Tras el zafarrancho y burdo espectáculo, mal copia de la Triple AAA protagonizada por los diputados del PAN y PRI en el Congreso del Estado, unos para exigir la revisión de las cuentas públicas de dos ex gobernadores y una ex alcalde panista, y los otros para demandar que si se analizan y votan para su aprobación o rechazo se haga de manera correcta y legal, quien sale perdiendo es el ciudadano de a pie.
Pues a como van las cosas, el retraso en la búsqueda de irregularidades o supuesto desvíos, robos, actos de corrupción y raterías viles, el que pasen más días sin saberse a ciencia cierta qué ocurrió en las finanzas del municipio de Monterrey cuando Margarita Arellanes era alcaldesa panista, y las estatales durante los gobiernos de Rodrigo Medina de la Cruz y Natividad González Parás, sólo beneficia a estos tres últimos porque podrían, si es que quieren armar mejor sus defensas jurídicas y mediáticas en caso de ser sujetos a algún proceso penal o administrativo.
Pero quien sale perdiendo más es, sin dudarlo, el gobierno actual debido a que ni ha descobijado a cabalidad las supuestas tropelías de su antecesor inmediato, ni mucho menos tiene fecha prevista para ello. Así que el Dios Tiempo es el que decide los actos de los políticos, mientras los ciudadanos de camión y salario mínimo esperan se cumplan las promesas de actuar contra los corruptos.
PLEITOS DE ALTURA
Dicen los que saben de la grilla interna en el Palacio de Gobierno que existe una distanciamiento serio, marcadísimo entre el secretario de Seguridad Pública, general Cuauhtémoc Antúnez, y el procurador de Justicia, Roberto Flores, debido a las erráticas acciones en la prevención del delito.
La supuesta descoordinación entre ambas dependencias ha impactado de manera severa en el repunte de diversos delitos en la zona metropolitana de Monterrey, supuestamente porque ni Fuerza Civil ni lo que queda de la otrora fuerte corporación policial Seguridad Pública, despliegan a sus elementos de manera coordinada por la ciudad para hacer acto de presencia e inhibir la acción delictiva.
A su vez, los analistas de inteligencia de Seguridad Pública responsabilizan a los agentes ministeriales de carecer de estrategias para desarticular a las crecientes bandas de delincuentes, sobre todo los de asaltabancos y a negocios, y de robo de automóviles el cual va al alza, abocándose a delitos menores.
Sean peras o manzanas, la situación es grave e impacta feamente en el ánimo ciudadano, que un día sí y otro también se entera lo mismo por los medios como por las redes sociales, de casos diversos en esta ola de criminalidad que afecta a Nuevo León.
TRANSPARENCIA TRANSPARENTE
Los huecos o vacíos legales existentes en la Ley de Transparencia que implicaron por años la opacidad en la rendición de cuentas de diversas autoridades y entes que reciben recursos públicos, parecen que serán subsanadas.
Ahora sí que, tras la homologación de la legislación estatal de Nuevo León con las disposiciones de carácter federal, aprobadas hace más de un año, pero que por las resistencias de los legisladores y autoridades nuevoleonesas no se aprobaron y aplicaron hace tiempo, deberá venir a regir un nuevo orden en el que todo lo público será aún más transparente.
Pero así como hay cosas positivas también las hay negativas, ya que mientras en tiempos de austeridad se pretende reducir gastos administrativos en el ámbito gubernamental, la aprobación de incrementar de tres a cinco los comisionados de la Comisión Transparencia y de Acceso a la Información, vendrá a impactar en las finanzas públicas debido a que se deberá aumentar el gasto de sueldos y burocracia de esta área. Pero todo sea por lograr mayor transparencia en los dineros de todos.
LAS BATALLAS QUE VIENEN
El anuncio del presidente Enrique Peña Nieto de pretender reformar la Constitución Política y el Código Civil federales para permitir la incorporación de los matrimonios igualitario, medida que beneficiaría a un indeterminado de parejas del mismo sexo que ya viven en un unión libre, tendrá que pasar por muchas batallas antes de concretarse.
Bien podrá el ejecutivo federal establecer por decreto esta reforma, o bien a través de una iniciativa de ley que deberá ser aprobada por la Cámara de Diputados, y después ratificada por la mayoría de las legislaciones locales de las 32 entidades federativas del país, grupos locales religiosos, asociaciones de padres de familia, y sobre todo grupos políticos vinculados o dentro del mismo PAN, buscarán anular la propuesta peñista.
Este será sin duda uno de los temas que generarán mayor polémica en el país con cara a las elecciones presidenciales y legislativas del 2018, donde el pronóstico sobre el resultado es reservado, reservadísimo.
NI TAN SEVERO
Aunque aparentemente llegó para ser el gran estratega del Tribunal Superior de Justicia de Carlos Arenas, pocos han sido los resultados del que dice traer credenciales de politólogo y académico de “tiempo completo”, Severo Efraín Villarreal Solís.
Entre sus fracasos a Villarreal Solís se le atribuye que los Consejeros de la Judicatura se hayan separado del Comité de Transparencia del Tribunal en cuya operación mostró escaso conocimiento en la transparencia judicial y un pésimo manejo político del tema.
Además, ni tan Severo resultó Efraín Villarreal, pues su supuesta labor en la transparencia judicial de su patrón el presidente Arenas, no explica el porqué de los nombramientos irregulares de Eduardo Román González, José Antonio Garza López, Gabriela Díaz Salinas, María Franco Ortega y Gloria Vanessa Adame Castillo quienes siguen recibiendo su salario de miles cada mes.
