La acusan de utilizar 7.5 mdp del erario para pagar un abogado que la defienda de las acusaciones por corrupción… en perjuicio del erario municipal.
El 30 de junio, fue el día fijado para la comparecencia ante un juez para ofrecer su versión sobre las acusaciones que pesan sobre la ex alcaldesa de Monterrey y un grupo de sus colaboradores.
Margarita Arellanes ha sido acusada de algo muy curioso: Disponer de 7.5 millones de pesos del erario para pagar a un despacho de abogados para que la defienda, a ella y a sus colaboradores, de las acusaciones… por disponer de recursos del erario en forma irregular.
Tal hecho sucedería a escasos días de dejar la administración municipal el año pasado y antes de lanzarse a su precampaña como aspirante a la candidatura del PAN para contender por la Gubernatura de Nuevo León.
La Subprocuraduría Anticurrupción del Gobierno del estado halló elementos para acusarla y llamarla ante un juez por el daño al patrimonio municipal de 7 millones y medio de pesos utilizados para contratar al despacho de abogados de Roberto Martínez, para que los defendiera a ella y a 40 funcionarios más, implicados en la demandas que pudiesen existir en su contra.
Integrantes del Cabildo Municipal y funcionarios que participaron de la adjudicación del contrato al despacho del abogado Martínez son los que fueron llamados a una audiencia de vinculación, donde el juez decidirá si existen elementos para fincar una responsabilidad penal a los implicados.
De ser así, viene una audiencia intermedia donde acusadores y acusados presentarán sus argumentos y posteriormente en una audiencia de juicio oral, se deslindan responsabilidades.
DESDE ENERO, EN LA MIRA
Desde enero pasado, en un análisis preliminar que se hizo al acta de revisión de entrega-recepción de la administración municipal, la actual administración que preside el alcalde Adrián de la Garza había detectado y denunciado más de mil 200 irregularidades.
De la Garza precisó que de esas irregularidades detectadas, 1045 eran de forma y 194 fueron hallazgos de fondo.
De estas anomalías, destacó que en 90 de las 118 cuentas bancarias manejadas por el Municipio, las cantidades en las cuentas no coinciden con lo reportado.
Bienes municipales a cargo de ex funcionarios, entre estos, cuatro vehículos, 17 equipos de cómputo sin aparecer y mil 593 bienes sin existencia física en siete dependencias, fueron algunas de las irregularidades detectadas.
En este reporte también se mencionó un pasivo de 46.7 millones de pesos sobre las retenciones vía nómina a los empleados municipales por pensiones, cuotas sindicales, seguro y servicios médicos.
La detección de los 7.5 millones de pesos utilizados para la contratación de servicios legales, también fueron mencionados, en enero pasado en aquella rueda de prensa que ofreció el presidente municipal, Adrián de la Garza, tema que luego retomaría la Subprocuraduría Anticorrupción del estado y por el cual ahora debe comparecer Arellanes y su grupo de colaboradores.
LOS PRESUNTOS IMPLICADOS
Por lo menos nueve de los colaboradores cercanos a Margarita Arellanes fueron citados para comparecer ante el juez y escuchar sus versiones.
Jesús Hurtado, secretario del Ayuntamiento; Alejandra Rodríguez, secretaria de Administración; José Francisco de la Cruz, director jurídico; Julián Hernández Santillán, secretario de Finanzas; Aldo Cepeda López, director de Egresos; y Luis Torres Garza, director jurídico.
Del cabildo, los síndicos Irasema Arriaga, David Rex Ochoa y el regidor Arturo Pezina.
