No es raro que algunos políticos que acceden al poder se traten de congraciar con los medios para utilizarlos a su antojo, pero tampoco es raro que se inconformen con los mismos cuando difunden noticias y declaraciones que no les favorecen. Y hay uno que otro que invoca el derecho de réplica si se siente difamado o calumniado y hasta interpone por aquí y por allá demandas penales o civiles.
Y está bien que las ocasiones en que un medio o un periodista falle a la ley o a la ética debe ser llamado a cuentas porque nadie ha de gozar de impunidad, pero llama la atención que los casos más conocidos en México ocurren con ex gobernadores manchados en su honra no por los escritos o dichos de los medios, sino en los medios, debido a la conducta reprobatoria de sus actos corruptos, a la luz de las propias autoridades judiciales.
Curiosamente esos ex gobernadores son protagonistas de historias indignas de un servidor público y luego quieren matar al mensajero por difundirlas, cuando es la obligación de éste responder al derecho a la información del que gozan los destinatarios de los medios y no venderse por un plato de lentejas ni manipular la información para proteger al presunto delincuente de cuello blanco, sea cual sea el cargo político de éste o la representación que tenga en alguna institución.
Perla Gómez, ombudswoman en la capital mexicana, ha dicho una y otra vez que en los últimos 12 años se han registrado demandas millonarias contra Lorenzo Meyer y el finado Miguel Ángel Granados Chapa; siete demandas contra Ana Lilia Pérez, cinco contra Carmen Aristegui y una contra Sergio Aguayo Quezada.
Y qué bueno que se lancen demandas y no amenazas como las que enfrentan hoy por hoy varios colaboradores de medios. Pero esas demandas de los políticos que supuestamente tienen el mismo propósito que el acoso de los delincuentes, o sea acalambrar a los periodistas en general, han trascendido porque se trata de verdaderos pesos pesados de los medios capitalinos, y sin embargo hay otras que apenas se toman en cuenta por tratarse de lo que los chilangos llaman “la provincia”, como es el caso de dos reporteros de Puebla a quienes el gobernador Manuel Moreno Valle los puso contra la pared por supuesto daño moral.
No obstante, la demanda que más llama ahora la atención es la del gobernador con licencia de Veracruz, Javier Duarte, molesto con el Grupo Reforma por dar a conocer las denuncias de que es objeto este pobre político en desgracia a quien hasta su propia partido el PRI ha dejado desprotegido por la flagrancia de los supuestos delitos de que es acusado por la PGR y el auditor superior de la Federación.
Y ahora resulta que además de ser tachado de ladrón por sus propios ciudadanos también carga con el mote de coyón, por esconderse de las autoridades al enterarse de la orden de aprehensión dictada en su contra por un juez, cuando había prometido en una entrevista televisiva a nivel nacional que enfrentaría el proceso dando la cara y defendiéndose de los infundios de sus enemigos políticos, porque tiene la conciencia tranquila.
Es obvio que su conciencia no está tan tranquila nada más de escuchar que dejó huella de sus fechorías por todos lados y, sobre todo, al enterarse que su gran amigo Enrique Peña Nieto ya no lo necesita y lo ha dejado a la deriva frente a la jauría de perros que quieren comerse hasta el último bistec de su gruesa carne y la de sus testaferros que tuvieron inclusive el descaro de dotar de una tarjeta de crédito adicional a la esposa del acusado de delincuencia organizada y malversación de fondos, al grado de dejar en la quiebra al estado de Veracruz con una deuda de más de 45 mil millones de pesos.
Javier Duarte está en su derecho de demandar al que se le pegue la gana. Pero debe empezar por desquitarse de sus ex amigos del PRI que ahora le están dando la espalda y lo están tirando a la calle como trapo sucio porque ya no les sirve para nada. Y no hay mejor desquite que hablar claro y directo sobre quiénes han sido los principales beneficiarios de sus actos corruptos, sin olvidar los 25 millones de pesos transportados el año 2012 en un avión del Puerto a Toluca y que los sospechosistas dijeron que era una aportación para la campaña presidencial del candidato de su partido tricolor.
Sí, que demande, pero que también hable. Total para eso no necesita convocar a los medios. Para eso siempre están a sus órdenes. Cómo no.
