Violencia recibe al nuevo fiscal

A menos de un mes de asumir el cargo de Fiscal General del Estado de Nuevo León, Gustavo Adolfo Guerrero Gutiérrez se enfrenta a una ola de criminalidad que ha dejado más de 140 muertes violentas en este 2018.
Y cifra sigue en aumento, lo que hace prever que si la tendencia sigue igual, este año será uno de los más violentos de la última década, incluso comparado con la época en que las bandas del narcotráfico se disputaba a sangre y plomo el control de la zona metropolitana.
El ex presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado rindió protesta como Fiscal General el 10 de marzo tras de ser designado por la votación de la mayoría de los diputados locales, con plena autonomía del gobernador en turno.
Dentro del Nuevo Sistema de Justicia, la Fiscalía General, junto a las fiscalías electoral y anticorrupción, suplen en la práctica lo que antes era la Procuraduría General de Justicia del Estado, organismo subordinado al gobernador.
El Fiscal General asumió el puesto y las responsabilidades que dejó pendientes el ex procurador Bernardo González Garza, quien a pocos días del relevo fue designado como secretario de Seguridad Pública Estatal, reemplazando a Arturo González García, quien ahora será responsable de administrar los penales estatales.
Apenas en enero, Rosa Manuela Félix Valles renunció a la Comisaría General de la Agencia de Administración Penitenciaria y casi tres meses después, se hizo el enroque para designar en su lugar al general González García, claro está, con el aval de la Secretaría de la Defensa Nacional, indicó el gobernador interino Manuel González Flores.
Al asumir el nombramiento, el nuevo secretario de Seguridad Pública Estatal subrayó el interés de conformar una policía cercana a la ciudadanía y priorizar la atención en sitios o zonas conflictivas, como, por ejemplo, los limites con el estado vecino de Tamaulipas.
“Se valorará el número de policías que se tienen hasta el momento, y el nivel de despliegue que se tiene en el estado, y habrá que reconformar –la vigilancia- en algunas colonias conflictivas”, comentó Bernardo González Garza.
Definió que la frontera con la vecina entidad se verá reforzada la vigilancia por parte de la Secretaría de Seguridad Pública, con el apoyo de la Policía Militar.
Pero estos cambios se dieron en un periodo de alta violencia, con ejecuciones y balaceras en restaurantes y calles y avenidas de toda la zona metropolitana de Monterrey.
Lo mismo en San Pedro, Guadalupe, Monterrey o Escobedo, sin dejar de pasar a Cadereyta de Jiménez, San Nicolás de los Garza o Guadalupe, cada día se reportan homicidios dolosos y ejecuciones, o bien persecuciones de delincuentes y enfrentamientos entre grupos criminales o bien, con policías federales o estatales.
Una situación de violencia creciente de la que los diputados del Congreso del Estado culpan al Gobierno de ineficiente, omiso o incapaz de hacer frente al problema.
Las estadísticas de homicidios dolosos no dejan ninguna duda: algo esta fallando al presentarse de enero a marzo 147 crímenes violentos, a los que se suman, en apenas del 1 al 20 de abril más de 45 aunque la cifra varia día a día.
Si se compara el primer trimestre de cada año, a partir del 2015 a la fecha, se puede apreciar el aumento paulatino en los actos de violencia: en el 2015, los primeros tres meses arrojaron 98 crímenes; en el 2016, la cifra fue de 176.
Y de enero a marzo del 2017, las muertes violentas sumaron 151 casos, superior en cuatro incidentes a los registrados en el mismo periodo de este 2018, que cerró con 147.
Aunque sólo le correspondió al Gobierno Independiente que encabezó Jaime Rodríguez “El Bronco” los meses de octubre, noviembre y diciembre del 2015, con un saldo en ese periodo de 106, ese año la cifra de homicidios cerró en 451 casos, aunque los números de dispararían en los próximos meses.
Por ejemplo, de acuerdo a la ya desaparecida Procuraduría General de Justicia del Estado, en el 2016 los homicidios llegaron a la cifra de 644, y en el siguiente año se elevó a 656.
De mantenerse la tendencia, el 2018 año de elecciones y cambio de poderes a nivel federal y alcaldías, se prevé que la tasa de homicidios pudiera llegar hasta los 700 a fines de diciembre.
Ante ello, legisladores del PAN y PRI exhortaron al gobierno del Estado encabezado por el mandatario interino González Flores a aplicar acciones concretas para prevenir y en su caso disminuir la ola criminal.
En un exhorto enviado a la presidenta del Congreso local, la diputada independiente Karina Marlen Barrón Perales, diputados integrantes del grupo legislativo del Partido Acción Nacional propusieron la aprobación de un punto de acuerdo para exhortar al gobierno local a realizar las acciones necesarias para disminuir y erradicar la violencia.
“En Nuevo León hemos sufrido en carne propia los daños que dejan la violencia e inseguridad. ¿Cómo olvidar aquellos años del 2009, 2010? En donde se registraban balaceras todos los días y las cifras de ejecuciones fueron alarmantes”, se destaca en la exposición de motivos.
“Esto provoco el miedo de la sociedad y muchas personas huyeron de nuestra entidad a causa de la violencia. Lamentablemente estas escenas están regresando a Nuevo León. Las ejecuciones o hechos de alto impacto se están registrado en lugares concurridos, principalmente en restaurantes o espacios públicos y no podemos permitir que esta situación vaya en aumento”, se añade.
Se comenta además que ya son varios días que los medios reportan hechos de violencia en lugares públicos, restaurantes, plazas comerciales, y de continuar la tendencia la inseguridad se puede salir del control de las autoridades y volver a los niveles de años que pensábamos ya superados.
Ponen como ejemplo lo ocurrido en viernes 6 de abril, cuando dos pistoleros ingresaron a un restaurante sampetrino y ejecutaron a Sabás Canavati Dahuabe. Ese mismo día se registró una balacera en la Carretera a Miguel Alemán cuando unos agentes ministeriales frustraron un intento de secuestro
También se hizo mención en el exhorto panista lo sucedido el lunes 9 de abril, cuando sujetos armados atacaron a balazos a dos hombres que cenaban en un establecimiento por la zona Tecnológico de Monterrey, resultado ambos lesionados y el suceso del martes 10, donde un hombre y una mujer fueron asesinados al interior de una fonda cercana al Palacio de Gobierno.
“Lamentablemente, hoy también despertamos con la noticia de que para este año Nuevo León recibirá 19 millones de pesos menos para seguridad por subejercicios del Gobierno Estatal en el 2017.
“Desde esta tribuna, lanzamos un enérgico llamado de atención a las autoridades de los tres niveles de gobierno para que se coordinen eficazmente y reduzcan este tipo de situaciones que ponen en riesgo la vida y el patrimonio de muchos ciudadanos que concurren a estos establecimientos”, destacan los legisladores panistas.
Por ello, el Gobierno del Estado debe encabezar los esfuerzos para salir adelante, con la Fiscalía General, las Fuerzas Federales y los 51 municipios.
El exhorto fue firmado por todos los 16 diputados del PAN: José Arturo Salinas Garza, Myrna Isela Grimaldo Iracheta, Leticia Marlene Benvenutti Villarreal, Jorge Camacho Mata, Daniel Carrillo Martínez, Marcelo Martínez Villarreal, Itzel Soledad Castillo Almanza y Marcos Mendoza Vázquez.
Además de Óscar Alejandro Flores Escobar, Rosa Isela Castro Flores, Mercedes Catalina García Mancillas, Erasmo Santos Muñoz, Eustolia Yanira Gómez García, Hernán Salinas Wolberg, Jesús Ángel Nava Rivera, y Mariselda de León Ibarra.

PRI PIDE REGRESEN FUERZAS ARMADAS
Por su parte el coordinador de los diputados locales del PRI, Marco Antonio González, solicitó que regresen las fuerzas federales y tomen el control de la seguridad en la entidad, ante el recrudecimiento en la crisis de seguridad y los nulos resultados por parte del gobierno estatal.
El legislador recordó que desde mayo del 2016 solicitó que se dejara el control de la seguridad a las Fuerzas Federales, debido a que el actual gobernador con licencia estaba enfocado en la autopromoción de la candidatura presidencial que en la seguridad del Estado.
“Desde que entramos al Congreso lo señalamos, si descuidaban el tema de seguridad, se iba a escalar a niveles no controlados y aparentemente ya está fuera de control, siguen llamándolo hechos aislados, ya no son hechos aislados, ya es recurrente y no es normal”, expresó.
“Ojalá que el gobierno del Estado tome con seriedad esto, hay una gran amenaza que esto se contamine con el proceso electoral y ojalá no pase una desgracia en estos días.
“No es por desacreditar al gobierno, sino es de sumar esfuerzos y sobre todo pedir ayuda cuando se necesita, es de sabios pedir ayuda cuando no se puede con todo el paquete, no es demostrar debilidad. Al contrario, si el gobierno asume lo que está sucediendo que pida ayuda a la Federación, como siempre se lo hemos recalcado.
“Desde mayo del 2016 le solicite mayor participación de las fuerzas federales y de ser necesario tomaran el control de la seguridad ante la ola de violencia que azota y sigue azotando al Estado”, destacó.
González hizo énfasis de que no se puede dejar que la tranquilidad de los ciudadanos de Nuevo León dependa de una administración sin estrategia definida en este rubro, y que los intereses electorales de un gobernador con autopromoción estén por encima de la protección y seguridad de todos los ciudadanos,
“Seguiremos realizando llamados a la autoridad estatal para que tome cartas en el asunto y evitar que siga agravándose la crisis en Nuevo León”, finalizó.