Por Staff/ Hora Cero
De repente las balas políticas comenzaron a zumbar por todos lados. Si bien es cierto que los escándalos de los parquímetros alterados, la voracidad de los agentes de Tránsito y la cifra indiscriminada de permisos a casinos los había sorteado con habilidad, esta vez Adalberto Madero fue herido inesperadamente…
Un desplegado que apareció el martes 9 de septiembre en los periódicos diarios de mayor circulación de Monterrey, estalló en la cara del edil regiomontano que aspira a ser gobernador.
Las cámaras comerciales más importantes de Nuevo León acusaban a la Secretería de Desarrollo Urbano de corrupción… y decían tener pruebas.
En sesión de Cabildo las peticiones de crucificar a los responsables comenzaron a fluir. La tarde de ese martes 10 de septiembre los representantes de la Cámara Nacional de Desarrolladores de Vivienda de Nuevo León se reunieron con los medios para hablar del tema.
Javier Treviño Montemayor, presidente de Canadevi, confirmó que varios desarrolladores han sido objeto de extorsiones por parte de la Secretaría de Desarrollo Urbano, ya que los trámites están estancados hasta por 12 meses y a cambio de agilizarlos les piden cantidades millonarias.
“De acuerdo al proyecto de inversión son las cantidades; son cantidades de hasta siete dígitos. Ellos (personal de la Secretaría de Desarrollo Urbano) nos argumentan que son peticiones de la ´gente de arriba´ y los de ´arriba´ dicen que son los de ´abajo´ y es el cuento de nunca acabar”, dice el presidente de la Canadevi.
Además de la Canadevi, el desplegado fue firmado por Caintra, Canaco, Coparmex Nuevo León, Consejo Cívico de instituciones de Nuevo León, Centro Bancario del estado de Nuevo León y Cámara de Propietarios de Bienes y Raíces.
Treviño Montemayor aseguró que esta denuncia no tiene intereses políticos, sino que al no ver resuelta su situación y después de varios años de prestarse a dar “mordidas” algunas desarrolladoras, optan por presionar de esta forma pública. Sin embargo, también argumentó que de resolverse sus trámites no procederán con su denuncia y no darán las pruebas.
“Hay empresarios que están dispuestos a testimoniar, que les están pidiendo dinero; el mayor enemigo para nosotros es el tiempo, y por ahí nos piden un disimulo para agilizar los tiempos. Son personas definidas, en su momento les daremos la información para no entorpecer las relaciones; siempre y cuando nos resuelvan nuestras peticiones”, señala el dirigente sin presentar pruebas.
MADERO PROMETE INVESTIGAR
Asediado por los medios de comunicación, el alcalde de Monterrey se limitó a repetir hasta el cansancio que investigará y llegará hasta las últimas consecuencias.
La regidora panista Ana Cristina Morcos –quien solicitó una auditoría a la Secretaría de Desarrollo Urbano- exhortó a la Canadevi a no solapar la corrupción.
“Ellos querían negociar, esto es desconcertante, porque no se trata de denunciar si no me atiendes, sino denunciar cuando hay una anomalía, así ¿cuándo vamos a progresar y llegar al fondo? Sería solapar la corrupción.
“Anunciaron que no van a dar más datos para no entorpecer las relaciones, pero no se trata de eso, se trata de llegar al fondo de la corrupción si es que existe y que es lo que todos queremos. Considero que es muy lamentable que se haga una denuncia de esta magnitud, con la única intención de que se negocien los asuntos”, enfatiza la regidora panista.
Morcos explica que la auditoría es independiente y seguirá su curso, pero en caso de que la Canadevi no dé pruebas resulta complicado porque no se tienen herramientas y datos precisos. De encontrar responsables se sancionarán.
“Los funcionarios estamos sujetos a la Ley de Responsabilidades, en este caso son funcionarios de Desarrollo Urbano, y de detectarse alguna responsabilidad administrativa, las sanciones pueden ser desde una destitución o hasta irse al ministerio Público”, concluye la regidora panista.
El Congreso del Estado exigió investigar y llegar a las últimas consecuencias.
¿PROBLEMA POLITICO?
La única denuncia penal interpuesta contra el Municipio por cuestiones de permisos es la del abogado Alfredo José Ramos González, del despacho Santos-Elizondo.
Esta firma legal pertence a Luis Santos de la Garza, un hijo de Fernando Elizondo, Luis González Parás (hermano del gobernador) y Juan Francisco Rivera Bedoya, ex alcalde de Guadalupe.
Como se pueder ver, habría intereses tanto panistas como priistas por descarrilar la carrera de Madero hacia la gubernatura de Nuevo León.
Fernando Elizondo aspira a lo mismo que Madero y el resto de los mencionados son antagonistas de partido, lo que haría lógica una lucha partidista.
La demanda se remonta al 30 de octubre de 2007 y es de la empresa Regio Aventura, S.A. de C.V. y de Desarrollo Inmobiliario Omega, S.A. de C.V.
DENUNCIA EXTORSION
Javier Martínez, director de Motormex, denunció un intento de extorsión que supuestamente sufrió el año pasado al pedir permiso para construir un edificio en el centro de la ciudad.
Sergio Ríos, titular de la Sedue, explicó que el empresario inició trámites el 18 de abril de 2007, pero liquidó hasta el 10 de septiembre de 2007.
En ese tiempo el titular de la secretaría era Guillero Rodríguez Páez.
Martínez comentó que le pedían 100 computadoras y 100 impresoras para agilizar los permisos y que se negó a hacerlo.
CESAN A FUNCIONARIO
Aunque a él nadie le avisó, el director de fraccionamientos de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología, Miguel Angel García Salazar, fue cesado por el alcalde el domingo 14 de septiembre.
García Salazar se presentó a trabajar el lunes 15, argumentando que sólo se había enterado de la noticia por los periódicos, pero nadie le había hablado.
Sobre García Salazar pende una demanda penal por supuesta extorsión a la hora de autorizar construcciones.
PRESENTARAN DENUNCIAS
En un comunicado de la Canadevi, (emitido el 17 de septiembre ) anunciaron que a apartir del día siguiente, iniciarían con las denuncias interpuestas ante las autoridades correspondientes.
La Cámara Nacional de Desarrolladores de Vivienda de Nuevo León, se comprometió a dar seguimiento jurídico a los actos irregulares cometidos por funcionarios de Monterrey. También advirtió que junto a otras Cámaras, pugnarían por mejorar las prácticas gubernamentales e instalarían módulos para la recepción de denuncias ciudadanas de corrupción.
“Refrendamos nuestra decisión de presentar las denuncias correspondientes y darles seguimiento jurídico con la finalidad de que se sancione a los responsables”, señalaron en el comunicado.
