El control del Congreso: la eterna pugna

La suma de tres nuevos integrantes a la bancada de Movimiento Ciudadano (Francisco del Bosque, Brenda Velázquez y Berenice Martínez), que originalmente formaban parte del grupo legislativo de Morena colocó a los naranjas con 13 diputados y por unos días como el grupo legislativo mayoritario en el Congreso de Nuevo León, pero sólo fue el principio de una disputa por el control de la LXXVII Legislatura estatal.
Esto trajo consigo la conformación del grupo legislativo “Recuperemos Nuevo León”, integrado por 17 diputados locales provenientes del PRI y del PAN, lo que abrió una nueva y agria batalla institucional en el Congreso del Estado
Lejos de ser un simple reacomodo de siglas o de coordinaciones, el movimiento detonó un choque frontal sobre la legalidad interna del Poder Legislativo, el alcance de la Ley Orgánica, la correlación de fuerzas frente al Ejecutivo estatal encabezada por Samuel García Sepúlveda y el destino de la única bancada independiente constituida previamente, encabezada por el diputado, Rodrigo Montemayor Romero.

NUEVO GRUPO LEGISLATIVO EN EL LIMBO LEGAL

El episodio agudizó las diferencias políticas que atraviesa a el Congreso nuevoleonés en la recta final del año, marcadas por la discusión del paquete fiscal, el proceso de juicio político contra el ejecutivo estatal, los señalamientos por el manejo de recursos públicos y la disputa por los espacios de decisión parlamentaria como la Comisión de Coordinación y Régimen Interno (COCRI).
A favor de la nueva figura se colocaron la diputada Lorena de la Garza Venecia, designada coordinadora del bloque; la presidenta de la Mesa Directiva, Perla Valdez Villarreal, y los coordinadores legislativos del PAN y del PRI, Carlos de la Fuente Flores y Heriberto Treviño, quienes se mantuvieron con dos diputados en sus bancadas.
En contra, y con acusaciones directas de ilegalidad, se pronunciaron tanto la coordinadora de Movimiento Ciudadano, Sandra Pámanes Ortiz, como el propio Rodrigo Montemayor, quien llevó el conflicto ante los tribunales electorales.
Para los impulsores del grupo legislativo “Recuperemos Nuevo León”, la decisión responde a la necesidad de contener lo que califican como abusos del gobernador Samuel García y de sus representantes dentro del recinto legislativo, así como de proteger la autonomía y las facultades de fiscalización del Congreso.
De la Garza Venecia argumentó que los legisladores del PRI y del PAN ya trabajaban como alianza desde la legislatura anterior y que dar este paso formal busca defender a Nuevo León y a las familias del estado.
En su posicionamiento, enumeró una serie de señalamientos contra el Ejecutivo estatal: la falta de publicación y vigencia de un presupuesto nuevo y actualizado para 2026, tras el veto a la Ley de Ingresos, el desacato o retraso en la publicación de seis decretos cuya validez fue reconocida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, lo que motivó un exhorto del Congreso en septiembre anterior, la omisión de enviar antes del 1 de abril la propuesta para encabezar la Tesorería del Estado, y la impugnación ante la Corte, cuando una comisión legislativa aprobó un juicio político en su contra.
Asimismo, la diputada local emanada del PRI advirtió que el interés del mandatario por ampliar la bancada de Movimiento Ciudadano obedece a la intención de eludir la rendición de cuentas y evitar un juicio político, además de exigir el envío a tiempo y completo del paquete fiscal (que sí se dio el 17 de noviembre, tres días antes del plazo legal), acompañado de un titular de la Tesorería (situación que no se ha cumplido).
Aclaró que las bancadas del PRI y del PAN permanecen, mencionando que en Acción Nacional quedaron Carlos de la Fuente y Myrna Grimaldo, y en el Revolucionario Institucional, Javier Caballero y Heriberto Treviño, mientras que los 17 integrantes de “Recuperemos Nuevo León” conservan sus causas y agendas particulares, pero se articulan en torno a un objetivo común.
En el plano jurídico, De la Garza argumentó que la Ley Orgánica del Congreso establece que solo puede existir un grupo legislativo independiente y que su bloque se adhiere a esa figura, levantando un acta constitutiva en la que se le designó coordinadora y extendiendo una invitación a Rodrigo Montemayor para permanecer en el espacio, lo que elevaría a 18 el número de integrantes.
Sobre la impugnación promovida por Montemayor, sostuvo que los asuntos de carácter parlamentario no corresponden a los tribunales electorales y defendió la legalidad de la bancada.
Por su parte, Carlos de la Fuente Flores reforzó la postura de que se trata de una sola bancada independiente con 17 firmas de 18 integrantes, que cambió el nombre y la coordinación por mayoría, y que si Montemayor no está conforme puede sumarse a otro grupo legislativo.
El coordinador panista defendió que la política en un órgano colegiado se define por votos y acuerdos, sostuvo que los legisladores no están obligados a renunciar a su militancia partidista, dejando esa cuestión a la autoridad electoral, y recordó que la coalición opositora obtuvo el respaldo mayoritario en las urnas en 2024 como contrapeso al Ejecutivo, además de mencionar las observaciones de la Auditoría Superior de la Federación sobre más de 7 mil millones de pesos y el acompañamiento brindado a legisladoras como Rocío Montalvo ante presuntas presiones o violencia política.

ACUSA VIOLACIÓN A LA LEY ORGÁNICA

Desde la bancada de Movimiento Ciudadano, la respuesta fue inmediata, la coordinadora legislativa, Sandra Pámanes Ortiz calificó la constitución de “Recuperemos Nuevo León”, como una maniobra fuera del marco legal y del reglamento interno, y acusó a la presidencia del Congreso de actuar de manera facciosa al declarar la integración del grupo sin cumplir con los requisitos normativos.
Pámanes Ortiz centró su argumentación en los artículos 40, 43, 46 y 49 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, señalando que la norma impide la existencia de dos grupos legislativos independientes y exige que quienes integren una bancada independiente renuncien al partido político que los postuló, algo que no ocurrió.
Subrayó además que no existe un acta o aceptación formal de quien encabezaba previamente la bancada independiente para incorporar a los 17 legisladores, ni un dictamen previo de la Comisión de Coordinación y Régimen Interno (COCRI) que avalara la declaratoria.
La coordinadora emecista también recordó que en el pasado, cuando se discutió la posibilidad de crear otra bancada independiente, el propio Carlos de la Fuente sostuvo que la ley no lo permitía, por lo que acusó a la alianza opositora de acomodar el marco normativo a conveniencia ante lo que describió como una pérdida de control político.
En el mismo sentido, señaló que no se dio trámite a la licencia de la diputada Rocío Montalvo ni a la incorporación de su suplente, Marlene Gárate, anticipando que Movimiento Ciudadano promovería recursos legales, incluido un juicio para la protección de los derechos político-electorales, así como impugnaciones contra el reconocimiento de la nueva bancada.

En su exposición, Pámanes Ortiz también lanzó críticas políticas contra las dirigencias y liderazgos “fácticos” del PAN y del PRI, mencionando a figuras como Zeferino Salgado, Raúl Gracia, Adrián de la Garza y Francisco Cienfuegos, acusándolos de anteponer intereses de grupo sobre los de la ciudadanía y de debilitar institucionalmente a sus propios partidos.

VA A TRIBUNALES Y GRITA “TRAMPA”

El conflicto sumó un frente decisivo con la postura del diputado local independiente, Rodrigo Montemayor Romero, quien rechazó haber sido consultado o haber firmado documento alguno para que 17 legisladores del PRI y del PAN ingresaran al grupo legislativo independiente que él constituyó y coordinó, al que denominó “4T Abierta”.
Montemayor sostuvo que el Congreso se encuentra atrapado entre dos facciones: por un lado, lo que llamó el PRIAN, buscando controlar el presupuesto de egresos mediante recursos reglamentarios; y por el otro, Movimiento Ciudadano, intentando blindar al gobernador de un juicio político y de investigaciones.
Para respaldar su postura, enumeró tres puntos centrales:
Inobservancia del procedimiento: Recordó que su coordinación y la constitución del grupo legislativo independiente quedaron formalizadas mediante el Acuerdo 272, aprobado por unanimidad de 36 votos el 13 de octubre y publicado en el Periódico Oficial del Estado el 6 de noviembre pasado, tras un trámite que tomó 43 días.
Argumentó que lo aprobado por el Pleno solo puede modificarse por el Pleno, que la Presidencia debe dar curso legal y turnar a comisiones conforme al reglamento, y que en este caso se realizó primero una declaratoria, sin dictamen previo de la COCRI ni aceptación del coordinador.
Falta de renuncia partidista: Sostuvo que la ley define como independientes a quienes dejan de pertenecer al partido que los postuló y se declaran como tales, mientras que quienes abandonan un grupo sin integrarse a otro quedan como diputados sin partido.
Señaló que los legisladores del PRI y del PAN dejaron sus bancadas, pero no renunciaron a sus militancias partidistas, lo cual quedó reflejado en declaraciones públicas de De la Garza, mientras que en su grupo no hay militantes de partidos, acreditado con padrones oficiales.
Impugnación judicial: El 13 de noviembre presentó ante el Tribunal Electoral del Estado de Nuevo León un Juicio para la Protección de los Derechos Político-Electorales del Ciudadano para dejar sin efectos la maniobra, además de solicitar por escrito a la Presidencia del Congreso el fundamento legal, copia de los escritos y actas, y el respeto a su calidad de coordinador.
En un mensaje posterior, Montemayor endureció el tono y calificó a Lorena de la Garza como “la diputada trampa”, acusándola de intentar sumar su voto sin su consentimiento para alcanzar una mayoría de 22 de 42 diputados en el Pleno y de “triangular” diputados para apoderarse del Congreso, asegurando que su curul no se presta, no se renta ni se deja triangular.

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