Bueno, algo muy extraño está pasando en Nuevo León en temas que tienen que ver con la cuestionada Fiscalía General, puesta en la vitrina de las dudas por los lamentables acontecimientos sobre Debanhi Escobar en abril pasado, y ahora por el caso de un funcionario de las confianzas del gobierno de Samuel García.
Vaya, en ocho meses la dependencia que tiene acéfala la titularidad y en disputa entre los poderes ejecutivo y legislativo, pasó de la total y absoluta deficiencia a la eficiencia para aplastar el botón rojo y darle trámite a las denuncias.
Resulta que el abogado Félix Arratia Cruz, quien tuvo que separarse de su cargo al frente del SAT-NL (donde había asestado golpes en contra de lavadores de dinero y factureros), ahora enfrentar una denuncia penal que interpusieron en su contra los de la otra esquina del ring.
Es del dominio público que el poder judicial del Estado y la Fiscalía General de Justicia en Nuevo León es casi propiedad de un panista, Raúl Gracia, y que el PRI impugnó el veto de Samuel contra a Adrián de la Garza que fue había sido incluido dentro de la cuarteta de aspirantes a fiscal.
Esta aparente embestida legal y política fue puntualmente denunciada por el servidor público quien, en una conferencia de prensa, detalló cada una de las irregularidades que existen en este proceso penal y que, dijo, “son una clara muestra de cómo el PRI, el PAN y la vieja política está coludidos para seguirse enriqueciendo”.
La encargada de ejecutar las órdenes, según el denunciado, es la jueza Bárbara Melissa Gómez Ávila, quien ha hecho hasta lo imposible por mantener “en lo oscurito” el juicio en su contra, atropellando sus derechos y evitando que la sociedad observe los atropellos que se están cometiendo.
De hecho, la participación de Gómez Ávila es muy sospechosa, añade, pues todos y cada uno de los asuntos contra él son manejados por ella sola, en lugar de distribuir las acusaciones con otros magistrados, lo que le permite cometer múltiples irregularidades.
Por ejemplo, cuando fue el inicio de la audiencia contra el funcionario, que sospechosamente se realizó horas después de la acusación (no los meses que los ciudadanos comunes tienen que esperar), le negó la entrada a los medios de comunicación, no obstante se trata de un asunto público.
La jueza le negó a Arratia su derecho de contratar a un abogado de su preferencia y, en cambio, según sus defensores, le impuso uno de oficio que ni siquiera estaba enterado del asunto.
Además, la magistrada ha rechazado sistemáticamente cada una de las peticiones de Arratia de posponer las audiencias para preparar mejor su defensa e, incluso, insiste en manejar el caso no obstante hay una denuncia penal en su contra por abuso de autoridad interpuesta por el ex titular del SAT-NL.
Se dice que la persona que está siendo utilizada para perjudicar a Arratia es Sarahí Aranda, una de las integrantes del Comité de Selección del Fiscal quien fue impuesta por el PRIAN para asegurarse que Adrián de la Garza pudiera quedarse con la Fiscalía, y así seguir torciendo la ley a su favor.
Arratia comparte a sus más cercanos que “afortunadamente los tiempos están cambiando en Nuevo León y la justicia prevalecerá”.
(Se actualizará esta novela en la siguiente columna).
