El debate sobre la paridad de género en Nuevo León entrará en ebullición en el presente año, rumbo a la elección para la gubernatura de 2027, pues la proyectada propuesta y bautizada como “Ley Mariana” tiene ya en el “ring” político al gobernador, Samuel García Sepúlveda, con su partido Movimiento Ciudadano, contra el Congreso del Estado, dominado por el PRI y el PAN.
La apuesta es clara: los naranjas que comandan el Palacio de Gobierno buscan pavimentar el camino para dejar paso libre a Mariana Rodríguez Cantú, a efecto de que tenga la posibilidad de suceder en el cargo a su marido y encabece el Ejecutivo estatal en el sexenio 2027-2033.
Esta jugada de ajedrez tumbaría del tablero electoral por la gubernatura a Adrián de la Garza Santos, quien con la alianza PRI-PAN, buscaría como en 2021, postularse de nueva cuenta.
En 2024, Mariana Rodríguez y Adrián de la Garza fueron contendientes por la alcaldía de Monterrey, que a la postre ganó el tres veces munícipe regiomontano; hoy antes de que inicie el año electoral rumbo al 2027, la batalla está de nuevo declarada.
Lo que en otras entidades ha sido un proceso gradual de armonización legal con la reforma federal de “Paridad en Todo”, en Nuevo León se ha convertido en un choque frontal entre poderes Ejecutivo y Legislativo del estado.
De aprobarse, la “Ley Mariana” podría redefinir por completo la elección de gobernador en 2027 y alterar el equilibrio de fuerzas rumbo al siguiente sexenio.
La intención del gobierno estatal y de Movimiento Ciudadano es obvia: empujar una reforma electoral que obligue a la paridad o incluso a la alternancia de género en la gubernatura, abriendo así el camino para que Nuevo León tenga, por primera vez en su historia, una mujer al frente del Ejecutivo estatal.
“LEY A MODO” PARA MARIANA
Para la oposición, en cambio, se trata de una “ley a modo”, diseñada para allanar el camino político de ç Cantú, esposa del gobernador y una de las figuras públicas con mayor posicionamiento mediático en la entidad.
El choque no es menor; la eventual aplicación de esta reforma tendría un efecto directo sacar de la contienda a uno de los perfiles más competitivos de la oposición, el alcalde de Monterrey, Adrián de la Garza Santos, quien busca su “némesis”, tras el fracaso de 2021, contra Samuel García, al no llegar al palacio de cantera.
Aunque la elección de 2027 aún parece lejana, la confrontación política ya está declarada. Movimiento Ciudadano colocó la paridad de género como eje central de su Agenda Temática Mínima para el Segundo Periodo Ordinario del Congreso local, subrayando la necesidad de avanzar hacia la “paridad total” no solo en candidaturas, sino en órganos autónomos, gabinetes y gobiernos municipales.
La diputada Paola Linares López dejó claro que la intención es legislar de inmediato, sin esperar a 2030, como proponen algunos sectores.
En el mismo tenor, la coordinadora de la bancada naranja, Sandra Pámanes Ortiz, calificó la paridad como un “tema impostergable” y advirtió que la falta de reformas en Nuevo León lo mantiene rezagado frente a otras entidades que ya han incorporado reglas claras para cargos unipersonales como la gubernatura.
En opinión de Pámanes, no se trata sólo de cuotas, sino de alternancia y de reglas que garanticen que las mujeres no sean relegadas a candidaturas simbólicas o con pocas posibilidades reales de triunfo.
En ese discurso, Movimiento Ciudadano sostiene que la paridad debe aplicarse ya, en 2027, y no postergarse bajo el argumento de evitar interferencias políticas.
¿PARIDAD O LEY CON DEDICATORIA?
Del otro lado del cuadrilátero, las reacciones han sido inmediatas; el alcalde de Monterrey, Adrián de la Garza Santos, rechazó cualquier intento de “definir por ley” quién debe gobernar Nuevo León, al considerar que esto vulnera el derecho de la ciudadanía a elegir libremente.
Ello, al señalar el edil que imponer un género en una elección unipersonal no es una acción afirmativa legítima, sino una maniobra para favorecer a una persona en específico.
“Están tratando de alguna forma de imponer a una candidata para que sea la próxima gobernadora, creo que esto le falta el respeto al ciudadano de Nuevo León. Son cosas de elemental sentido común”, sostuvo.
En el Congreso, la diputada del PRI Lorena de la Garza Venecia ha sido una de las voces más críticas; su postura resume el sentir de gran parte de la oposición: “Paridad sí, trampas no”.
En opinión de la priísta, la paridad es una causa histórica de las mujeres, pero no puede utilizarse como instrumento de chantaje político ni como atajo para imponer candidaturas con nombre y apellido.El PAN ha fijado una posición similar. Su coordinador legislativo, Carlos de la Fuente Flores, ha señalado que difícilmente la iniciativa de Movimiento Ciudadano alcanzará los votos necesarios, sobre todo después de que la presidenta Claudia Sheinbaum se pronunciara en contra de las imposiciones de género desde la ley, subrayando que la definición de candidaturas corresponde a los partidos políticos.
Incluso Morena, que a nivel nacional ha sido impulsor de la paridad, ha marcado distancia; la diputada local Greta Barra Hernández afirmó que su bancada apoya la paridad en gabinetes y la capacitación política de mujeres, pero no reformas que impongan candidaturas condicionadas al género, al considerar que las imposiciones suelen generar efectos contraproducentes.
MARIANA SE DESMARCA DEL DEBATE
En medio del fuego cruzado, Mariana Rodríguez Cantú ha buscado desmarcarse del señalamiento de que la reforma lleva su nombre y su destino político.
Desde su posición como titular de Amar a Nuevo León, ha insistido en que la paridad no es una ocurrencia reciente ni una bandera personal, sino el resultado de décadas de lucha de las mujeres.
Su discurso va en el sentido de que la paridad no pertenece a una persona, a una familia ni a un proyecto político, “la paridad no es Mariana, la paridad somos todas”, afirmó, al rechazar la narrativa de que se trate de una ley diseñada para su beneficio personal.
Sin embargo, en el terreno político, el simbolismo es inevitable: su nombre, su cercanía con el gobernador y su presencia constante en la conversación pública convierten a la “Ley Mariana” en un tema cargado de lecturas electorales.
PUGNA PERMANENTE EJECUTIVO-LEGISLATIVO
Más allá del discurso de derechos, el debate sobre la paridad en la gubernatura se ha convertido en una pieza central de la negociación política en el estado; la tensión entre el Ejecutivo y el Congreso no sólo se refleja en este tema, sino también en discusiones presupuestales y en la relación institucional entre poderes.
La “Ley Mariana” es, en ese sentido, mucho más que una reforma electoral: es un símbolo del pulso de poder que se libra en Nuevo León rumbo a 2027, mientras que para Movimiento Ciudadano, representa la oportunidad de capitalizar un discurso progresista y abrir una ruta inédita hacia la gubernatura, en el caso de la oposición, es una frontera que no están dispuestos a cruzar, al considerar que pone en riesgo la equidad democrática.
Si la reforma no avanza en el Congreso, todo indica que la última palabra podría venir, como en otros estados, desde los órganos electorales o los tribunales; lo que está en juego no es sólo quién será candidato o candidata en 2027, sino el modelo bajo el cual se definirá el acceso de las mujeres a uno de los cargos más relevantes del poder público en México.
NL no es un caso aislado
El conflicto en Nuevo León no es un caso aislado; en la última década, el avance de la paridad en las gubernaturas de México ha sido impulsado, en gran medida, por sentencias del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) y acuerdos del Instituto Nacional Electoral (INE), ante la resistencia o lentitud de los Congresos locales.
Entidades federativas como el Estado de México e Hidalgo ya cuentan con legislación consolidada que establece la paridad y la alternancia en la postulación a la gubernatura. Jalisco, Yucatán y Puebla también han avanzado en reformas que obligan a los partidos a garantizar condiciones reales de competencia para las mujeres.
En otros casos, como Coahuila o San Luis Potosí, los intentos de legislar han enfrentado reveses judiciales o siguen en debate, pero el tema se mantiene como prioridad en sus agendas políticas.
En casi todos estos procesos, el patrón ha sido similar: falta de consenso legislativo, intervención de autoridades electorales y resoluciones de última hora que terminan definiendo el rumbo.
En Nuevo León, la falta de acuerdos claros en el Congreso abre la puerta a un escenario ya conocido en otras entidades: que la decisión final no provenga del Poder Legislativo, sino del Instituto Estatal Electoral, del Instituto Nacional Electoral (INE) o incluso de una sentencia del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).
Durante 2025, el Instituto Electoral de Nuevo León realizó mesas de trabajo y estudios para diseñar acciones afirmativas que garanticen la paridad sustantiva en 2027; aunque una sentencia del TEPJF en octubre de ese año evitó pronunciarse de fondo por el desistimiento de la parte promovente, el tema sigue latente.
