Las Contralorías del gobierno del Estado y del municipio de Apodaca están obligadas a investigar exhaustivamente las denuncias realizadas donde se señala a funcionarios públicos como presuntos responsables de ilícitos en contra del erario.
Así lo señaló Ángel Rubén Pedraza Dávalos, catedrático de la facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Nuevo León y ex presidente del Colegio de Abogados de Monterrey, quien estimó que de no llevar a cabo una investigación, los titulares de las dependencias estarían faltando a su labor.
En la edición 145 de Hora Cero Nuevo León se publicó que Daniel de León Guzmán, actual coordinador de Prensa y Difusión del gobierno del Estado, estableció en 2005 -cuando era empleado del municipio de Apodaca- una empresa denominada Corporativo Radio Tel and Publishing, S.A. de C.V. usando dos prestanombres para poder facturar al mismo municipio.
Además, la empresa de De León Guzmán cobró facturas de los Ayuntamientos de San Nicolás, Monterrey y Guadalupe, así como de las dependencias estatales Turismo y Simeprode, según consta en documentos publicados por Hora Cero.
“Básicamente hay una situación que las Contralorías estatal y municipal deben de aclarar. Los titulares de las dependencias deben de dar una respuesta amplia después de realizar una investigación adecuada, y si no lo hacen entonces ahí sí estoy viendo una falla.
“La obligación legal de estas autoridades, de los contralores del gobierno del Estado y del municipio de Apodaca, es investigar cualquier denuncia, que se agoten las instancias, que se aclare todo el asunto, que la autoridad investigue y diga si encontraron algo, porque no sólo debe ser de que digan “ah, ya te escuché, que te vaya bien”, sino ir al fondo del asunto.
“Es su obligación legal, para eso están, tienen que hacer una investigación y más por tratarse del sector público. En este caso, para la denuncia (de Hora Cero) se aplica el artículo 8 Constitucional, que establece el derecho de petición, y las autoridades lo deben de responder”, dijo el abogado y catedrático universitario.
CIENFUEGOS PODRÍA CONFIGURAR DELITO
El hecho de no estar registrado como proveedor en el padrón sí podría configurar una irregularidad en el caso del ex coordinador de Comunicación Social de la administración estatal, Francisco Cienfuegos Martínez, estimó el subcontralor del gobierno del Estado, Roberto García Ramírez.
De acuerdo con el funcionario, Cienfuegos Martínez y su empresa Protege, Servicios de Seguridad Privada S.A. de C.V., que facturó 2.5 millones de pesos en el Instituto Estatal de Cultura Física y Deportes (INDE), podrían ser sujetos de sanciones en caso de no respetar la legislación vigente para los proveedores gubernamentales.
Lo anterior, porque de acuerdo con Melody Falcó, directora del INDE, la empresa de Cienfuegos Martínez no estaba dada de alta en mayo de 2009 en el padrón de proveedores, cuando ganó un contrato para prestar sus servicios a la dependencia estatal.
“La ley establece que tiene que estar dado de alta (un proveedor en el padrón)… en general, aunque hay excepciones como las asesorías”, dijo García Ramírez.
Aunque dijo desconocer los detalles de la ley de adquisiciones que regula las relaciones entre el gobierno y los proveedores de bienes y servicios, el subcontralor del gobierno del Estado estimó que de registrarse anomalías debería haber una sanción, pero descartó que la dependencia esté realizando alguna investigación.
“Habría que checar si la ley tiene una exclusión respecto a este servicio, porque sí debería estar inscrito en el padrón de contribuyentes, aunque hay sus excepciones pero habría que verlo con detalle”, comentó el funcionario estatal.
