El fallecimiento de Elías Alberto Canavatti Frech de 70 años de edad, quien era interno del Penal del Topo Chico y además paciente del psiquiátrico, despertó inquietudes acerca de los cuidados que reciben los reos que padecen alguna enfermedad.
Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos AC (Cadhac), dirigido por la hermana Consuelo Morales, realizaron un llamado al gobernador del Estado, Jaime Rodríguez Calderón, exigiendo condiciones dignas para los reos.
Y es que los hechos del pasado 16 de mayo, donde una masacre dejó decenas de asesinatos, expusieron la tardanza con la que se atiende a las personas con discapacidad psicosocial e inimputables en centros penitenciarios.
Aunque la Procuraduría de Justicia estatal investiga la muerte de Canavati Frech, quien murió al ser trasladado a la enfermería de dicho centro, alertó a Cadhac acerca de la vulnerabilidad en los derechos humanos de este sector.
Cabe mencionar que el fallecido, además de ser paciente psiquiátrico, era hipertenso y padecía insuficiencia renal.
La asociación manifestó que se deben proveer las condiciones dignas para la estancia de un reo, dentro de los reclusorios y poner atención a la higiene, al acceso a servicios y a la atención médica.
“Es especialmente preocupante la imposibilidad del Estado de proveer los cuidados necesarios para las personas inimputables que se encuentran internas”.
Consideraron que falta una mejor infraestructura, que existen deficiencias en el marco normativo y la atención especializada que atentan contra los derechos humanos y la dignidad de los recluidos.
Además explicaron que resulta de vital importancia la toma de medidas para transformar a fondo la organización y administración del sistema penitenciario del Estado.
Por tal motivo Cadhac marca como prioridad el hecho de lograr la reinserción de los internos acorde a lo establecido por la Comisión Nacional de Derechos Humano (CNDH).
“Cadhac hace un llamado a que se esclarezca la muerte del reo Elías Canavatti y así mismo, a adoptar las recomendaciones de la CNDH, según lo indica el informe sobre la situación de las personas con discapacidad psicosocial e inimputables en centros penitenciarios de la República Mexicana, publicado este año”.
Pronunciamientos CNDH
Debido a la situación en la que se encuentran los centros penitenciarios, no sólo de Nuevo León, sino del país, la Comisión Nacional de Derechos Humanos implementó el programa “Pronunciamientos” para impulsar la protección y observancia de los derechos humanos de las personas privadas de su libertad.
Con esto se busca la protección de las personas con discapacidad psicosocial e inimputables en los centros penitenciarios de todo el país.
“Las personas con discapacidad psicosocial e inimputables necesitan y requieren atención especializada acorde a sus características, que limitan su capacidad de conducirse de manera independiente”.
En el escrito se especifica que la discapacidad en general se refiere a aquellas personas que tienen “deficiencias físicas, mentales, intelectuales o sensoriales a largo plazo que, al interactuar con diversas barreras, puedan impedir su participación plena y efectiva en la sociedad, en igualdad de condiciones con las demás
Además que la discapacidad psicosocial es aquella que padecen personas con “diagnóstico de trastorno mental que han sufrido los efectos de factores sociales negativos, como el estigma, la discriminación y la exclusión.”
Mientras que la inimputabilidad, es un concepto jurídico que conlleva la ausencia de capacidad para conocer el alcance de los propios actos, “por falta de suficiente desarrollo intelectual (insuficiente para los fines de la capacidad de entender y de querer) y por graves anomalías psíquicas”.
“Toda actuación de las autoridades que tienen asignada esa tarea deben velar por la protección de la salud y la vida del interno con estricto cumplimiento a nuestro sistema jurídico.
“La atención a personas con discapacidad psicosocial o inimputables en los centros penitenciarios se evidencia como una práctica constante de violación de los derechos humanos, especialmente por su condición de vulnerabilidad”.
Debido a dicha problemática solicitan que se adopten las medidas necesarias para que las personas que requieran atención especializada por alguna discapacidad psicosocial, sean valoradas y diagnosticadas por profesionales especializados a fin de que se integre un expediente médico con su historia clínica y el diagnóstico para que sean atendidas por un médico psiquiatra.
Acorde a los artículos 1º, párrafo quinto, 4º, párrafo cuarto constitucionales, especifican que el Sector Salud deberá tomar las medidas necesarias para garantizar el derecho a la protección de la salud de las personas con discapacidad psicosocial e inimputables, que se encuentren en centros penitenciarios de la República Mexicana, que sean internados para su atención en instituciones de salud especializada y éstas brinden los cuidados indispensables, con base a las normas y estándares nacionales e internacionales aplicables.
De igual forma solicitan reconocer que las personas inimputables requieren de especial atención y deben estar a cargo de las autoridades del sector salud.
Consideran necesario instrumentar mecanismos de atención para las personas discapacitadas psicosociales para que, en su caso, sean canalizadas a unidades especializadas del sector salud.
Además de que el Sistema de Salud deberá contar con infraestructura necesaria que permita proporcionar la mejor atención a esta población, para lo cual debe construir o habilitar unidades especiales para la atención y estancia de estas personas, previéndose, en su caso, anualmente, las partidas presupuestales para tal fin.
También buscan armonizar el marco normativo aplicable a esta población, teniendo como base los estándares de protección a los derechos humanos previstos en instrumentos internacionales que prevén un cuidado específico en unidades de segundo y tercer nivel de atención mental del sector salud.
Por otra parte, instrumentar una unidad de seguimiento a la situación jurídica de las personas con discapacidad psicosocial e inimputables dependiente de las autoridades administrativas encargadas de la ejecución de sanciones a nivel federal y sus homólogos a nivel estatal, a fin de que se puedan generar mecanismos de colaboración que informen a la autoridad judicial sobre la evolución de su salud mental, y en su caso, gestionar las medidas procedentes.
Problemática
A nivel Nacional el Sistema Penitenciario registró a octubre de 2015, 4 mil 476 internos con padecimientos mentales en los centros penitenciarios del país.
De esa cantidad mil 054 fueron declarados inimputables y 3 mil 422 con discapacidad psicosocial.
Mientras que las personas con discapacidad psicosocial que fueron procesados sumaron mil 300 y 2 mil 122 los sentenciados.
Por otra parte, los inimputables resultaron 430 procesados y sumaron 624 los sentenciados.
Debido a las mencionadas cifras, que componen un gran sector de la población de internos, la CNDH detectó una serie de anomalías entre las que destacan las violaciones a los derechos humanos de las personas con discapacidad psicosocial en los centros de reclusión.
En primera instancia destacan las condiciones insalubres de estancia, limitaciones en el acceso a agua potable, alimentos, instalaciones sanitarias y eléctricas, camas, vestuario e insumos de aseo personal
Los datos proporcionados en el Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria del 2014 arrojaron que en 130 cárceles estatales de 32 entidades y en 20 centros federales se detectaron situaciones de vulnerabilidad en los derechos de los internos.
En dicho estudio destacan el maltrato, la discriminación, la falta de condiciones de estancia digna, de atención especializada, inadecuada clasificación, inexistencia de unidades psiquiátricas específicas e inobservancia de los estándares de especial protección previstos en la normatividad nacional e internacional en materia de derechos humanos.
