Nuevo León cierra el ejercicio 2026 como lo ha hecho en los últimos años: sin un presupuesto nuevo aprobado y operando bajo la figura de la reconducción presupuestal. Lo que debería ser un trámite técnico y político anual se ha convertido en una confrontación permanente entre el Poder Ejecutivo y el Legislativo que ya anticipa un escenario similar para el paquete fiscal 2027.
Mientras el Gobierno del Estado convoca a mesas de trabajo para construir el presupuesto del próximo año, las bancadas del PRI y el PAN condicionan cualquier diálogo a dos exigencias previas: el nombramiento de un tesorero con aval del Congreso y el pago de recursos que, aseguran, se adeudan a municipios de oposición.
Así, sin acuerdos políticos viables en el horizonte, las condiciones mínimas para construir, negociar y aprobar el Paquete Fiscal 2027 se encuentran fracturadas por disputas que involucran la titularidad de la Secretaría de Finanzas y Tesorería General del Estado, la retención de fondos municipales, la capacidad de endeudamiento y el control del gasto público en organismos autónomos.
Del otro lado, Movimiento Ciudadano acusa a la oposición de intentar sepultar el presupuesto y de frenar el desarrollo del estado con pretextos administrativos.
ESTADO DE NUEVO LEÓN SIN NUEVO PRESUPUESTO
El origen de la crisis actual está en el presupuesto 2026; el Congreso del estado aprobó una propuesta a finales de 2024 y de nuevo en marzo de 2026, pero el gobernador Samuel García Sepúlveda la vetó. Ante la falta de acuerdo, el Estado opera bajo el esquema de “reconducción” con el presupuesto de 2025.
Esa reconducción implica que no hay actualización de partidas ni reasignación consensuada para nuevas necesidades de 2026. Según lo expuesto por el Gobierno en la reunión informativa del 2 de septiembre en la Tesorería, se ha ejercido alrededor del 54% del presupuesto reconducido y se han mantenido sin afectación los programas de educación, salud y seguridad.
Para la oposición, sin embargo, la reconducción es la prueba del fracaso de la negociación; la diputada panista Claudia Caballero Chávez considera que la discusión del presupuesto 2026 ya perdió viabilidad tras el veto y que ahora todos los esfuerzos deben concentrarse en el ejercicio fiscal 2027, cuya propuesta debe llegar al Congreso a más tardar el 20 de noviembre para que pueda ser analizada con tiempo.
NOMBRAMIENTO DE TESORERO, PARTE DEL CONFLICTO
En el centro del conflicto hay un nombre y una figura jurídica: Ulises Carlín de la Fuente, encargado del despacho de la Secretaría de Finanzas y Tesorería General del Estado.
Para el Gobierno del Estado y para Movimiento Ciudadano, Carlín tiene plena facultad para ejercer el cargo. La coordinadora de MC, Sandra Pámanes Ortiz, sostiene que su figura está reconocida por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y está prevista en la ley, por lo que cuenta con capacidad legal para encabezar la negociación presupuestal.
Para el PRI y el PAN, el tesorero no existe. El coordinador de la bancada del PAN, Carlos de la Fuente Flores, y el coordinador del PRI, Heriberto Treviño Cantú, argumentan que la Constitución local establece que el titular de la Tesorería debe ser propuesto por el Ejecutivo y ratificado por el Congreso. Al no haberse cumplido ese procedimiento, no hay interlocutor formal.
Treviño Cantú lo definió como una situación sumamente delicada que genera incertidumbre jurídica y financiera. Advirtió que ya se transita por el octavo mes del año sin un titular formalmente ratificado y que, si no se corrige, Nuevo León enfrentará severas dificultades para contar con un presupuesto aprobado al cierre de la actual administración.
“La falta de un titular formal de la Tesorería genera incertidumbre jurídica y financiera, lo cual es una situación muy delicada y si Gobierno no corrige, desde ahora podemos pronosticar que viene otro año complicado y sin un avance claro en el Presupuesto 2027”, señaló.
La misma postura la sostiene la presidenta de la Comisión de Presupuesto, la priísta, Lorena de la Garza Venecia, quien puso tres condiciones para retomar el diálogo: que el Ejecutivo presente un proyecto formal de presupuesto, que cuente con un tesorero avalado por el Congreso y que transparente el destino de la deuda pública y el nuevo endeudamiento que pretende solicitar. Además, exigió el compromiso del gobernador de no vetar el presupuesto que apruebe el Congreso.
“El Congreso ha hecho su trabajo. Él es el que ha obstaculizado el que Nuevo León tenga un presupuesto vigente”, afirmó.
Las bancadas del PRI y el PAN han articulado su posición en dos frentes: el institucional y el municipalista.
En lo institucional, la diputada del PAN Claudia Caballero afirmó: “Vamos primero a nombrar a un tesorero y luego que venga, en tiempo y forma, ese presupuesto”. Exigió que el próximo proyecto presente cifras claras, deuda transparente y un ejercicio responsable de los recursos.
En la misma línea, la secretaria de la Comisión de Presupuesto, la priísta Armida Serrato Flores, consideró que el legislativo ya no tiene tiempo para retomar 2026 y que la prioridad debe ser nombrar al tesorero y luego iniciar la negociación para 2027.
Sobre la posible propuesta de Ulises Carlín, dijo que tendría que comparecer para modificar la percepción que tienen los legisladores sobre su capacidad.
El segundo frente es el de los municipios. El PAN y el PRI denuncian que el Gobierno estatal retiene más de mil 292 millones de pesos, cifra que en otras declaraciones han elevado a más de mil 400 millones, correspondientes a municipios gobernados por la oposición.
Carlos de la Fuente pidió que en la mesa de negociación del Presupuesto 2027 se incluya a los alcaldes, no solo a cámaras empresariales, al Consejo Nuevo León y a organizaciones de la sociedad civil, como estaba previsto en la convocatoria del 2 de septiembre.
Por ello, decidieron no acudir a la reunión, al no existir condiciones de confianza y se atiendan los adeudos.
El diputado priista Javier Caballero Gaona resumió la desconfianza en Samuel García en torno al presupuesto: “Ese perro ya nos mordió muchas veces, no tenemos la confianza en el Ejecutivo, queremos que den pasos firmes para generar esta confianza“.
MOVIMIENTO CIUDADANO NO VE IMPEDIMENTO JURÍDICO
La respuesta de Movimiento Ciudadano: desbloquear la negociación
Para Movimiento Ciudadano, condicionar el presupuesto al nombramiento del tesorero es una postura absurda.
Sandra Pámanes Ortiz, coordinadora de la bancada emecista, sostuvo que el gobernador es el responsable de presentar y ejecutar el presupuesto y que no existe impedimento jurídico para avanzar en su aprobación. Calificó de grave irresponsabilidad que PRI y PAN anticipen el rechazo al Presupuesto 2027.
“Es muy lamentable que se anticipen a esto y que desde este momento estén dando por muerto un presupuesto que debería de estar considerado incluso por sus propias autoridades, por los municipios. Es también sepultar el desarrollo de los municipios gobernados por ellos”, dijo.
Pámanes Ortiz remarcó que el secretario general de Gobierno, Miguel Ángel Flores Serna, convocó a todas las fuerzas políticas a iniciar el análisis del Presupuesto 2027, aunque esto fue desatendido por las bancadas de priístas, panistas, morenistas e independientes.
Aseguró que todavía existe la posibilidad de alcanzar acuerdos incluso para los últimos meses de 2026, porque organismos como la Fiscalía General de Justicia y el Poder Judicial han señalado necesidades presupuestales urgentes.
“A pesar de quererlo mantener como rehén, el gobierno del Estado ha tenido una habilidad financiera importante, un manejo adecuado de los recursos que le ha permitido salir adelante”, afirmó.
MESA VACÍA Y DESCALIFICATIVOS
La reunión del 2 de septiembre en la Tesorería marcó el punto más tenso. A la cita acudieron la coordinadora del PT, Guadalupe Rodríguez Martínez; la coordinadora del PVEM, Claudia Chapa Marmolejo; el diputado independiente Rodrigo Montemayor Romero, en proceso de conformar la bancada “4T Abierta”, y Sandra Pámanes de MC. No asistieron PAN, PRI, PRD ni el Grupo Independiente Únete Pueblo.
Flores Serna calificó el encuentro como positivo e informativo, no de negociación, y rechazó que existan adeudos por mil 292 millones a municipios. “Si existieran dichos adeudos, pues la mejor mesa para dialogarlo sería precisamente esta”, sostuvo.
Horas antes, el gobernador Samuel García había elevado el tono. Tras semanas de convocar al diálogo, llamó “mamilas” a los diputados del PRI y PAN y advirtió que no negociará ni dará “moches”.
“Ya andan los diputados del PRIAN muy mamilas que ‘primero paga y luego me siento’. No, no van a negociar, ni van a chantajear, ni van a tener moches del Nuevo Nuevo León. Si quieren jalar por Nuevo León, ahí va a estar la mesa en Tesorería; si no quieren jalar, no pasa nada, que no vayan; el año que entra los van a correr de Nuevo León por pusilánimes, por chantajistas”, declaró durante un recorrido en Salinas Victoria.
El mandatario también rechazó adeudos con Monterrey y Escobedo. Sobre Escobedo y el proyecto del Triángulo Norte, dijo que el estado entregó 300 millones de pesos extras sin estar obligado y que la obra está incompleta.
Al alcalde con licencia de Escobedo, Andrés Mijes, dijo que “ya le dicen La Llorona”.
Sobre Monterrey, afirmó que los apoyos que reclama el alcalde Adrián de la Garza corresponden a compromisos de 2021 y 2022 con la administración de Luis Donaldo Colosio para puentes y corredores verdes, que jurídicamente ya no pueden pagarse en 2026.
“No nos van a chantajear… no estamos obligados”, sentenció.
GUERRA DE SALDOS BANCARIOS
A la disputa por el tesorero y los municipios se sumó una confrontación por la suficiencia presupuestal.
El Ejecutivo difundió datos de las Cuentas Públicas y los informes trimestrales para argumentar que los Poderes y organismos autónomos tienen recursos suficientes para cerrar 2026.
Según esos datos, el Consejo de la Judicatura pasó de 677 millones 750 mil 258 pesos en bancos al cierre de 2025 a 850 millones 998 mil 401 pesos al segundo trimestre de 2026.
La Fiscalía General de Justicia pasó de 724 millones 800 mil 492 a 839 millones 756 mil 48 pesos; el Congreso de 118 millones 962 mil 89 a 137 millones 494 mil 158 pesos; el Auditoría Superior de 24 millones 218 mil 878 a 60 millones 837 mil 108 pesos.
A su vez, el Instituto Estatal Electoral de 47 millones 883 mil 675 a 60 millones 539 mil 250 pesos; el Tribunal Electoral bajó ligeramente de 34 millones 482 mil 881 a 33 millones 995 mil 180 pesos; el Instituto Estatal de Transparencia reportó 16 millones 180 mil 598 pesos y la CEDH 6 millones 397 mil 513 pesos.
La respuesta fue conjunta. Poder Judicial, CEDH, Fiscalía, Congreso, Instituto de Transparencia y Auditoría Superior rechazaron que esos saldos sean recursos ociosos. Sostuvieron que están comprometidos para nómina, proveedores, impuestos, retenciones y contratos vigentes.
“Los recursos que aparecen en las cuentas bancarias de los Poderes y Organismos Autónomos no son recursos ociosos ni excedentes presupuestales; son recursos destinados a garantizar la operación y el cumplimiento de sus obligaciones durante el ejercicio fiscal”, señalaron.
Además, contraatacaron señalando que el propio Gobierno estatal reporta 8 mil 842 millones de pesos en bancos, monto que permitiría cubrir el presupuesto anual de varias instituciones.
Advirtieron que pretender que agoten su liquidez antes de recibir ministraciones no es disciplina financiera y que se opera bajo un presupuesto reconducido de 2025 sin actualización.
DEUDA, MUNICIPIOS Y LO QUE VIENE
El otro gran tema del Presupuesto 2027 será la deuda. De la Fuente Flores advirtió que el Ejecutivo pretende contratar deuda por hasta 15% de sus ingresos de libre disposición, lo que representaría entre 15 mil y 20 mil millones de pesos en el último año de administración.
Consideró que cualquier financiamiento debe estar vinculado a proyectos que beneficien directamente a los ciudadanos y analizó que no debe haber programas que calificó como electoreros mientras se detienen apoyos a organizaciones civiles.
Pámanes, en contraste, respaldó la posibilidad de financiamiento al señalar que Nuevo León mantiene semáforo verde en el sistema de alertas de la Secretaría de Hacienda y que existe capacidad para infraestructura siempre que los recursos estén etiquetados.
En medio, los municipios con menor capacidad económica, como los rurales y de la zona citrícola, han sido señalados por la legisladora del PT Guadalupe Rodríguez como los más afectados por la falta de acuerdo.
Hoy el escenario es de diálogo roto. El Gobierno insiste en que las puertas están abiertas y que una nueva reconducción no sería óptima porque implicaría menos recursos para hospitales, escuelas y espacios públicos, aunque asegura que las Líneas 4 y 6 del Metro no están en riesgo.
La oposición insiste en que no hay condiciones mínimas sin tesorero ratificado y sin transparencia sobre deuda y destino de recursos para infraestructura pluvial.
En este escenario de posturas polarizadas, acusaciones cruzadas de manipulación financiera y procesos judiciales pendientes sobre la aprobación presupuestal, Nuevo León enfrenta el cierre del ejercicio 2026 en un clima de alta incertidumbre institucional.
La falta de consensos entre el Ejecutivo estatal y la mayoría legislativa anticipa una compleja transición hacia el año fiscal 2027, manteniendo en pausa la definición de la política hacendaria de la entidad.
