Al dar a conocer los resultados de la Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental (ENCIG) y el Censo Nacional de Gobierno, Seguridad Pública y Sistema Penitenciario Estatales (CNGSPSPE), instrumentos elaborados por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) se informó que durante 2017, el 14.6 por ciento de la población adulta que tuvo contacto con un servidor público sufrió algún acto de corrupción.
En México el 56.7 por ciento de población de 18 años y más considera que la corrupción es uno de los problemas más importantes que enfrenta la entidad federativa donde reside, solo por detrás de la inseguridad y la delincuencia.
Al dar a conocer los resultados de la Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental (ENCIG) y el Censo Nacional de Gobierno, Seguridad Pública y Sistema Penitenciario Estatales (CNGSPSPE), instrumentos elaborados por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) se informó que durante 2017, el 14.6 por ciento de la población adulta que tuvo contacto con un servidor público sufrió algún acto de corrupción.
En un comunicado el instituto reveló que ante el debilitamiento de las instituciones, la democracia, la ética y la justicia que deja la corrupción entre las sociedades, y el obstáculo que significa para el desarrollo de las naciones y el estado de derecho, la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción que tiene entre sus objetivos la promoción y el fortalecimiento de medidas para prevenir y combatir la corrupción de manera eficaz y eficiente, facilitar la cooperación internacional y la asistencia técnica.
Ante ello y con el objetivo de trazar estrategias de prevención, combate y sanción contra la corrupción basadas en evidencia, es necesario conocer sus patrones, tendencias y características.
“México ha realizado diversos esfuerzos para hacer frente a esta problemática. La más reciente ocurrió en 2015 cuando se reformó la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para fortalecer las facultades de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) y crear el Sistema Nacional Anticorrupción (SNA), como mecanismo encargado de coordinar la Política en materia de corrupción a nivel nacional. Un año después, se expidieron nuevas leyes que buscaron otorgar piso normativo al combate a la corrupción, tales como la Ley General de Responsabilidades Administrativas, la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa y la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación”, explica el comunicado.
El INEGI indicó que el estudio ofrece una fotografía del problema de la corrupción en nuestro país.
Entre los principales resultados se menciona que la proporción de población que piensa que la corrupción es un acto frecuente en su entidad federativa pasó de 83 por ciento de 2011 a 91.1 por ciento en 2017.
Entre 2015 y 2017, la prevalencia de corrupción en el país aumentó dos puntos porcentuales, motivado principalmente por el incremento en la prevalencia en 20 entidades. Algunas de ellas, como Chiapas, Aguascalientes, Nuevo León y
 y el Censo Nacional de Gobierno, Seguridad Pública y Sistema Penitenciario Estatales (CNGSPSPE), instrumentos elaborados por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) se informó que durante 2017, el 14.6 por ciento de la población adulta que tuvo contacto con un servidor público sufrió algún acto de corrupción.){kind=link}