Los recientes y horribles homicidios donde las víctimas han sido menores de edad, han generado todo tipo de reacciones en la sociedad mexicana, reflejadas principalmente en las redes sociales.
Sin embargo, una de las que más me ha llamado la atención es un movimiento que poco a poco ha resurgido, donde un grupo de ciudadanos está apoyando la posibilidad de que en México se reactive la pena de muerte para los asesinos y violadores de niños y niñas.
Incluso, legisladores como el senador panista Víctor Fuentes han utilizado sus redes sociales para sondear la opinión de los ciudadanos sobre este tema.
Hay que decir que la idea de revivir la pena de muerte en México no es nueva, va y viene conforme suceden en el país crímenes tan aberrantes como el asesinato de la pequeña Fátima.
Y es cierto, a botepronto uno podría pensar que hay personas tan malignas, tan enfermas y de entraña tan podrida, que no merecen compartir el mismo oxígeno que el resto de la población de la Tierra.
Sin embargo, en el caso de México, el tema de la pena de muerte me hace muchísimo ruido porque, la verdad, me da pavor pensar que este castigo esté disponible en un sistema judicial tan podrido como el de nuestro país.
Aquí es donde le pregunto a todos con los que he hablado sobre el tema: ¿en serio quieren la pena de muerte con los policías, ministerios públicos y jueces que tenemos en México?
Allá afuera existen muchísimas evidencias de la desconfianza que la sociedad le tiene a las instituciones que, se supone, están para combatir el delito y procurar justicia a los ciudadanos.
La Encuesta Nacional de Seguridad Urbana 2018, revela que apenas 46.6 por ciento de la población considera que las policías estatales son eficientes en su trabajo; cuando les preguntan sobre las corporaciones municipales, los números se desploman al 39.6.
Otro dato. Un estudio denominado “Percepción del desempeño de las instituciones de seguridad y justicia. Encuesta Nacional de Seguridad Pública”, realizado por el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, revela que el 70 por ciento de la población no confía en los cuerpos policiacos.
Y el último: en la encuesta de la Percepción sobre el desempeño de las autoridades de seguridad pública y justicia 2019, realizada por el INEGI, se preguntó a los ciudadanos qué autoridad consideraba que es corrupta; los números son brutales.
El 76.6 por ciento dice que son los tránsitos; el 67.9 que los policías preventivos; el 68.4 que los jueces; el 65.5 que los ministerios públicos; y el 64.1 por ciento que los policías estatales.
Estas tres encuestas solamente confirman lo que es una verdad en la mente de la mayoría de los mexicanos: las instituciones de procuración de justicia no merecen nuestra confianza porque no han hecho nada por ganársela.
Entonces, aquí es donde vuelvo a preguntar: ¿en realidad quieren poner la vida de una persona en mano de estas instituciones?
Es cierto, hay casos donde es evidente que el culpable es culpable y consignarlo no representa ninguna ciencia, pero hay muchísimos otros donde, hemos sabido, se ha condenado a inocentes, a chivos expiatorios.
Es más, nuestro sistema judicial nos ha demostrado que en México sólo es necesario tener dinero para salir impune de cualquier crimen.
Con estos antecedentes, revivir la pena de muerte -por necesaria y justa que puede ser- provocaría más daños que beneficios y generaría más injusticias que las que, se supone, busca castigar.
