Sin necesidad de amparos, sin tener que viajar a otras entidades y sin miedo a ser rechazadas, cuatro parejas del mismo sexo acudieron a la dependencia para hacer válido su derecho al matrimonio, un derecho que por décadas les fue negado en la legislatura local, pero que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) les concedió a mediados de febrero.
El 27 de febrero de 2019 la bandera de arcoiris ondeó por primera vez con libertad y sin temor en las oficinas del Registro Civil de Nuevo León.
Fue un día histórico para la comunidad LGBTTTIQ en la entidad: sin necesidad de amparos, sin tener que viajar a otras entidades y sin miedo a ser rechazadas, cuatro parejas del mismo sexo acudieron a la dependencia para hacer válido su derecho al matrimonio, un derecho que por décadas les fue negado en la legislatura local, pero que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) les concedió a mediados de febrero.
Y es que, tras una larga lucha, los colectivos de la diversidad sexual, respaldados por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), lograron que el Máximo Órgano Constitucional del país declarara inconstitucional los artículos 140 y 148 del Código Civil del Estado que condicionaban el matrimonio a hombre y mujer y con fines de procreación.
“Toda aquella Ley de cualquier entidad federativa que limite el matrimonio a un hombre y una mujer, excluyendo de esta a las parejas del mismo sexo o considere que la finalidad de la institución del matrimonio es exclusivamente para la procreación, resultan inconstitucionales, ya que conllevan un acto de verdadera discriminación que no puede ser tolerado en un Estado de Derecho como el nuestro” señalaron los Magistrados en sesión ordinaria el 19 de febrero del presente año.
El 26 de febrero, el presidente del Congreso de Nuevo León, Marco González, dio por enterado al Poder Legislativo la resolución de la Corte, con lo que el matrimonio igualitario se convirtió en una realidad en el estado, sin poder dar marcha atrás.
Con la sentencia, la entidad se sumó a Jalisco, Puebla y Oaxaca, en la lista de entidades en donde la Corte tuvo que intervenir para legalizar los matrimonios igualitarios y llegar así a trece entidades en las que ya se permite el enlace (las cuatro anteriores, más: Ciudad de México, Coahuila, Chihuahua, Quintana Roo, Nayarit, Michoacán, Morelos, Chiapas y Baja California).
LOVE IS LOVE
Con una sonrisa en el rostro y la emoción en la piel, Martha Trejo Hernández acudió a las oficinas centrales del Registro Civil de Nuevo León para iniciar con los trámites de matrimonio.
Luego de seis años de noviazgo con Paula Loera Ojeda, la pareja decidió formalizar su relación desde 2017, pero se toparon con una realidad: el matrimonio era sólo para hombre y mujer en la entidad.
Ante la imposibilidad de ejercer su derecho en el estado, la pareja regiomontana optó por ir a la vecina ciudad de Saltillo, pero una serie de eventos -como el embarazo por inseminación de Paula- aplazó el enlace.
Con un niño en camino, las jóvenes refrendaron su intención de unirse legalmente para poderle dar sus apellidos al menor y fue en ese momento cuando la sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) les llegó como un regalo adelantado.
Hoy, la notica las llena de júbilo al saber que no tendrán que viajar ni ampararse para cumplir sus sueños de formar una familia.
“Fue una noticia muy buena porque qué mejor que realizar la ceremonia en nuestro estado y poder invitar a todos nuestros familiares porque si era en Saltillo pues nada más hubiéramos ido nosotras dos”, dijo Martha.
El 30 de marzo está marcada como la fecha en la que las dos jóvenes profesionistas unirán sus vidas ante las Leyes de Nuevo León, las mismas que tras el fallo de la Corte ya les permitirá darle sus apellidos al producto que viene en camino.
Martha y Paula ven el casamiento como el broche del ciclo llamado “familia”, a pesar de que ciertos ciudadanos se niegan a darles ese título.
“No les hacemos daño. Somos una familia normal y seremos felices. Sí nos afecta que nos hagan a un lado, somos iguales, tenemos trabajo, somos gente como todos. Que bueno que ya se están cumpliendo los derechos de la diversidad”, mencionó Martha de 37 años y licenciada en Administración de Empresas.
Alejandra Castillo y Sarahí Fernández son también una de las primeras parejas que buscarán casarse en Nuevo León sin el temor a ser rechazadas.
Las jóvenes de 32 y 33 años, respectivamente, se conocieron hace seis años y tras un período de platicas y salidas finalmente formalizaron su relación.
Hace cinco meses, las regiomontanas decidieron irse a vivir juntas y contraer matrimonio, pero al ver que su deseo era imposible en Nuevo León, decidieron viajar a Saltillo.
Por diversos factores nunca pudieron ir a la capital coahuilense y cuando menos lo esperaban les llegó la noticia de que su unión ya podría ser legal en la entidad.
“Ese día fue maravilloso. Yo estoy muy metida en redes sociales y estoy muy al pendiente de lo que pasa en nuestra comunidad. Inmediatamente le mandé un mensaje a mi novia y nos pusimos más que felices. Mi mamá súper contenta de que ya me iba a poder casar en el estado”, expresó Alejandra.
De profesión enfermera, la joven recordó que tan pronto se dio a conocer la sentencia de la Corte, su mamá y hermanas le marcaron para darle la buena noticia.
Por tal razón, decidieron ya no esperar más y solicitar su acta de matrimonio apenas un día después de que entró en vigor en Nuevo León.
Emocionadas y más enamoradas que nunca, la pareja aún no tiene definida la fecha de su enlace, pero aseguran que será a lo grande y en este año.
Y es que, además del sueño de casarse, las jóvenes buscan a la brevedad cumplir otro anhelo: ser mamás.
“Aún estamos cotizando salones de fiestas y quintas, pero queremos que sea lo más rápido posible porque también ya queremos tener hijos”, mencionó Alejandra.
En total, Alejandra y Sarahí buscan tener dos bebés y poder garantizarle sus apellidos y seguro social, que ya será posible gracias al fallo de la SCJN.
“Somos y seremos una familia como cualquier otra. No se vale que no quieran hacer valer nuestros derechos porque somos seres humanos igual que todos: reímos, lloramos, jugamos, pagamos, como todos”, dijo Alejandra.
Al igual que ellas, se espera que decenas de parejas del mismo sexo ejerzan su derecho a unirse en matrimonio en Nuevo León por lo que se pretende hacer una boda colectiva el 1 de junio, día de la Marcha de la Diversidad en Monterrey.
ACTIVISTAS Y CONSERVADORES
Pero la resolución de la SCJN no sólo trajo felicidad a las parejas del mismo sexo en Nuevo León, también provocó la ira de los grupos más conservadores, entre los que se encuentran diputados, ex legisladores locales y asociaciones religiosas.
Tan pronto se dio a conocer la resolución, organizaciones católicas y evangelistas, que sumaron a legisladores conservadores, exigieron al Poder Legislativo y al Gobernador dar marcha atrás a la invalidez de los artículos 140 y 148 del Código Civil.
Los inconformes primero protestaron en los bajos del Congreso del Estado para después trasladarse al Palacio de Cantera para exigir al gobernador vetar la Ley que permite el matrimonio entre personas del mismo sexo.
El director de Con-Participación, Marcial Padilla, calificó a la resolución como nociva, injusta y autoritaria.
“Lo que determinó es autoritario, es nocivo (e) injusto. De pronto encontramos que hay una minoría que es desigual y nos hace la mayoría distinto y eso no es el camino. Nos imponen una forma de ver la familia, el matrimonio, la sexualidad y la adopción.
“Es nocivo porque no le hace bien a nadie. En Nuevo León tenemos otras prioridades, pensemos en las necesidades de mujeres que son tantas. Ni siquiera es un beneficio para la minoría que quieren ayudar, también esa minoría necesita inclusión, trabajo, pero no necesita cambiarnos a todos el matrimonio, la familia y la educación de nuestros hijos”, expresó.
Por su parte, la ex diputada panista, Carolina Garza, sentenció que los colectivos conservadores buscarán agruparse en la “Alianza Familias Fuertes Unidas por Nuevo León” para hacer frente al reciente fallo de la corte que “perjudica la unión de un hombre con una mujer para perpetuar la especie”.
“La mayoría está a favor del matrimonio natural que se formó mucho antes que la propia sociedad y que protege al padre, a la madre y a los hijos para que la sociedad tenga ciudadanos desarrollados integralmente. Pedimos a los legisladores y al gobierno que se respete y se defienda a la familia natural”, mencionó la ex legisladora.
La petición de los grupos conservadores fue respaldada por los diputados en función Claudia Caballero del PAN, Carlos Ruiz Ortiz del PAN y Carlos Leal de MORENA.
Incluso, por medio de sus redes sociales, el morenista, quien se ha caracterizado por su acentuado rechazo a la comunidad LGBTTTIQ, publicó mensajes en los que rechaza la “imposición” de la SCJN y adelantó que no cambiará su postura en el tema.
La postura del legislador lo llevó a confrontar ideas con su compañera de bancada, Claudia Tapia, quien por el lado contrario es una defensora de los derechos de la diversidad sexual.
Luego de la notificación de la SCJN, la diputada, como ya lo había hecho anteriormente, urgió a sus compañeros de las siete bancadas legislar a favor del matrimonio igualitario.
“Para mí y para algunos de mis compañeros es una vergüenza que la Suprema Corte de Justicia de la Nación nos tenga que decir que es obligatorio (reformar el Código Civil) y que no hayamos podido avanzar en un tema de derechos humanos, siendo que penosamente somos uno de los estados que encabeza la lista de discriminación”, aseveró la morenista.
Y aunque no es la primera vez que en el Poder Legislativo se presenta una iniciativa de reforma al Código Civil, sí es la primera ocasión en la que están obligados a modificarlo.
De acuerdo a Jennifer Aguayo, líder de la agrupación “Movimiento por la Igualdad de Nuevo León”, los diputados tienen un plazo de 15 días para acatar la orden de la SCJN y legislar en consecuencia.
“Si ellos no cumplen el plazo desde el 20 de febrero hasta 15 días que lo aplazó el Presidente del Congreso, entonces se turnará a otra comisión y claro que lo tienen que hacer. Aunque haya resistencia lo tienen que hacer. Incluso, ustedes vieron en pleno que el presidente del Congreso dijo que se acataba la invalidez de los artículos y pide que en base a esos artículos van a tener que legislar todo lo que de ellos se emanen aunque ellos no quieran.
Mario Rodríguez Plata, activista y representante de la comunidad LGBTTTTIQ de Nuevo León secundó a Jennifer y añadió que de no legislar en el sentido de la Corte, el Poder Legislativo entraría en desacato constitucional.
“Ahorita están obligados a dictaminar. No dice (el fallo de la Corte) en qué sentido, pero si el sentido va en contra de lo que la Corte dijo, además de la jurisprudencia, entran en desacato”
“Vimos que de manera terrible un grupo de conservadores estaban pidiendo al gobernador que vete, pero el gobernador no puede vetar nada porque es una ejecutoria de la SCJN. En el caso de inconstitucionalidad que marcaron es irrecurrible, lo que significa que ya no se puede hacer nada más.
“Sí existe otra instancia a la que puede recurrir, pero es la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Corte Interamericana, pero ellos ya fallaron a favor del matrimonio igualitario.
Por su parte, la Comisión Estatal de Derechos Humanos, aplaudió y compartió el fallo de la Suprema Corte para reconocer el matrimonio igualitario en Nuevo Léon.
Por medio de un comunicado, el organismo también exhortó a los legisladores locales a legislar para garantizar la autonomía, el libre desarrollo de la personalidad y el principio de no discriminación de las y los neoloneses.
“El reconocimiento del matrimonio igualitario es parte del actual marco constitucional de nuestro país y desde hace algunos años, consideración relevante del derecho internacional de los derechos humanos, ambos parten de la premisa del respeto y reconocimiento a la diversidad sexual”, se puede leer en el texto enviado por el organismo que encabeza Sofía Velasco Becerra.
LA ODISEA DEL MATRIMONIO ANTES DE LA SENTENCIA
Tras el fallo de la SCJN la dirección del Registro Civil de Nuevo León se declaró lista para atender las solicitudes de las parejas del mismo sexo que deseen unir sus vidas de manera legal.
Fernando Marín, director de la dependencia, señaló el 27 de febrero que ya se cambió el formato de las actas de matrimonio y nacimiento para garantizar la inclusión de las parejas de la diversidad.
En los nuevos formatos del Registro Civil para el matrimonio se sustituye la palabra “hombre” y “mujer” por “contrayente” mientras que en las de nacimiento se suplen los campos de “datos del padre” y “datos de la madre” por “datos de filiación de la persona registrada”.
Ahora, las parejas del mismo sexo sólo necesitan acudir a una de las 122 Oficialías del Registro Civil del Estado, solicitar su acta de matrimonio y cumplir con los requisitos que se solicitan, que son los mismos que a las parejas heterosexuales: acta de nacimiento, acta de divorcio -si hubo enlace previo-, exámenes prenupciales, dos testigos cada uno de los contrayentes, llenar la solicitud de matrimonio y hacer el pago de derechos que va de los 950 pesos dentro de la Oficialía a los 2 mil 50 pesos fuera de las instalaciones.
La simplicidad del proceso actual contrasta con la odisea que sufrieron las parejas homosexuales y lesbianas de Nuevo León antes de sentencia de la Suprema Corte.
Los altos costos y tediosos trámites convertían al enlace legal en un auténtico viacrusis para los enamorados. La activista Jennifer Aguayo aseguró que desde hace 19 años se acentuó la lucha porque se les reconociera el derecho al matrimonio.
El primer “golpe” contra la negativa de la legislatura local fue tramitar los amparos 2005, pero obtenerlos no era rápido y mucho menos barato, pues se invertían cerca de 15 mil pesos y el proceso duraba hasta dos años.
La segunda estrategia fueron las bodas colectivas en otras entidades como la Ciudad de México, en donde al año cerca de 100 parejas neolonesas llegaban a casarse. Los gastos por la boda en la capital rondaba los 30 mil pesos.
Jennifer y su esposa se unieron en 2011 y desde entonces comenzaron a apoyar a otras parejas interesadas: organizaron paquetes de 10 mil pesos -que incluían camión colectivo, hotel compartido y el pago al Registro Civil- para bodas de neoloneses.
Conforme otras legislaturas locales fueron reformando sus Códigos Civiles el trabajo de la activista fue disminuyendo, especialmente en 2016 cuando el vecino estado de Coahuila aprobó el matrimonio entre personas del mismo sexo.
Tan sólo en lo que va del año, 20 parejas del mismo sexo han viajado a Saltillo a unirse legalmente, acorde a Jennifer Aguayo.
Saúl Ayala y Guilherme Collabardini son un claro ejemplo de ello. La historia de amor entre el mexicano y el brasileño comenzó con un simple “enviar solicitud” en Facebook.
Sin importar la diferencia de edades o idioma, la pareja comenzó una relación virtual en 2013 que culminó en matrimonio un año más tarde.
Luego de platicar por meses a la distancia, ambos decidieron encontrarse en Sao Paulo y después viajar a Monterrey para comenzar una vida en pareja.
Y aunque en un inicio la intención era sólo vivir juntos, la situación migratoria de Guilherme obligó a la pareja a buscar comprometerse de forma legal.
Fue ahí cuando comenzó el peregrinar para unirse civilmente. Como todas las parejas antes de la sentencia de la SCJN, la pareja tuvo que decidir entre las dos únicas opciones posibles: buscar un amparo o viajar a otra entidad.
“En una primera instancia nuestra idea era vivir juntos. Después vimos la conveniencia de casarnos y es por eso que meses después optamos por casarnos. Vimos que obviamente aquí en el estado de Nuevo Léon no era tan práctico. Entonces, optamos por ir a la Ciudad de México.
“Nos beneficiaba por la situación legal de Guilherme, que no estuviera como turista sino que ya fuera un residente legal para después pasar a ser residente permanente y posteriormente ciudadanía”, aseveró Saúl, quién es abogado de profesión.
Por practicidad, la pareja decidió viajar a la Ciudad de México para ejercer su derecho, pero el proceso fue tedioso y costoso.
El Registro Civil requería que fueran residentes capitalinos por lo que se vieron obligados a tomar la dirección de un amigo como propia.
Durante un año la tramitología los orilló a viajar más de 10 veces a la capital mexicana, lo que significó gasto de vuelos, comidas, hospedaje, taxis y demás.
A los costos habituales se le sumaron los que ameritaban la traducción de documentos de Guilherme y la papelería certificada por la embajada mexicana que tenía que traer de Brasil.
“Nos gastamos un chorro de dinero y conocimos casi toda la ciudad. Con decirte que ya me se mover en metro allá de tantas veces que fuimos”, expresó el brasileño.
En total, el costo del proceso sumó casi 70 mil pesos cuando una pareja heterosexual en Nuevo León podía hacerlo por menos de mil pesos en cualquier Oficialía del Registro Civil.
Después de un largo período y una alta inversión el regiomontano y el brasileño lograron casarse y hacer valer sus derechos como pareja en Nuevo León.
Al igual que Saúl y Guilherme cientos de parejas gay y lesbianas de Nuevo León buscaron en otras entidades o por medio de amparos la protección de sus derechos que garantiza la unión civil.
LO QUE SIGUE
La sentencia de la SCJN es una victoria para la comunidad de LGBTTTIQ de Nuevo León, que durante años ha exigido el reconocimiento de sus derechos.
Sin embargo, de acuerdo al “Diagnóstico legislativo sobre reconocimiento de los derechos humanos de las personas LGBTI en Nuevo León” hecho por la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) en 2018, aún existen más de una docena de leyes estatales y reglamentos municipales que vulneran la integridad de la comunidad.
El año pasado, el organismo analizó 13 leyes estatales y en ninguna se mencionó el derecho a la no discriminación de la comunidad ni a la protección de sus derechos.
Por tal razón, en agosto de 2018 el organismo presentó 32 propuestas de reforma de las Leyes estatales, ya sea por adición o modificación.
El primero fue el Código Penal en el que se propuso “tipificar los crímenes de odio basados en la orientación sexual y/o identidad de género, de conformidad con los estándares en la materia”
En México, las entidades de Baja California Sur, Ciudad de México, Coahuila, Colima, Guerrero, Michoacán, Nayarit , Puebla, Querétaro y San Luis Potosí ya tienen tipificado como delito los crímenes de odio basados en la orientación sexual o la identidad de género.
En relación al Código Civil la CEDH recomendó reformar cuatro artículos: el 59 para dejar en blanco, en caso de ser el deseo de los padres, la casilla de sexo en la acta de nacimiento hasta que el recién nacido cumpla la mayoría de edad y decida su sexo o, en su defecto, no hacer ningún cambio; el 147 para legalizar el matrimonio de personas del mismo sexo y el reconocimiento a la identidad de género; el 291 Bis para establecer la figura jurídica del concubinato; el 391 para reconocer la adopción de niños por parejas del mismo sexo como ya lo resolvió la Suprema Corte.
En el Código Civil también se propuso “reformar por adición de artículos dentro del capítulo de la rectificación, modificación y aclaración de actas, a efecto de establecer el derecho a solicitar una nueva acta de nacimiento para el reconocimiento de la identidad de género”.
El organismo aconsejó reformar el artículo 25 de la Ley de Registro Civil para que se incluya a las actas de nacimiento por resignación sexogenérica.
En lo que refiere a la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia se recomendó que contemple a las lesbianas, bisexuales, transexuales e intersexuales en todos los modelos de prevención, atención y sanción de la violencia contra las mujeres.
Se propuso también reformar la Ley para la Igualdad entre Mujeres y Hombres en sus artículos 19 sobre las acciones para la política de igualdad entre mujeres y hombres de la diversidad; 27, sobre las atribuciones del sistema estatal para la igualdad entre mujeres y hombres; 37, sobre las acciones para la igualdad económica y laboral; 41, sobre las acciones para la igualad social; 47, sobre las acciones para la igualdad en el ámbito educativo; 49, sobre las acciones para la igualdad en el acceso a la justicia y seguridad pública. En todos los anteriores, se pidió ocluir a los hombres y mujeres de la diversidad.
En la Ley de Prevención y Atención Integral de la Violencia Familiar, el organismo propuso reformar la fracción XII del artículo 2 con el fin de homologar las definiciones de violencia de género contra las mujeres con los estándares internacionales y nacionales en la materia. De igual forma sobre la violencia familiar, con el objetivo de que las personas de la diversidad sexual sean contempladas dentro de la definición de familia.
La modificaciones también contempla reforma a la Ley de Niñas, Niños y Adolescentes en sus artículos 41, 67 y 68 para eliminar los modelos heteronormativos en las familias.
En la Ley para Prevenir, Atender y Erradicar el Acoso y la Violencia Escolar se pide evitar la discriminación por orientación sexual e identidad de género.
Sobre la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Nuevo León, la CDEH recomendó que se reforme el artículo 5 de la Ley estatal se armonice para incluir a las parejas del mismo sexo en los beneficiarios del seguro social.
También pidió prohibir los procedimientos médicos innecesarios para los intersexuales, así como las llamadas de conversión y el derecho a la atención especializada para personas trans dentro de la Ley Estatal de Salud.
Por último, el organismo propuso modificar el término “preferencias sexuales” por “orientación sexual e identidad de género” en la Ley de Desarrollo Social y la Ley de Educación para coincidir con los estándares de los organismos internacionales de los derechos humanos.
Las lagunas legislativas encontradas por la CEDH no sólo se encontraron en la Leyes Estatales, también en 35 de los 50 reglamentos municipales de Nuevo León -Mier y Noriega no cuenta con uno-, en los que se pone en riesgo a la comunidad LGBTTTTIQ por la falta de claridad en los términos de “buenas costumbres” y “moral” que manejan, dejándolos que los servidores públicos la interpreten a su gusto.
Los municipios en los que se presentan estas ambigüedades son Agualeguas, Allende, Anáhuac, Apodaca, Aramberri, Cadereyta, Cerralvo, China, Ciénega de Flores, Doctor Arroyo, Doctor Coss, Doctor González, Galeana, General Bravo, General Terán, General Treviño, General Zaragoza, General Zuazua, Guadalupe, Hidalgo, Higueras, Hualauises, Iturbide, Juárez, Linares, Los Aldamas, Los Herreras, Marín, Mlechor Ocampo, Parás, Pesquería, Salinas Victoria, San Nicolás, Vallecillo y Villaldama, que en conjunto representan el 69 por ciento del total de los municipios neoloneses.
El caso de agrava en 23 de esos reglamentos municipales en los que se castiga la “vida sexual anormal”. Estos municipios son: Agualeguas, Aramberri, Cadereyta, Cerralvo, China, Ciénega de Flores, Doctor González, General Bravo, General Terán, General Treviño, General Zuazua, Hidalgo, Higueras, Hualauises, Iturbide, Los Aldamas, Los Herreras, Marín, Parás, Pesquería, San Nicolás, Vallecillo y Villaldama, lo que se traduce al 45 por ciento del total de municipios neoloneses.
El estudio presentado por la presidente de la Comisión, Sofía Velasco Becerra, no está de más en una entidad que se jacta de vanguardista, pero que está rezagada en materia legislativa a favor de los derechos de la diversidad sexual, lo que facilita los abusos hacia la comunidad.
De 2016 a agosto de 2018 sólo se habían emitido ocho recomendaciones por atropellos comprobados de las autoridades, especialmente de seguridad, a miembros LGBTTTIQ, lo cierto es que los actos discriminatorios no siempre se denuncian.
