En Monterrey, el acceso a algunas canchas y espacios deportivos de carácter público se ha convertido en motivo de inconformidad entre vecinos. Instalaciones que deberían funcionar como puntos de encuentro para niños, jóvenes y familias son señaladas por estar bajo el control de asociaciones, ligas o particulares que administran su utilización, establecen horarios y, en algunos casos, cobran cuotas para permitir el ingreso.
Las denuncias no son nuevas, pero volvieron a tomar relevancia durante los primeros días de noviembre de 2026, cuando se dieron a conocer reportes ciudadanos sobre espacios públicos abandonados o entregados a particulares en distintos sectores de la ciudad.
El 3 de noviembre, Martha Herrera, titular de la Comisión Operativa Municipal de Movimiento Ciudadano, presentó un registro de 67 reportes recopilados durante recorridos por más de 40 colonias de Monterrey. Aunque el recuento incluye parques, plazas, bibliotecas e inmuebles municipales, también expuso situaciones relacionadas directamente con instalaciones deportivas.
Uno de los casos señalados corresponde al Parque Mexicas, ubicado en la colonia Roma Sur, donde las canchas permanecen cercadas y con candados. De acuerdo con la información presentada por Herrera, vecinos solicitaron una explicación al municipio y recibieron como respuesta que el espacio se encontraba en comodato a favor de una asociación particular.
Otro señalamiento corresponde a la colonia Plutarco Elías Calles, donde se denunció que una cancha solicitada por los propios habitantes y cuyo desarrollo acompañaron los vecinos terminó concesionada a un particular, situación que habría limitado el acceso de la comunidad.
A estos casos se suma uno en la colonia Primavera, donde, según la denuncia presentada por Herrera, se cobran cuotas de hasta 13 mil pesos por semestre para utilizar instalaciones deportivas administradas por particulares.
La problemática también alcanza otros espacios destinados a la actividad física. En la colonia Burócratas Municipales se señaló que un gimnasio fue concesionado y que las nuevas cuotas representan una dificultad económica para algunas familias.
Aunque no todos estos señalamientos corresponden específicamente a canchas de futbol, forman parte de una misma discusión: quién tiene el control de las instalaciones deportivas municipales y bajo qué condiciones pueden utilizarlas los ciudadanos.
LOS NEGOCIOS ALREDEDOR DE LAS CANCHAS
La administración de instalaciones deportivas puede representar una actividad económica para quienes organizan ligas, torneos, entrenamientos y escuelas de futbol. El problema surge cuando el aprovechamiento de un espacio público termina convirtiéndose en una barrera económica para los habitantes de la zona.
En el caso de la colonia Primavera, la cuota de hasta 13 mil pesos semestrales denunciada públicamente representa uno de los ejemplos más significativos. Para una familia con varios hijos interesados en practicar futbol, ese tipo de pagos puede dificultar su participación en actividades deportivas.
El cobro de inscripciones, mensualidades, arbitrajes, renta de cancha y participación en torneos son algunas de las actividades que pueden desarrollarse alrededor de estos espacios. También existe la posibilidad de que academias o ligas establezcan horarios preferentes para sus entrenamientos y competencias.
Sin embargo, no existe información pública suficiente para determinar quién recibe las cuotas denunciadas en Primavera, qué servicios incluyen o bajo qué autorización se realizan esos cobros.
Las ligas requieren recursos para arbitrajes, mantenimiento, iluminación y organización de competencias.
La cuestión es determinar si esas figuras administrativas garantizan que el espacio continúe cumpliendo una función comunitaria o si, por el contrario, terminan favoreciendo a un grupo reducido de usuarios.
En mayo de 2026, la Gaceta Municipal de Monterrey publicó un dictamen relacionado con la concesión de uso de un inmueble municipal de 81 mil 053 metros cuadrados en la colonia Plutarco Elías Calles, a favor de la Junta de Mejoramiento Moral, Cívico y Material de ese sector, para continuar utilizándolo como área recreativa.
El documento contempla un plazo de 10 años, sujeto a la formalización correspondiente y a la autorización del Congreso estatal. Aunque se trata de un espacio recreativo y no acredita por sí mismo la concesión de la cancha de futbol denunciada, muestra que el municipio mantiene mecanismos para entregar a terceros la administración de bienes públicos.
VECINOS PIERDEN ESPACIOS
Más allá de las cuotas, una de las principales consecuencias señaladas por los habitantes es la reducción de espacios disponibles para practicar deporte sin restricciones económicas o administrativas.
Para muchas colonias, las canchas públicas representan una de las pocas alternativas para que niños y adolescentes puedan jugar futbol, integrarse a equipos y realizar actividad física sin tener que trasladarse a instalaciones privadas.
Cuando estos lugares quedan sujetos a horarios establecidos por una liga o asociación, los habitantes pueden perder la posibilidad de utilizarlos libremente, incluso si viven a unos metros de las instalaciones.
El Parque Mexicas es uno de los casos con mayores antecedentes documentales. Desde mayo de 2022, vecinos de la colonia Roma Sur presentaron una propuesta en la plataforma municipal de Presupuesto Participativo para rehabilitar el espacio y convertirlo en un parque abierto a la comunidad.
En aquella solicitud señalaron que las canchas estaban cercadas, que los accesos permanecían cerrados con candados y que su utilización se limitaba a determinadas tardes. Los habitantes plantearon la necesidad de contar con instalaciones deportivas, áreas verdes y espacios de convivencia para niños, adultos mayores y familias.
La propuesta fue rechazada por el municipio debido a que el terreno se encontraba en comodato y, conforme a la respuesta oficial, el uso y disfrute correspondía a una asociación particular.
La inconformidad llegó a las instancias municipales. En diciembre de 2023, un dictamen de la Comisión de Hacienda y Patrimonio Municipales planteó revocar el comodato otorgado al Club Mexicas A.C. y reincorporar el inmueble al patrimonio municipal.
El documento identificó presuntos incumplimientos, entre ellos la autorización de terceros para utilizar el terreno sin consentimiento municipal, un uso distinto al autorizado, falta de conservación y afectaciones a los vecinos.
Sin embargo, en noviembre de 2026 el Parque Mexicas volvió a aparecer entre los espacios señalados por mantener sus canchas cercadas y con candados. La situación deja preguntas sobre el cumplimiento de las decisiones administrativas y las condiciones actuales bajo las cuales se encuentra el inmueble.
En la colonia Plutarco Elías Calles también existen antecedentes de inconformidad relacionados con el uso de sus instalaciones deportivas. En junio de 2025, vecinos denunciaron una riña campal durante un partido de tochito en canchas de un parque municipal. En videos compartidos con medios de comunicación se observó a varios participantes involucrados en una pelea, mientras habitantes cuestionaron las condiciones de seguridad y el desarrollo de actividades deportivas en el lugar.
Este episodio no constituye una denuncia de privatización, pero refleja otros problemas que pueden presentarse cuando no existe una supervisión suficiente de las actividades realizadas en instalaciones públicas.
Además, en febrero de 2026, el Gobierno de Nuevo León inauguró una nueva cancha de futbol en esa misma colonia, como parte de su programa de infraestructura deportiva. Se informó que el espacio beneficiaría a aproximadamente 500 personas. Este proyecto debe distinguirse del inmueble municipal mencionado en el dictamen de concesión, pues no hay elementos para asegurar que se trate del mismo predio.
LOS PENDIENTES
Las denuncias presentadas en noviembre de 2026 colocan nuevamente bajo revisión la administración del patrimonio deportivo de Monterrey.
Durante la presentación de los 67 reportes ciudadanos, se anunció la entrega de un oficio al Ayuntamiento con siete solicitudes, entre ellas un inventario público de parques y canchas, la relación de espacios cedidos a particulares, los acuerdos de Cabildo que respaldan esas entregas y la información sobre posibles cobros por utilizarlos.
También se solicitó conocer el estado de los espacios intervenidos por la administración municipal. De acuerdo con el segundo informe del alcalde Adrián de la Garza, se destinaron 535 millones de pesos a la intervención de 890 espacios públicos, entre ellos 110 canchas y vitapistas.
La exigencia ciudadana consiste en conocer la ubicación de esas instalaciones, las condiciones en que se encuentran y quién se encarga de su administración.
En el caso de Parque Mexicas, existe un antecedente de actuación administrativa para recuperar el inmueble. No obstante, los reportes recientes hacen necesario conocer si el procedimiento se concretó y cuál es actualmente la situación jurídica y operativa de las instalaciones.
Para los espacios entregados en comodato o concesión, la autoridad también tendría que transparentar los convenios, los plazos, las obligaciones de mantenimiento, los horarios de acceso y las condiciones para que los habitantes puedan utilizarlos.
Por ahora, los casos expuestos corresponden al municipio de Monterrey, pero el problema podría ser mayor si se revisa el resto del área metropolitana, donde también existen instalaciones deportivas municipales, parques y espacios comunitarios administrados por terceros.
Guadalupe, San Nicolás, Apodaca, Escobedo, San Pedro y Santa Catarina representan otros puntos donde sería necesario conocer quién administra las canchas públicas, cuánto cuesta utilizarlas y si los vecinos conservan el derecho de acceder a ellas.
La discusión no se centra en impedir que existan ligas, academias o asociaciones deportivas que contribuyan al mantenimiento de las instalaciones. Se trata de garantizar que los espacios construidos o destinados al servicio público no pierdan su función comunitaria.
Porque una cancha pública no debería convertirse en un privilegio para quienes pueden pagar una inscripción o una cuota semestral. Su propósito es ofrecer oportunidades para practicar deporte y convivir, especialmente a quienes no cuentan con recursos para acudir a instalaciones privadas.
En Monterrey, las denuncias ya pusieron el tema sobre la mesa. Ahora corresponde a las autoridades aclarar quién tiene el control de estos espacios, bajo qué condiciones los administra y, sobre todo, si siguen siendo accesibles para los ciudadanos a quienes originalmente estaban destinados.
