El uso de scooters y bicicletas eléctricas comienza a ganar terreno en Nuevo León, pero su crecimiento también ha puesto sobre la mesa preguntas sobre seguridad vial, infraestructura y responsabilidades.
En Monterrey, la empresa Lime registró más de un millón de viajes entre septiembre de 2025 y julio de 2026, una cifra que refleja la presencia cada vez mayor de estas alternativas de transporte en las calles.
De acuerdo con información de la compañía publicada en el Índice Biciamigable 2026 de Cómo Vamos Nuevo León, durante ese periodo se contabilizaron 1 millón 8 mil 990 viajes en Monterrey, con una distancia promedio de 1.52 kilómetros y recorridos de aproximadamente 14 minutos. En ese mismo lapso, la empresa reportó 37 incidentes viales relacionados con sus unidades, 16 personas lesionadas y ningún fallecimiento.
En Guadalupe, donde el servicio también comenzó a operar, Lime registró 230 mil 877 viajes entre septiembre de 2025 y agosto de 2026. La distancia promedio fue de 1.42 kilómetros y la duración, de 11.1 minutos. La compañía reportó cinco incidentes desde enero de 2026, con dos personas lesionadas y sin muertes.
Aunque estas cifras demuestran un incremento de la llamada micromovilidad, también abren una discusión sobre las condiciones en las que circulan estos vehículos, los espacios disponibles para hacerlo y las medidas que deben asumir tanto los usuarios como las empresas operadoras y las autoridades.
BUSCAN REGULAR
La discusión sobre cómo regular la micromovilidad llegó al Congreso de Nuevo León desde 2025. Desde entonces, legisladores de distintas bancadas han presentado iniciativas y propuestas relacionadas con el uso de scooters, bicicletas eléctricas y otros vehículos de características similares.
Entre los primeros planteamientos se encuentra el expediente 20032, presentado en junio de 2025 por las diputadas Esther Berenice Martínez y Brenda Velázquez, y el diputado Tomás Montoya, de Morena. Posteriormente, el 10 de noviembre de ese mismo año, la diputada Aile Tamez, del PAN, presentó la iniciativa identificada con el expediente 20537, en la que propuso establecer obligaciones para los usuarios y las empresas que ofrecen estos servicios.
Su planteamiento contempla medidas como seguros, geolocalización, permisos municipales, identificación de los vehículos, luces, frenos y mecanismos para controlar la velocidad, además de acciones de mantenimiento y retiro de unidades dañadas o estacionadas de manera inadecuada.
En diciembre de 2025 también se presentó un punto de acuerdo para solicitar a las autoridades estatales el análisis de un registro gratuito de scooters y a los municipios la elaboración de reglas para su circulación, así como campañas de prevención y protección para los usuarios. Este exhorto buscaba impulsar acciones de coordinación, pero no significó la creación automática de un registro estatal.
Durante 2026 se sumaron otros planteamientos. Entre ellos están los expedientes 21221, presentado por Rocío Maybe Montalvo en marzo, y 21276, promovido por Mario Alberto Salinas en abril. A estas propuestas se agregaron iniciativas presentadas en septiembre por José Luis Garza Garza y Mario Alberto Salinas, así como la de la diputada Sandra Pámanes, quien planteó expedir una Ley de Fomento al Uso de la Bicicleta y de Micromovilidad para Nuevo León.
REGLAS DISTINTAS SEGÚN EL MUNICIPIO
Mientras el Congreso analiza posibles cambios a nivel estatal, los municipios cuentan con disposiciones propias para regular la circulación en sus calles. Esta diferencia puede generar criterios distintos para quienes utilizan scooters, bicicletas eléctricas o vehículos de movilidad personal al trasladarse de una localidad a otra.
En Monterrey, el artículo 105, fracción XV, del Reglamento de Tránsito y Vialidad prohíbe circular sobre las banquetas en bicicletas, patines, triciclos, patinetas o vehículos motorizados. Sin embargo, el ordenamiento no contempla una regulación específica para los scooters eléctricos, situación que ha generado planteamientos para actualizar las disposiciones municipales.
También incorporó estos medios a su oferta de movilidad mediante un programa piloto anunciado en septiembre de 2025, en coordinación con Lime. El proyecto contempló inicialmente 150 unidades, entre 100 scooters y 50 bicicletas eléctricas, con la posibilidad de ampliar la flotilla hasta 2 mil vehículos.
El servicio consideró puntos de conexión en zonas como la Alameda, la Macroplaza, el Paseo Santa Lucía, La Purísima y el Parque Fundidora, con el propósito de facilitar recorridos cortos y conectar distintos puntos de la ciudad.
En San Pedro Garza García, el Reglamento de Movilidad, Tránsito y Seguridad Vial contempla disposiciones expresas para bicicletas y vehículos de micromovilidad. Entre ellas establece requisitos de iluminación, circulación preferente por el carril derecho y la prohibición de transitar por banquetas y espacios destinados a peatones. Además, en septiembre de 2026, el Ayuntamiento aprobó someter a consulta pública una propuesta para incorporar reglas más específicas para scooters y bicicletas eléctricas.
Esta falta de criterios homologados también ha generado dudas entre los usuarios sobre los espacios permitidos, las velocidades máximas y las consecuencias de incumplir las disposiciones municipales.
ACCIDENTES Y CONFLICTOS
El crecimiento de estos medios de transporte también ha estado acompañado de accidentes y situaciones de riesgo en distintos puntos del área metropolitana.
Entre los casos registrados durante 2026 se encuentra el accidente del 13 de marzo en el cruce de Venustiano Carranza y 16 de Septiembre, en Monterrey, donde un joven que circulaba en scooter fue impactado por un automóvil Suzuki y resultó lesionado.
El 14 de junio, en el cruce de Juan Ignacio Ramón y Garibaldi, otro usuario de scooter atropelló a un peatón, quien también resultó lesionado. De acuerdo con los primeros reportes, el conductor del vehículo de movilidad circulaba sobre la banqueta.
En Guadalupe, un hombre de 71 años fue atropellado el 8 de julio por un usuario de scooter en el cruce de Juan Zuazua e Hidalgo. Mientras que el 16 de septiembre, un joven de 19 años sufrió una caída cuando circulaba en uno de estos vehículos por el centro de Monterrey, a la altura de Ignacio López Rayón, cerca de Matamoros.
Los incidentes no se limitan a los scooters. En mayo, un joven de 24 años que viajaba en una bicicleta eléctrica fue impactado por una camioneta en el cruce de Madero y Miguel Nieto, en Monterrey.
También se han registrado accidentes mortales que involucran a ciclistas convencionales. El 22 de mayo, Rafael Rojas Torres, de 72 años, murió luego de que una camioneta lo impactara cuando circulaba en bicicleta por la carretera Mezquital-Santa Rosa, en Apodaca.
Aunque no todos estos casos corresponden a vehículos eléctricos, muestran los riesgos que enfrentan quienes utilizan medios de transporte no motorizados o de menor tamaño al compartir las vialidades con automóviles y unidades de carga.
A estos conflictos se suman las diferencias sobre el uso de espacios públicos. En octubre de 2026, 24 patinadores fueron detenidos en San Pedro Garza García luego de realizar recorridos sin el aviso previo que el municipio exige para actividades que puedan afectar la circulación. El caso abrió una discusión sobre la aplicación de las disposiciones municipales y la forma en que deben regularse las actividades colectivas en la vía pública.
REGULAR, NO PROHIBIR
David Pulido, integrante del colectivo Pueblo Bicicletero, explicó que la discusión no debe centrarse en retirar estos vehículos de las calles, sino en establecer responsabilidades para todos los involucrados. “No se trata de sacar a la micromovilidad de la calle. Se trata de que pongamos las responsabilidades donde están”, señaló.
La organización plantea que la regulación debe partir de las características de cada vehículo, principalmente su velocidad y potencia, para evitar que todos reciban el mismo tratamiento que una motocicleta.
Su propuesta distingue tres categorías. La primera corresponde a vehículos de micromovilidad eléctrica ligera, con una velocidad máxima de diseño de hasta 25 kilómetros por hora y una potencia nominal continua menor a 250 watts. En este grupo se ubicarían scooters y bicicletas eléctricas de asistencia, para los cuales Pueblo Bicicletero propone reglas de circulación sin exigir licencia o seguro individual, además de evitar el registro cuando su peso sea menor a 35 kilogramos.
La segunda categoría contempla ciclomotores eléctricos capaces de superar los 25 kilómetros por hora o contar con una potencia de 250 watts o más, siempre que no rebasen los 45 kilómetros por hora ni 1 kilowatt de potencia. Para estos vehículos, la organización propone un régimen intermedio que incluya identificación, seguro de responsabilidad civil, casco certificado, edad mínima para conducir y una licencia definida en el reglamento. También plantea que no circulen por ciclovías. Los vehículos que superen esos límites quedarían sujetos al régimen correspondiente a las motocicletas.
Pulido explicó que establecer diferencias permitiría asignar obligaciones de acuerdo con el riesgo y la capacidad de cada unidad, sin imponer requisitos desproporcionados a quienes utilizan vehículos ligeros. “La seguridad vial se construye pacificando las calles, pacificando la velocidad de los autos. No persiguiendo a quien camina, a quien anda pedaleando, a quien patina”, expresó.
Como parte de su posicionamiento, Pueblo Bicicletero retomó información del Observatorio Ciudadano de Seguridad Vial correspondiente a 2025. En 11 municipios de Nuevo León se contabilizaron 63 mil 16 incidentes de tránsito, con 3 mil 792 personas lesionadas y 215 fallecimientos.
De acuerdo con el análisis de la organización, casi nueve de cada 10 muertes ocurrieron en hechos donde estuvo involucrado al menos un vehículo motorizado. En el mismo registro identificaron al menos 28 incidentes relacionados con scooters o bicicletas eléctricas, en los que 16 personas resultaron lesionadas.
La organización advierte que las cifras pueden no reflejar todos los hechos ocurridos, debido a las limitaciones en la identificación y clasificación de los vehículos en los registros oficiales. Si se incluyen siete incidentes cuya clasificación no fue concluyente, el total podría llegar a 35 casos.
Al contrastar estos datos con los reportes de Lime, Pulido señaló que es necesario analizar los riesgos sin perder de vista la cantidad de viajes que se realizan y las diferencias entre los periodos y las fuentes de información. “Quien puede hacer más daño tiene más responsabilidad”, expresó.
Pueblo Bicicletero también plantea que las empresas que ofrecen scooters y bicicletas eléctricas deben asumir obligaciones relacionadas con la seguridad de sus unidades y de las personas que las utilizan.
Entre las medidas propuestas se encuentran verificar la edad de los usuarios, dar mantenimiento a los vehículos, establecer límites de velocidad mediante herramientas tecnológicas, retirar unidades dañadas o mal estacionadas y ofrecer capacitación sobre las reglas de circulación.
La organización también considera necesario que las compañías cuenten con seguros y publiquen mensualmente datos abiertos sobre viajes, incidentes y lesiones.
En cuanto a los municipios, propone habilitar espacios específicos para estacionar estos vehículos, mejorar la infraestructura para ciclistas o peatones, establecer medidas para controlar la velocidad y avanzar hacia criterios comunes en la zona metropolitana.
Para los automovilistas, plantea respetar una distancia mínima de 1.5 metros al rebasar a ciclistas, reducir la velocidad y ceder el paso cuando corresponda, además de evitar estacionarse sobre ciclovías o abrir las puertas de los vehículos sin verificar que no se aproxime alguien.
La organización considera que las obligaciones deben distribuirse de acuerdo con el riesgo que representa cada medio de transporte y no concentrarse únicamente en quienes utilizan alternativas de movilidad. “Más que nuevas leyes, falta que se cumplan realmente las que ya están”, afirmó Pulido.
Además, propone que las modificaciones legales se discutan mediante mesas públicas, con la participación de usuarios, especialistas, municipios y empresas. También plantea que los proyectos de reforma se publiquen antes de ser votados para recibir observaciones y explicar cuáles fueron incorporadas.
Entre sus propuestas se encuentra destinar el 38 por ciento de las aportaciones de plataformas de transporte a infraestructura para movilidad no motorizada y micromovilidad. Se trata de un planteamiento de la organización, no de una obligación vigente.
La micromovilidad ya está en las calles de Nuevo León. Ahora, la discusión está en cómo establecer reglas que acompañen su crecimiento sin dejar desprotegidos a quienes la utilizan ni a quienes comparten el espacio público.
Los aprueban, pero desconfían
Para conocer la percepción de quienes utilizan o conviven con estos vehículos, Hora Cero realizó un ejercicio de consulta ciudadana en el área metropolitana. Las opiniones no constituyen una encuesta representativa, pero permiten identificar algunas de las inquietudes que existen alrededor de la micromovilidad.
Entre las ventajas mencionadas está la posibilidad de realizar trayectos cortos sin depender de un automóvil, reducir el tráfico y contar con alternativas que pueden representar un menor impacto ambiental.
Sin embargo, la seguridad aparece como una de las principales preocupaciones. “Son elementos útiles para la movilidad aquí en Nuevo León, ya que pueden disminuir el tráfico, pero a falta de ciclovías y leyes que regulen ese tipo de vehículos es un poco riesgoso”, expresó una de las personas consultadas.
A algunos usuarios les surgieron dudas sobre quién responde cuando ocurre un accidente y si los usuarios cuentan con algún respaldo para cubrir gastos médicos o daños a terceros. “¿Qué te asegura que si te pasa algo te cubrirán los gastos?”, cuestionó otro de los ciudadanos.
Otros coincidieron en que estos medios facilitan los recorridos cortos y representan una opción para evitar el uso del automóvil. No obstante, señalaron que la falta de respeto hacia quienes los utilizan puede convertir sus traslados en una actividad peligrosa. “Monterrey no tiene cultura de respeto hacia estos vehículos; tristemente, no es seguro transportarlos en las calles”, comentó otro participante.
El estacionamiento de los scooters también fue señalado como un problema, particularmente cuando las unidades quedan sobre las banquetas y dificultan el paso de peatones, personas mayores o personas con discapacidad. “Creo que faltan lugares de estacionamiento, pero lugares destinados a esos aparatos, vehículos que no obstruyan la banqueta”.
