…Y tras seis meses de administración, pareciera que finalmente una de las promesas de campaña más “cantadas” de Jaime Rodríguez Calderón se cumplirá: castigo para el ex gobernador Rodrigo Medina de la Cruz.
“Se les acabó la fiesta a los bandidos. Vamos a investigar, sin afán de venganza, pero con sed de justicia Si alguien cometió un crimen, que responda a la Ley, sea quien sea”, exclamó aguerrido el gobernador, Jaime Rodríguez Calderón el pasado 4 de octubre de 2015 durante su toma de protesta.
Durante la campaña independiente, su discurso fue contundente y hasta decisivo en las urnas: investigar y encarcelar al entonces mandatario estatal, Rodrigo Medina de la Cruz, acusado mediáticamente de enriquecimiento ilícito.
Tras seis meses de tomar las riendas del Estado y bajo una constante presión ciudadana que exigía actuar, el 3 de junio, el titular de la Subprocuraduría Especializada en Combate a la Corrupción del Gobierno de Nuevo León, Ernesto Carnales y el Fiscal Anticorrupción, Aldo Fasci, anunciaron el aseguramiento de bienes de 11 ex funcionarios de primer nivel de la pasada administración, incluyendo a Medina de la Cruz.
“El día de hoy le fue otorgada a la Fiscalía Anticorrupción (y a la) Subprocuraduría del Estado, el aseguramiento de bienes de siete funcionarios públicos de la administración anterior, incluyendo al ex gobernador, Rodrigo Medina, para que respondan de las imputaciones que esta fiscalía tendrá que presentar en un plazo de menos de dos meses”.
“Estamos aprovechando para mostrarles a la ciudadanía un informe de las labores que ha hecho el gobierno del Estado de Nuevo León en su combate a la corrupción”, mencionó el subprocurador.
Tiempo atrás “El Bronco” ya había exigido paciencia a la sociedad argumentando que “los tiempos políticos no eran los mismos que los judiciales”, pero con certeza lo haría.
Al “destapar la cloaca” de la administración medinista, el gobierno independiente señaló que, al momento, las investigaciones arrojan un daño patrimonial por 3 mil 600 millones de pesos.
Fue gracias a la “Operación Tornado”, una investigación sobre delitos de peculado, daño patrimonial, ejercicio indebido de funciones, ejercicio abusivo de funciones y coalición, que se determinó el aseguramiento precautorio de bienes, entre ellos, un rancho de 35 hectáreas de Medina de la Cruz en General Terán, al sur de la entidad.
Por lo anterior, el Ministerio Público solicitó cargos en contra el ex gobernador, nueve ex funcionarios de primer nivel, cinco ex servidores públicos de segundo y tercer nivel, dos alcaldes en funciones, dos diputados federales en funciones -para estos cuatro anteriores se solicitará el desafuero-, 10 empresarios de la rama de la industria de la construcción y el sector inmobiliario y dos funcionarios bancarios.
“Los servidores públicos antes mencionados, a través de Fideicomisos, evitaron el cumplimiento de la Ley, adquirieron inmuebles de forma dirigida, realizaron obras de beneficio privado y no público, pagaron sobreprecios y volúmenes de obras no realizados, realizaron obras sin licitación en favor de personas que mantienen vínculos entre sí y con servidores públicos y sus familiares, haciendo uso además de información privilegiada.
“En virtud de lo anterior, en este momento se está procediendo al aseguramiento y embargo de bienes en contra de 11 servidores públicos”, enfatizó Fasci en rueda de prensa el pasado 3 de junio.
Los ex funcionarios públicos acusados de desvío de recursos fueron: Rodrigo Medina de la Cruz, ex gobernador de Nuevo León del 2009 al 2015; Rolando Zubirán Robert, secretario de Desarrollo Económico; Celina Villarreal Cárdenas, subsecretaria de Inversión Extranjera y Comercio Internacional; Rodolfo Gómez Acosta, secretario de Finanzas y tesorero General; Luis Gerardo Marroquín Salazar, secretario de Obras Públicas y Jaime Parada Ávila, director del Instituto de Innovación y Tecnología.
La lista también la integraron Fernando Gutiérrez Moreno, secretario de Desarrollo Sustentable; Patricia Aguirre González, directora de la Corporación para el Desarrollo Turístico del Estado; Sergio Alanís Marroquín, director Ejecutivo de Fomerrey; Juan Francisco Livas Cantú, director General del Fideicomiso para el Desarrollo de la Zona Citrícola del Estado Fidecitrus y Víctor Martínez Trujillo, director General del Sistema de Caminos de Nuevo León.
LOS HECHOS
La red de vinculación entre funcionarios y particulares fue calificado como “complejo” por parte del Fiscal Anticorrupción, quien destacó que tan sólo entre el Consejo Estatal de Promoción a la Inversión, el Consejo de Administración del Sistema de Caminos y el Comité Técnico de Fidecitrus suman un daño patrimonial por 2 mil 200 millones de pesos.
El Consejo Estatal de Promoción a la Inversión fue acusado de colusión, ejercicio indebido de funciones y peculado.
Acorde a Aldo Fasci, los miembros de mencionado consejo, que eran ex servidores públicos, aprobaron inversiones para realizar obras para beneficio privado y adquisiciones de inmuebles sin licitación, lo que a la letra de la Ley constituye un desvío de recursos públicos.
“Al llevarse a cabo tanto las adquisiciones como las obras resultaron beneficios económicos a personas que tienen vínculos con servidores públicos.
“En la sesión del 2 de junio de 2014 de este Consejo se dice haberse presentado un estudio realizado por una institución educativa cuando dicha institución realizó el estudio respectivo cuatro meses después.
“En esa misma sesión un servidor público ostentó un cargo público que todavía no tenía y de acuerdo a la auditoría informática se determinó que esa acta se elaboró en el mes de noviembre de 2014. Es decir, es una acta falsa con la cual desviaron recursos públicos”, señaló el funcionario estatal.
Por otro lado, el Consejo de Administración del Sistema de Caminos autorizó para beneficio privado la realización de obras para las cuales el organismo no tiene competencia legal.
“En la realización de obras se beneficiaron particulares que tienen relaciones de amistad o de negocios con servidores públicos y sus familiares”, mencionó el fiscal Anticorrupción.
Lo mismo sucedió con el Consejo Técnico Fidecitrus que autorizó modificar el objeto del fideicomiso, otorgándole facultades que el Congreso del Estado le había conferido a otras dependencias.
Aldo Fasci enfatizó que “constituyeron el vehículo para desviar los recursos para obras privadas, hacer las adquisiciones de inmuebles, ser fuente de pago e incluso para obligaciones fiscales que le tocaban a particulares. El Estado pagó impuestos para particulares”.
En lo que compete a los inmuebles, el Estado contrató a una empresa a modo para hacer negocio con las construcciones, ya que además de cobrar comisiones por la adquisición de terrenos a los propietarios, el representante de la empresa seleccionada se constituyó como gestor para la inscripción de muebles adquiridos, sin mencionar su relación de negocios con bancos.
El propietario de la empresa, cuyo nombre se mantiene bajo reserva por cuestiones legales, está acusado de ejercicio indebido de funciones y peculado.
El daño al erario en el tema de inmuebles ronda los 400 millones de pesos.
A lo anterior se le suman 800 millones por delitos equiparables al ejercicio indebido de funciones por parte de constructoras.
“Los constructores cobraron volúmenes de obra realizados con anterioridad por el Sistema de Caminos sin haber realizado los trabajos respectivos.
“Asimismo, cobraron volúmenes de obra superiores a los realizados y sobreprecios sustantivos. Se les adjudicó una ampliación de contrato sin haber justificado las causas de excepción a la licitación.
“Además celebraron subcontratos de obra pública en contravención a la Ley”, señaló el fiscal Anticorrupción.
El funcionario añadió que las constructoras también se beneficiaron de información privilegiada y de sus relaciones personales y de negocios con servidores públicos.
De las cinco constructoras favoritas del gobierno medinista destaca una denominada “constructora 3”, que pasó del lugar 78 en el 2000 al tercero en el 2015 como constructora de obra pública de Nuevo León al ejercer mil 500 millones de pesos en obras.
SIGUIENTE PASO
Jorge Emilio Iruegas, director en la Subprocuraduría Anticorrupción, indicó que se solicitará la formulación de imputación contra los acusados.
Agregó que los hechos tuvieron consecuencia desde el cambio de administración, gracias a los trabajos de entrega-recepción y las auditorías de las dependencias, que derivaron en la investigación.
“Estaremos en una audiencia para formular cargos. Se estará citando a estas personas y en dicha audiencia se pedirá por parte del Ministerio Público la vinculación a proceso respecto a los hechos que se han vertido el día de hoy”, mencionó el funcionario estatal.
TAMBIÉN VAN CONTRA MARGARITA
Pero las investigaciones por actos de corrupción no sólo abarcan el Palacio de Cantera, también el de Cristal.
Y es que en la misma rueda de prensa, Ernesto Canales aprovechó para señalar que la subprocuraduría también inició los preparativos de acción penal contra la ex alcaldesa de Monterrey, Margarita Arellanes.
El procedimiento se deriva luego de la denuncia presentada por el secretario del Ayuntamiento regiomontano en relación al contrato adjudicado de manera directa a un despacho de abogados para prestar servicios profesionales a la panista con cargo al erario de 7 millones 75 mil pesos más IVA.
Y MEDINA SE DEFIENDE
Luego de que la administración de “El Bronco” iniciara acciones administrativas y penales contra la administración del ex gobernador, el priista Rodrigo Medina se defendió de las acusaciones.
A través de un comunicado, el ex mandatario calificó de una “persecución política” los resultados de la “Operación Tornado” y aseguró que las acusaciones no cuentan con sustento legal.
“Tengo la conciencia tranquila y el pueblo de Nuevo León puede estar seguro de que durante mi gestión no lleve a cabo alguna conducta indebida y por ello acudiré a los tribunales competentes, los que reconocerán lo infundado de las acusaciones”, indicó en el texto.
OTRAS INVESTIGACIONES DE LA CONTRALORÍA
DEL ESTADO
– A la fecha se han integrado 117 casos formados por quejas y denuncias recibidas, así como el resultado de las auditorías de las dependencias y la propia Contraloría.
– Actualmente se investigan 42 casos, en 28 se han iniciado procedimientos de responsabilidad administrativa y en 47 se advirtió presunta responsabilidad en delitos penales por lo que se han presentado las denuncias correspondientes a la Subprocuraduría por peculado, delitos patrimoniales, indeciso indebido y abusivo de funciones.
– Se han detectado los casos en las siguientes dependencias: Secretaría del Trabajo, Secretaría de Obras Públicas, Secretaría de Finanzas y Tesorería General del Estado, Secretaría de Seguridad Pública, Secretaría de Educación, Servicios de Salud, Sistema de Caminos, Agua y Drenaje de Monterrey, Metrorrey y Secretaría General de Gobierno.
– El programa intensivo de auditoría a la obra pública del sexenio 2010-2015, cuya inversión fue de aproximadamente 40 mil millones de pesos, al momento se han verificado el 60 por ciento de las obras, encontrando contratos con irregularidades financieras como: falta total o parcial de comprobantes de pago, facturación duplicada, facturas que no corresponden a las estimaciones, pagos adicionales sin soporte y pagos de anticipos de obras no realizadas, que suman desvíos por alrededor de 2 mil 300 millones de pesos.
– Las acciones han derivado al proyecto de recuperación económica por daño al erario público que en una primera etapa se espera cobrar 28 millones 700 mil pesos.
– Por irregularidades en el otorgamiento de incentivos a la empresa Siderúrgica de Linares se iniciaron 10 procedimientos de responsabilidad administrativa, teniendo ya cinco resoluciones contra: Rodolfo Gómez Acosta, ex tesorero del Estado; Juan Francisco Livas Cantú, ex director general del Fideicomiso para el desarrollo de la zona citrícola del Estado; Rolando Zubirán Robert, ex secretario de Desarrollo Económico; Luis Gerardo Marroquín Salazar, ex secretario de Obras Públicas; Ramón Villagómez Guerrero, ex director general de la corporación para el desarrollo agropecuario.
– Las resoluciones incluyen además la inhabilitación de 10 años a cada uno y sanción resarcitoria por 210 millones de pesos.
– Por irregularidades en autorización de pago de una obra no realizada y otra pagada en su totalidad sin estar terminada y sin reunir las características contratadas se inició el procedimiento de responsabilidad administrativa y emitió la resolución de sancionar a Víctor Ramón Martínez Trujillo, ex director del Sistema de Caminos de Nuevo León con inhabilitación por 10 años y sanción resarcitoria por 12 millones 900 mil pesos.
