Guadalupe Taddei renunció a la presidencia del INE tras una cascada de señalamientos por presuntos conflictos de interés, contratos irregulares y vínculos con proveedores de material electoral.
La Auditoría Superior de la Federación (ASF) abrió una investigación de oficio y la salida de la consejera presidenta se produjo a ocho meses de las elecciones federales de 2027.
El escándalo comenzó con reportes y publicaciones que documentaron la cercanía de Taddei con José Alfredo Hernández Casillas, empresario relacionado con un grupo de empresas proveedoras de material electoral para el INE y organismos públicos locales electorales.
Entre las firmas mencionadas figuran Cajas Graf, Corporativo Zeg, Formas Finas y Materiales, Comercializadora Grupo Selati y Seriplast de México.
Las acusaciones apuntaron a que esas empresas habrían obtenido contratos millonarios del INE y de institutos electorales estatales. También se difundieron videos y fotografías en los que se observa a Taddei, familiares y personas de su entorno en reuniones sociales con Hernández Casillas.
Uno de los señalamientos más delicados involucró a Jonathan Navarrete Torres, chofer de la entonces consejera presidenta, quien apareció como apoderado de Corporativo Zeg, empresa proveedora del INE.
En paralelo, se difundió un video en el que presuntamente aparece Jorge Piñeda Taddei, hijo de la funcionaria, en una habitación de lujo en París junto con Hernández Casillas.
La ASF anunció que iniciaría una investigación de oficio al identificar indicios de posibles irregularidades en las contrataciones del INE. El organismo fiscalizador señaló que las pesquisas incluirían posibles conflictos de interés, colusiones y triangulación de recursos.
Además de la ASF, medios especializados reportaron que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), el SAT y la Fiscalía General de la República investigaban presuntos conflictos de interés relacionados con contrataciones a favor de varias de las empresas señaladas.
La investigación también alcanzó a nombramientos internos. Consejeros del INE cuestionaron que personal vinculado con empresas relacionadas con Hernández Casillas hubiera sido colocado en puestos clave de las áreas operativas del instituto.
Taddei no desmintió de manera específica los señalamientos. En sus mensajes públicos sostuvo que debían verificarse mediante las vías institucionales y calificó parte de la información difundida como “trascendidos, montajes, filtraciones” y versiones cuya autenticidad, contexto y propósito debían corroborarse.
Durante una sesión del Consejo General, representantes del PRI y de Somos le pidieron separarse del cargo para permitir las investigaciones. Ella rechazó entonces renunciar y atribuyó las críticas a un supuesto golpeteo con motivos político-electorales.
Su posición cambió el domingo 25 de octubre, cuando anunció que presentaría su renuncia al día siguiente ante la Cámara de Diputados. En su comunicado afirmó que la decisión respondía a su convicción de proteger al INE y permitir que continuara cumpliendo su misión constitucional.
LA RENUNCIA
El lunes 26 de octubre, Taddei formalizó su dimisión ante la Cámara de Diputados. En su carta señaló que el instituto y sus responsabilidades constitucionales debían prevalecer sobre cualquier interés personal.
Fue la primera vez en los 36 años de historia del INE que un consejero presidente renunciaba en medio de señalamientos de corrupción. Su salida dejó al órgano electoral en medio de un proceso electoral federal y con la necesidad de atender simultáneamente la sucesión y las indagatorias.
La presidenta Claudia Sheinbaum avaló la renuncia y pidió investigar las posibles irregularidades en el manejo de recursos públicos, así como determinar si la exconsejera y otros funcionarios del INE estuvieron involucrados.
La renuncia no cerró el caso. La ASF mantiene la revisión de las licitaciones y los procesos de contratación, mientras el propio INE aceptó las auditorías y aseguró que continuaría con la organización del proceso electoral en curso.
Hasta ahora, los señalamientos son presunciones y ninguna autoridad ha emitido una resolución final de responsabilidad contra Taddei.
Sin embargo, las indagatorias por conflicto de interés, colusión y triangulación de recursos mantienen bajo escrutinio tanto a la exconsejera presidenta como a su entorno y a las empresas proveedoras señaladas.
