Pérez Eimbcke, por lo cual se tomó la molestia de enviar a Hora Cero los documentos por conducto de un empleado de confianza, pero no repararon él y Moncayo González que violaban las leyes que debían proteger.
Peor aún, el 31 de marzo pasado y 1 de abril, ambos comparecieron ante el Senado de la República como dos de los 158 aspirantes que buscan ser nuevos consejeros del IFAI.
CUESTIONADO POR ENCINAS
El 1 de abril, Mijares Torres se presentó ante la comisión de senadores, pero seguramente nunca se imaginó que el caso publicado por Hora Cero, que afectó a Pérez Eimbcke y a su familia, sería abordado por el legislador del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Alejandro Encinas Rodríguez.
A quemarropa, el senador y ex jefe de Gobierno del Distrito Federal le cuestionó sobre la filtración de datos personales, documentado por este medio de comunicación y cómo afectó el conflicto con la comisionada supernumeraria el funcionamiento de la CTAINL.
“Uno de los temas que más nos ha preocupado desde la formulación de la Ley, más aún después de la muy lamentable experiencia que tuvimos en las últimas etapas del actual Instituto Federal (Electoral), es el garantizar el funcionamiento colegiado, consolidar la vida institucional dentro del órgano garante y generar un ambiente propicio no solamente para fortalecer su autonomía sino su estabilidad en el funcionamiento”, indicó Alejandro Encinas.
“Hace unos minutos una de las participantes hablaba del impacto negativo que tuvo no sólo en la opinión pública sino en la optación del IFAI el conflicto que se suscitó entre los distintos comisionados y por eso yo quisiera preguntarle en relación a la denuncia de la ciudadana María Eugenia Pérez Eimbcke, comisionada supernumeraria de la Comisión de Transparencia y Acceso a la Información de Nuevo León, quien amenazó con proceder legalmente contra usted y contra el comisionado Sergio Moncayo González, quienes presuntamente filtraron datos, conteniendo datos personales de su persona, de su esposo y de sus hijos, violando las leyes del estado de Nuevo León que protegen este tipo de información”, agregó el senador.
Con un evidente rostro de nerviosismo, el ex presidente comisionado escuchó al perredista, quien con autoridad le pidió esclarecer dichas acusaciones ante los presentes en la comparecencia.
“Un medio de comunicación local, Hora Cero, señaló que usted mismo había reconocido haber filtrado este tipo de documentos internos sobre su colega María Eugenia Pérez Eimbcke, quien entregó a un empleado que depende de la Secretaría Ejecutiva de su organismo un sobre conteniendo copias con el seguro de gastos médicos mayores de la comisionada supernumeraria”, añadió Encinas.
Pero no sólo el conflicto con la comisionada supernumeraria fue exhibido en la comparecencia. Durante su intervención el senador perredista también cuestionó al ex titular de la CTAINL el deterioro en la relación con el Congreso del Estado, cuya bancada panista llegó a solicitar en julio pasado la extinción del organismo al considerarlo inoperante.
“Yo lo que le quisiera pedir es que nos explicara esta situación y también respecto al deterioro de la relación de la Comisión con el Congreso porque, por ejemplo, el 6 de julio de 2013 se llegó al extremo de que diputados del Partido Acción Nacional, el diputado Fernando Elizondo y Enrique Barrios de la fracción de Acción Nacional, presentaron una iniciativa para suprimir la Comisión de Transparencia y Acceso a la Información en el Estado a la que consideraron sin utilidad pública y generando un gasto innecesario de 30 millones de pesos al año, de la cual, dicen, no ha habido resultados en su operación y funcionamiento”, puntualizó Encinas Rodríguez.
Tras el cuestionamiento, Mijares Torres calificó de “golpeteo político” las acusaciones vertidas en este medio de comunicación, a pesar de que nunca pudo desmentir las pruebas presentadas en la edición 197 y posteriores de Hora Cero, donde se demostró haber infringido la ley de protección de datos.
Sin muchos argumentos intentó convencer a los presentes de que no se infringió ningún delito al filtrar la información, pues aseguró que los datos personales de la comisionada supernumeraria y su familia fueron borrados; sin embargo, los documentos en poder de Hora Cero demuestran lo contrario, y una grabación en el portal de Internet donde acepta su responsabilidad desmienten a Mijares Torres.
“Hubo un golpeteo político terrible, no solamente a mi persona sino también a la institución que representábamos, manejando un concepto de que se había dado una información personal de la comisionada suplente de la CTAINL”, indicó nervioso.
“Todo esto se generó porque un periodista, el de Hora Cero, solicita a la Comisión de Transparencia que entreguemos las pólizas de gastos médicos mayores que tienen nuestros comisionados y así se hizo, obviamente cancelando los nombres personales de la familia de los comisionados o de los beneficiarios de la póliza. De ahí se aprovechó esa circunstancia para decir que habíamos dado una información incorrecta lo cual nunca se pudo probar”, se defendió.
Acorde a Mijares Torres, ninguna de las demandas presentadas por Pérez Eimbcke ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos y la CTAINL, fueron resueltas a favor de la parte acusadora.
El aspirante a comisionado del IFAI aseguró ante senadores que nunca se defendió de las acusaciones de la comisionada supernumeraria porque se trataba de una dama, pero lo cierto es que nunca contó con las pruebas para desmentir los señalamientos.
Con la intención de descalificar las denuncias presentadas por Pérez Eimbcke en su contra y la iniciativa de Acción Nacional en el Congreso de desaparecer al organismo durante su mandato, calificó de contubernio al partido y la comisionada.
“Ella manifestaba abiertamente que tenía una relación con el partido político del PAN, que recibía instrucciones del PAN y no se cuidó de pensar que todos los que estábamos ahí comisionados éramos comisionados ciudadanos apartidistas, de acuerdo con la convocatoria que se creó en su momento por el Congreso del Estado de Nuevo León”, señaló.
LOS MALOS MANEJOS EN LA CTAINL
Mijares Torres olvidó mencionar ante los senadores haber pagado un seguro de gastos médicos mayores a un hijo de casi 40 años, sin ser empleado del organismo y con cargo al erario, y de favorecer a proveedores que nacieron justo cuando arribó a la CTINL, entre otras anomalías publicadas por otros medios locales.
En tiempos de austeridad gubernamental, como lo declaró el propio ejecutivo estatal, Rodrigo Medina de la Cruz, durante su mandato pasó de contar con una póliza médica individual con costo de 63 mil pesos en 2008, a otra donde incluyó a su esposa por 144 mil 84 pesos en 2009.
Dicho seguro permaneció por los siguientes años, erogando el organismo autónomo 172 mil 920 y 177 mil 878 pesos en 2010 y 2011, respectivamente. Los montos pudieron haber sido menores si Mijares Torres no hubiera optado por pagar el paquete con el menor deducible.
El último contratado por el ex titular de la CTAINL fue en 2012 con un costo de 175 mil 809 pesos, garantizando el cuidado de salud y de su esposa en los mejores hospitales de Monterrey hasta su último día al frente de la dependencia.
Documentos en poder de Hora Cero demostraron que la Comisión de Transparencia pagó casi 50 mil pesos por un seguro de gastos médicos mayores en favor de su hijo de casi 40 años, Alejandro Gabriel Mijares Cortés, quien ni siquiera trabajaba en el organismo.
Lo anterior se publicó en la edición 199 de Hora Cero, luego que en una grabación Mijares Torres aseguraba que los hijos mayores de edad no deberían ser beneficiados de la póliza de seguros de gastos médicos de los comisionados.
“Cuando son mayores de edad yo diría que sí (deberían de sacarlos de los seguros de gastos médicos)”, dijo en junio de 2013, mientras que su hijo gozaba del mejor sistema de salud privado a costa del presupuesto que el Congreso del Estado otorga al organismo.
Por si fuera poco, durante su mandato fue insistente con los legisladores en buscar se incrementara el presupuesto de la CTAINL, solicitud que no procedió debido a que la Comisión de Transparencia ya se encontraba en “el ojo del huracán” por los escándalos.
De hecho, el cuestionado funcionamiento del organismo llevó a que el 5 de julio de 2013 una comitiva de la fracción panista del Congreso Local presentara una iniciativa en la Oficialía de Partes para desaparecerla, bajo el argumento de una mala administración caracterizada por lo opacidad.
Y es que luego de que en la edición 196 de Hora Cero se diera a conocer el despilfarro de recursos en los seguros de gastos médicos, la única que reconoció el excesivo costo fue la comisionada supernumeraria Pérez Eimbcke, quien declaró que ella misma pidió se le suspendiera el beneficio.
Lo anterior provocó la ira del entonces comisionado presidente, Mijares Torres, quien en una arranque de cólera y en complicidad con el comisionado Sergio Moncayo González intentó vengarse de Pérez Eimbcke filtrando a esta casa editora la póliza de seguros de gastos médicos sin proteger los datos personales de la comisionada y su familia.
En una grabación, con duración de poco más de cinco minutos y puesta en el portal www.horacero-com.mx, se puede escuchar a Mijares Torres aceptando enviar un sobre al director editorial general de este medio.
En su comparecencia ante los senadores el ex presidente de la CTAINL indicó que “mi formación profesional nunca la puse en duda, ni nadie la pudo poner en duda. Y al día de hoy no hay quien me pueda señalar con el dedo índice”.
En otro manejo dudoso, a Mijares Torres también se le atribuyó “consentir” a proveedores que nacieron tras su arribo a la titularidad del organismo.
Uno de ellos fue la empresa ECG Asesores SC, que coincidentemente se formó meses después de que Mijares Torres asumiera la presidencia de la Comisión, y se convirtiera prácticamente en cliente consentido, de acuerdo a la secuencia de las facturas pagadas.
La empresa cobraba mensual y puntualmente sus cheques por concepto de “iguala mensual de mantenimiento del sistema de gestión de calidad correspondiente al mes de…”, que hasta enero de 2010 le representaba ingresos por casi 4 millones de pesos.
En sus últimos meses en el cargo, el ex uncionario fue escurridizo cuando este medio de comunicación lo buscó para desmentir que en su gestión hubo proveedores favoritos… entre otras anomalías.
Usa puesto para compras de lujo
e inversiones financieras en EU
Reportaje publicado el 15 de enero de 2015
A los 28 años, el nivel de vida de Ramón López Serrano tuvo un drástico giro: compró una propiedad en un exclusivo sector residencial del sur de Monterrey valuada -en septiembre de 2009- en 1 millón 736 mil pesos.
Nada mal para el enlace administrativo y de finanzas de la Corporación para el Desarrollo Turístico de Nuevo León, en la administración de Rodrigo Medina.
El 21 de septiembre de 2009 el funcionario estatal acudió a la Notaria Pública 47 cuyo titular es Daniel Elizondo Garza, para cerrar el trato de compra-venta de ese bien propiedad de Inmobiliaria Lomas del Vergel S.A. de C.V. y Desarrollos del Diente S.A. de C.V: la primera razón social dueña de la construcción, y la segunda del terreno.
Con apenas cinco años en la dependencia de turismo, según su propio currículum vitae, López Serrano rápidamente empezó a tener suficiente capacidad económica para residir en el fraccionamiento Lomas del Vergel, al adquirir la propiedad ubicada en la calle Vereda número 343 que tiene acceso restringido y es protegido por vigilancia privada.
En base al acta constitutiva de la propiedad cuya copia tiene Hora Cero, el entonces responsable de la administración y finanzas de la Codetur cerró trato por esa cantidad de 1.7 millones de pesos cuando todavía no cumplía 30 años de edad.
Entre 2004 y 2007 López Serrano fue jefe de administración de la dependencia en el sexenio de Natividad González Parás; de 2007 a 2009 -con Rodrigo Medina de la Cruz en el gobierno estatal- pasó a ocupar la coordinación de administración y contabilidad de Codetur, y de marzo de 2009 y hasta finales de 2015, enlace administrativo y de finanzas.
A mediados del año pasado, con la renuncia de Patricia Aguirre como titular y antes de nombrar a Lorena de la Garza como directora general, se manejó el nombre de Ramón López Serrano para encabezar la corporación responsable de promover el turismo en Nuevo León.
El nuevo residente en el sur de Monterrey a la altura de La Estanzuela se identificó ante el notario Público como originario de Reynosa, Tamaulipas; soltero, de nacionalidad mexicana y estar al corriente del pago de impuestos.
López Serrano presentó la credencial de elector para votar con fotografía y, según los datos de Registro Federal de Contribuyentes (RFC), ubicó su domicilio en la calle Bellini número 917, colonia Contry La Silla, Sector 8 del municipio de Cd. Guadalupe.
El inmueble está construido en un terreno de 162.65 metros cuadrados, refiere el acta constitutiva del Registro Público de la Propiedad y del Comercio de Nuevo León. Y para la compra recurrió a un crédito hipotecario por 1 millón 162 mil 650 pesos con el Grupo Financiero Banorte S.A.
En el documento quedó asentado que el terreno tuvo un costo de 586 mil 28 pesos, mientras que la construcción fue valuada en 1 millón 149 mil 972 pesos, sin especificar otros detalles de la residencia.
LOS ORÍGENES
DE LÓPEZ SERRANO
El funcionario nació el 26 de enero de 1980 en la fronteriza ciudad de Reynosa, donde estudió en el Centro de Bachillerato Industrial y de Servicios No.7, mejor conocido como CBTIS 7, para luego trasladarse a Monterrey donde se inscribió en la Facultad de Contaduría Pública y Administración (FACPYA) de la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL), cursando la licenciatura de 1998 a 2002.
En 2003, a los 23 años, incursionó en el gobierno de Nuevo León en la Dirección de Contabilidad y Cuenta Pública teniendo injerencia en la atención a auditores externos, determinación de impuestos y declaración de los mismos, así como la contabilidad patrimonial y presupuestal, y administración.
Dentro del gobierno estatal, según su currículum vitae, hizo cursos sobre licitaciones públicas (2004) y reforma fiscal 2002, entre otros cuando fue alumno universitario.
Las áreas de interés de López Serrano son: “información financiera, control de costos y presupuestos”. Y dice ser “responsable, leal, líder, planeador, organizados, trabajador en equipo, estratega y orientador a resultados y para toma de decisiones”.
LA GRAN VIDA DEL FUNCIONARIO
Con un sueldo neto mensual de 36 mil 940 pesos, publicado en el apartado de transparencia de la dependencia, los 443 mil 280 pesos que percibió en 2014 no serían suficientes para que López Serrano mantenga una vida de casado, pague una hipoteca de su residencia, compre autos de reciente modelo, entre otros lujos como operaciones bancarias en México y Estados Unidos.
Peor aún: difícilmente podría justificar ante la Auditoría Superior del Estado cómo en abril de 2013 compró acciones por valor de 824 mil pesos, es decir, una cifra dos veces mayor a su sueldo anual, según documentos del Grupo Financiero Banorte, que aprobó la “orden de compra de acciones sociedad de inversión IXE2 Serie BFM2”.
En una carta dirigida a Ramón López Serrano como cliente, donde aparecen sus firmas, el funcionario de la Sucursal 0127 aplicó un cuestionario sobre los objetivos que desea alcanzar con sus inversiones, a lo cual López Serrano respondió: “Multiplicar el patrimonio familiar”.
Y agregó estar dispuesto a correr “alto riesgo” para lograr un menor rendimiento en sus inversiones. El contrato referido del cliente con Banorte tiene el número 0502150801 con fecha 1 de abril de 2013.
“El importe de la compra (824 mil pesos) se cargará en la cuenta eje de operación sujeta al contrato de operación con valores que tenemos celebrado”, se lee en los dos documentos con membrete de la institución bancaria.
Otro movimiento que hizo López Serrano el 25 de marzo del año del 2014 tiene que ver con una transferencia que hizo de 20 mil dólares (casi 300 mil pesos), de su cuenta personal del Inter National Bank (INB) número 896705.
En una carta dirigida a la institución bancaria, con su nombre y firma pero sin precisar sucursal del INB, ni ciudad que debe ser de Estados Unidos, el funcionario de Codetur pide que su dinero sea transferido a su cuenta de Banorte No. 0635371076.
Tanto en la compra de acciones de Banorte como en la transferencia del INB se desconocen los montos en sus cuentas ejes y los beneficiarios.
PT calla y el Estado
se deslinda
Tras la investigación de Hora Cero en la que se exhibió el “regalo” de 190 millones de pesos del ex gobernador Rodrigo Medina de la Cruz a instituciones relacionadas al PT –Universidad de Nuevo León “Emiliano Zapata” A.C (UNEZ) y los Cendis-, el organismo político prefirió callar y no dar explicación al respecto.
Se intentó localizar a Asael Sepúlveda, secretario General de la UNEZ, para conocer la versión del partido y la universidad, pero la entrevista nunca pudo concretarse ante la respuesta de “más tarde lo pactamos” del también ex candidato a la gubernatura de Nuevo León.
Pero la institución política no fue la única que decidió mantenerse al margen de la situación, ya que el gobierno estatal también prefirió guardar silencio.
Al consultar al Instituto Constructor de Infraestructura Física y Deportiva (ICIFED) de Nuevo León, dependencia responsable de pagar 130 millones de pesos a la Universidad y Preparatoria “Emiliano Zapata” (edición 266), su actual titular, Felipe Gerardo Flores Escamilla, prefirió canalizarnos a gobierno central.
Por su parte, la Secretaría de Gobierno informó, a través de una solicitud de transparencia, desconocer el caso y mencionó que la dependencia que podría dar respuesta es la Secretaría de finanzas.
El 11 de marzo del presente año, el director general editorial de Hora Cero, Héctor Hugo Jiménez, pidió a la dependencia la especificación del convenio por el que el 2 de octubre de 2015 la UNEZ recibió 60 millones de pesos, misma que fue archivada con el folio SI-2016-03-11-1264.
Casi un mes después, el 6 de abril, la Secretaría de Gobierno respondió que la petición no era de su competencia.
“Se le comunica que la materia de su petición no incide en el ámbito de competencia de la precitada dependencia, por lo que en los archivos de la Secretaría General de Gobierno no obra la información que usted solicita”, se puede leer en la respuesta de la dependencia.
Por su parte, el fiscal anticorrupción, Aldo Fasci, señaló que al tratarse de un partido con registro federal y al estar relacionados recursos aprobados por el Congreso de la Unión, no es competencia de la Fiscalía Estatal Anticorrupción llevar el caso.
“Nosotros no podemos intervenir por disposición expresa de la Ley. “Estuvimos atentos a la nota. Hemos iniciado carpetas con casos anunciados públicamente, sin embargo, en este caso hay dos hechos expresos muy específicos que nos indican que es un asunto de competencia federal”, mencionó Aldo Fasci, vía telefónica. El funcionario estatal agregó que, en su defecto, podrían notificar sobre el caso a un fiscal federal, si se determina que existe un hecho delictivo.
Hora Cero exhibió que a dos días de abandonar el cargo, la administración del ex mandatario estatal, Rodrigo Medina de la Cruz, erogó un cheque por 60 millones de pesos a favor de la UNEZ, a pesar de ser una institución de educación privada.
Al monto se le suman 130 millones de pesos más, que durante el sexenio fueron triangulados para la misma institución y los Cendis, a pesar de que debieron de ser ejecutados por el ICIFED.
RATIFICA TESORERÍA QUE ENTREGÓ 60 MDP A UNIVERSIDAD PRIVADA
La Subprocuraduría Fiscal y Enlace de Información de la Tesorería Estatal de Nuevo León respondió a la solicitud de información realizada por HORA CERO Nuevo León, a través de Transparencia, para definir el concepto de “otros convenios” mediante el cual el Estado, vía la Secretaría de Educación, entregó a la Universidad de Nuevo León “Emiliano Zapata” 60 millones de pesos el 2 de octubre de 2015.
Aquí la respuesta oficial del Estado:
Estimado Solicitante:
En relación a su atenta solicitud, con número de folio SI-2016-04-06-1504, recibida en fecha 6 de abril de 2016, en esta Secretaría de Finanzas y Tesorería General del Estado, mediante la cual solicita “Quiero que se me informe a qué convenio se refiere el concepto ‘otros convenios’, por el cual el 2 de octubre de 2015 la Universidad de Nuevo León ‘Emiliano Zapata’ A.C. recibió 60 millones de pesos de la SFYTNL con la orden de pago número 75809, según se puede ver en el apartado de Transparencia del gobierno estatal”; con fundamento en los artículos 1º, 18, fracción III y 21 de la Ley Orgánica de la Administración Pública para el Estado de Nuevo León; Sexto Transitorio del Decreto 099 que reforma, adiciona y deroga diversos artículos de la Ley Orgánica de la Administración Pública para el Estado de Nuevo León, publicado el 6 de abril de 2016, en el Periódico Oficial del Estado de Nuevo León; 1º, 2º, 3º, fracción IV y 31 fracción XlX, del Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas y Tesorería General del Estado y 1º, 2º, 3º, 83, 85 y 86 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información del Estado y conforme al Acuerdo de fecha 12 de agosto de 2014, emitido por el Secretario de Finanzas y Tesorero General del Estado, me permito informarle lo siguiente:
La Dirección de Contabilidad y Cuenta Pública de la Subsecretaría de Egresos de la Secretaría de Finanzas y Tesorería General del Estado comunica que la información solicitada respecto a qué convenio se refiere el concepto “otros convenios”, por el cual el 2 de octubre de 2015 la Universidad de Nuevo León “Emiliano Zapata” A.C. recibió 60 millones de pesos de la SFYTNL con la orden de pago número 75809, corresponde al Convenio de Solicitud y Entrega Apoyos Financieros Extraordinarios no Regularizables, celebrado entre el Gobierno del Estado de Nuevo León y la Secretaría de Educación Pública.
Por otra parte, se le comunica que de conformidad con los artículos 124 párrafo segundo y 126 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información del Estado de Nuevo León, queda a salvo su derecho de interponer el procedimiento de inconformidad en contra de esta determinación, dentro de los diez días hábiles siguientes al día en que se le notifique el presente oficio, ante la Comisión de Transparencia y Acceso a la Información del Estado de Nuevo León, conforme a las prevenciones que estipula el Título Cuarto, Capítulo Segundo, de la Ley de Transparencia antes mencionada.
Sin otro particular, reitero a Usted las seguridades de mi consideración.
A T E N T A M E N T E
Monterrey, N.L., a 08 de abril de 2016
LA C. SUBPROCURADORA FISCAL Y ENLACE DE INFORMACIÓN
DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS Y TESORERÍA GENERAL DEL ESTADO
ROSA ELIA SERRATO LUNA
¡Fo…crece
su gasto!
Reportaje publicado la segunda quincena del mes de junio de 2013 (HORA CERO No. 200).
Contrario a la bandera de austeridad con la que navega el gobierno de Nuevo León, el Fideicomiso Fondo de Apoyo para la Creación y Consolidación del Empleo Productivo del Estado de Nuevo León (Focrece), se ha convertido en una auténtica coladera del recurso público.
Y es que un mes antes, cuando el gobernador Rodrigo Medina anunció la implementación del Programa de Ordenamiento y Fortalecimiento Integral de las Finanzas (POFIF), el organismo encargado de apoyar económicamente a los empresarios y ciudadanos mediante créditos, engrosó al pasar de 23 empleados en septiembre de 2012 a 56 en octubre del mismo año, según se observa en el apartado de Transparencia del Gobierno del Estado (www.nl.gob.mx).
De un mes a otro, el Focrece creó 37 nuevos puestos con cargo al erario de los cuales 23 fueron asesores, con sueldos que van de los 8 mil 226.80 a 10 mil 670.76 pesos mensuales; cinco supervisores, de 12 mil 577.82 a 17 mil 664.82 pesos; dos cobradores, de 4 mil 413.48 pesos cada uno; dos auxiliares, de 7 mil 373 y 10 mil 46 pesos, respectivamente; un coordinador general de 30 mil 652 pesos; un coordinador administrativo, de 22 mil 707 pesos; uno de financiamiento, de 16 mil pesos: un auxiliar de administración, de 12 mil 500 pesos, y una jefa de documentación y archivo de 19 mil 572 pesos mensuales.
Con el incremento de empleados, el gasto corriente se disparó en casi el triple, pues de los 237 mil 553 pesos mensuales que se destinaban al pago de la nómina hasta septiembre del año pasado, 30 días después subió a 651 mil 30.60 pesos.
En octubre de 2009, al inicio de la administración de Rodrigo Medina, el fideicomiso contaba con 10 empleados en total, que en conjunto costaban 106 mil pesos mensuales; conforme avanzó la administración se fueron creando puestos en el organismo, aunque el número nunca superó los 20, hasta el último trimestre de 2012.
En entrevista, la coordinadora de Fondos Financieros del Focrece, Mónica Lucía Zozaya Hernández, argumentó que los “nuevos” empleados ya laboraban para el fideicomiso, sólo que hasta octubre decidieron colocar sus datos en nómina, atendiendo las recomendaciones de Transparencia; sin embargo no logró explicar cuál fue la partida que meses atrás se destinaba al pago exclusivo de los salarios a empleados.
“El año pasado nos daban todo el recurso y de ese recurso se tenían que entregar microcréditos, pagar la nómina y organizar eventos. Por cuestiones de mejores prácticas se separó el tema de la nómina. (Ahora) nos lo dan en el mismo bloque, pero ya se trasparentó y se registró la nómina como tal a partir del año pasado”, aseveró Zozaya Hernández.
En palabra de la coordinadora, los 37 empleados recién registrados en nómina, en su mayoría asesores, laboran para el programa de Microcréditos.
Para conocer si el aumento de empleados va acorde al mayor funcionamiento del organismo, se le solicitó a la entrevistada dar a conocer el número de créditos que se han entregado en los años anteriores y así estimar una tendencia, pero al momento desconocía la cifra.
“Híjole ahorita no tengo la cifra exacta (de microcréditos entregados en lo que va del gobierno de Rodrigo Medina), pero en el 2012 fueron más de 20 millones lo que se otorgaron y se beneficiaron a más de 10 mil personas directas. Por el lado empresarial, el año pasado, se otorgaron cerca de 3.5 millones de pesos y se beneficiaron cerca de 60 empresarios y personas como 250 personas”, señaló.
Y aunque se acordó que la información de meses y años anteriores sería enviada por correo electrónico, ésta nunca llegó.
AUMENTO DE PERSONAL… Y DE SALARIOS
En noviembre de 2012, el gobernador Rodrigo Medina dio a conocer el POFIF, el plan de austeridad del Estado, en el que se destacó la reducción de hasta el 15 por ciento del salario del ejecutivo estatal y su gabinete, y el despido de mil 100 empleados.
No obstante, durante ese mismo mes, aunado al incremento de empleados, algunos puestos ya existentes registraron también un aumento de su percepción salarial, destacando el de la coordinadora Zozaya Hernández, quien de ganar 30 mil pesos hasta septiembre pasado, subió a 35 mil 500 mil pesos en noviembre, y para diciembre se cotizaba en 43 mil, un aumento de casi 43 por ciento.
“El tema de la austeridad todavía no estaba (cuando se incrementó su salario). Fue a partir de finales de noviembre el tema de austeridad y se definió mucho porque yo tengo relativamente poco de haberme incorporado y estuve a prueba cierto periodo de tiempo, pasé la prueba y ahí se hizo un ajuste de sueldo en base a mis funciones”, indicó la funcionaria.
Al cuestionársele si tendría pensado seguir los lineamientos del plan de austeridad y reducir su percepción salarial, la coordinadora destacó que el mismo POFIT marca que a partir de cierto sueldo se obliga a una reducción salarial.
“La verdad es que mi sueldo no llega a eso (los niveles que marca el POFIT). Yo no me pongo el sueldo, al final de cuentas hay un Comité (Técnico)”, indicó la funcionaria.
El segundo aumento más notorio se dio en el puesto de promotor de créditos, que además cambió de titular, y tras la llegada de Daniel Alejandro Sánchez Saca, en octubre de 2012, el cargo le costó al fideicomiso 17 mil pesos mensuales, 8 mil 180 pesos más de lo que se gastaba con su anterior titular, Jaime Felicitos Paz Gómez.
Los otros tres puestos que aumentaron su percepción fueron el de custodia de expedientes, que pasó de 8 mil 433.33 a 11 mil 500 pesos mensuales; el de auxiliar contable, de 8 mil a 10 mil pesos y un analista de créditos, de 2 mil 800 a 5 mil pesos.
A la par, cuatro puestos desaparecieron: el de cobranza extrajudicial, asistente de bancos, cobranza telefónica y auxiliar de cobranza; ninguno de los anteriores cargos superaba los 8 mil 500 pesos mensuales.
EXTRAÑOS PROVEEDORES
Tal como sucede en otros organismos gubernamentales, la aparición de extraños proveedores no excluye a este fideicomiso.
Un ejemplo claro es Grupo Zileu S.A. de C.V., empresa de reciente creación, que tan sólo en tres pagos en el mes de enero de 2013 obtuvo ganancias por cerca de un millón de pesos.
Acorde al acta constitutiva, el 21 de julio de 2012 la compañía vio la luz y seis meses después logró ingresar a la lista de proveedores del Focrece.
Bajo el concepto de “gasto (microcrédito)”, el organismo erogó tres pagos a Grupo Zileu el 25 de enero de 2013: de 406 mil, 77 mil 372 y 445 mil 440 pesos, que en total suman 928 mil 812 pesos.
Al preguntarle a la coordinadora de Fondos Financieros sobre por qué una compañía de reciente creación había sido contratada por el organismo sólo durante un mes, la funcionaria indicó no tener conocimiento de la compañía.
“Desconozco quién es Grupo Zileu. No me suena el proveedor, ¿estás seguro que es de Focrece ese proveedor?”, mencionó Zozaya Hernández.
Otro caso es el Dialect Teleservices S.A. de C.V., empresa contratada por el fideicomiso para dar el servicio de cobranza y por el cual han tenido ganancias de 2 millones 676 mil pesos, tan sólo de noviembre de 2012 a marzo de 2013, como se puede apreciar en la lista de proveedores del organismo en el portal de Transparencia.
La empresa, creada el 30 de marzo de 2007, según el acta constitutiva, apenas en noviembre del año anterior se convirtió en proveedora de Focrece y desde entonces ha recibido ocho pagos variables, el menor de 55 mil 680 pesos el 5 de noviembre de 2012, y el mayor de 685 mil 132.22 pesos el 27 de febrero de 2013.
Y es que acorde a la funcionaria, Dialect Teleservices llegó luego de la reestructuración que sufrió el organismo.
“A través de la reestructuración del año pasado se incluyó el tema de cobranza y era muy importante que el ciudadano entendiera que, con todo y que somos gobierno, estamos dentro de Desarrollo Económico y nuestra función no es dinero que no tenga regreso. Entonces se contrató a gente profesional que se dedique a eso”, dijo la coordinadora.
En sus palabras, la compañía de cobranzas no tiene un pago fijo, sino un proporcional de lo que recupera, lo que significa que parte de lo que cobra a los beneficiarios de los programas va a las arcas de la empresa.
La decisión de escoger a Dialect Teleservices como la compañía de cobranza, insistió Zozaya Hernández, fue tomada por el Comité Técnico.
Un proveedor que recibió 2 millones 676 mil pesos por sus servicios de cobranza en apenas dos meses y medio, de un organismo del Estado (Focrece) que pudo destinar ese recurso en otorgamiento de créditos.
Por si fuera poco, en enero de 2013 se entregaron cheques a un beneficiario sin identificar, que aparece en la lista de “pago a proveedores” por un total de un millón 233 mil 124 pesos.
