La CEDH recomendó a los alcaldes de varios municipios metropolitanos capacitar a su personal policiaco en materia de derechos humanos mediante un curso que proporciona la misma instancia. Asimismo señaló la importancia de reparar los daños que los elementos policiacos causaron a las víctimas, quienes desde el año pasado no han tenido justicia.
La Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) advirtió que durante el 2017 se violaron los derechos humanos de 28 migrantes por parte de elementos policiacos de los municipios de San Nicolás de los Garza, Monterrey, García, Guadalupe, Juárez y Escobedo.
Y es que según el informe, 24 hombres y 4 mujeres provenientes de Honduras, Nicaragua, Guatemala, Ecuador, El Salvador y Perú, recibieron un trato violento por parte de las autoridades policiales.
La titular de la CEDH Sofía Velasco Becerra, aseguró que se deben garantizar no solo los derechos de los neoloneses, sino también de aquellos que lleguen de manera permanente o temporal a Nuevo León.
“En la mayoría de los casos, los policías solicitaron los documentos que acreditaban la estancia legal en México de los migrantes, ante la ausencia de los mismos, la autoridad procedió a la detención pero de manera violenta e ilegal”, dijo Velasco Becerra.
Asimismo se señaló que en dos de los casos se cometió abuso físico en contra de dos hombres mayores de 18 años, uno proveniente de El Salvador y otro de Honduras.
“Policías de Guadalupe usaron la fuerza desmedida y provocar lesiones en diversas partes del cuerpo al hondureño, a quien le dañaron la columna vertebral.
“Por su parte elementos de policía de San Nicolás, aplicaron descargas eléctricas al menos en cinco ocasiones en contra del salvadoreño y le provocaron una quemadura en el muslo derecho”, mencionó.
La CEDH recomendó a la alcaldesa de Guadalupe Cristina Díaz Salazar y a Zeferino Salgado, edil de San Nicolás, capacitar a su personal policiaco en materia de derechos humanos mediante un curso que proporciona la misma instancia.
“Nosotros entramos a capacitar cuando las corporaciones nos lo piden. Hemos hecho esto con la Policía de Santa Catarina y con algunos elementos de Fuerza Civil”, aseguró Velasco Becerra.
Asimismo se señaló la importancia de reparar los daños que los elementos policiacos causaron a las víctimas, quienes desde el año pasado no han tenido justicia.
“Se le debe brindar atención psicológica y tratamiento médico especializado a las víctimas pues es un derecho que merecen. Uno de los principales desafíos con los que tienen que lidiar los migrantes es la discriminación y el desconocimiento de sus derechos”, dijo.
Una de las medidas para evitar las violaciones de los derechos de los migrantes, que planteó la CEDH es la elaboración de una cartilla de derechos básicos.
“Esta cartilla servirá para ser distribuida entre el personal de la corporación policial y facilitar la orientación de este grupo vulnerable respecto a sus derechos y cómo hacerlos valer”, expresó.
Otro de los casos que dio a conocer la CEDH, fue uno de tortura por parte del personal de la Secretaría de Seguridad Pública y Vialidad de Monterrey hacia un padre de familia y su hija.
“Estos hechos fueron ejecutados a finales de 2017, en la colonia Centro de Monterrey, Nuevo León; donde policías municipales realizaron la detención de un padre y su hija, quienes fueron acusados por el personal de una tienda departamental, de haber cometido actos ilícitos dentro del negocio. Posteriormente ambas personas fueron trasladadas a las instalaciones del parque Alamey, y finalmente fueron puestas a disposición al Centro de Orientación y Denuncia (CODE), en las mismas instalaciones”, dijo Velasco Becerra.
Según el reporte que dictó el órgano defensor dos de los policías cometieron abuso sexual en contra de la fémina.
“Un oficial sujetó a la víctima, mientras el otro le introdujo su mano dentro de su pantalón por arriba de la ropa interior, haciéndole tocamientos.
“La violencia sexual representa una experiencia sumamente traumática que tiene severas consecuencias y causa gran daño psicológico que deja a la víctima humillada físicamente y emocionalmente, son episodios difíciles de superar”, señaló Sofía Velasco.
La recomendación número 25, la cual va dirigida al Presidente municipal de El Carmen, Nuevo León, por actos atribuibles al personal de la Secretaría de Seguridad Pública y Vialidad de ese municipio, como conclusión de la revisión de dos casos acontecidos
Ante este caso, la CEDH exigió al Concejal de Monterrey, Bernardo González Garza reparar el daño de la víctima con ayuda psicológica, despedir a los miembros de la corporación y capacitarlos en materia de derechos humanos.
En el municipio de El Carmen, Nuevo León, un menor de 16 años fue golpeado por policías municipales injustificadamente. La agresión física dejó a la víctima inconsciente en un hospital y con una fractura de mandíbula.
“El menor fue detenido y golpeado por los policiales, quienes posteriormente lo llevaron a su domicilio y se lo entregaron a su madre. Como consecuencias de las agresiones físicas tuvo que ser intervenido quirúrgicamente, además perdió una pieza dental debido a las patadas que recibió en la cara.
“Además durante el tiempo que permaneció bajo la custodia de la policía municipal no fue atendido medicamente y tampoco hay registro de su detención en ningún lado”, aclaró la representante de la CEDH.
Velasco Becerra aseguró que la cuenta hospitalaria del joven de 16 años, no fue pagado por los policiales, ni por ninguna otra autoridad de El Carmen.
“Se deben de reparar los gastos del tratamiento médico, proveer de atención psicológica y brindar una compensación económica por los daños causados a la integridad física del menor”, apuntó.
Por último la representante del órgano defensor dijo que ser migrante no es sinónimo de criminal, y que se debe luchar por el bienestar de todos ellos.
