Es tanta la desesperación por justicia que Samara Pérez, víctima del atentado al Casino Royale, debió promover una iniciativa de ley para que otras familias, víctimas de cualquier acto criminal, no sufran por la dolorosa espera por la que ella y otros deudos han tenido que pasar a lo largo de 15 pesados años.
La masacre en la casa de apuestas ocurrió la tarde del 25 de agosto del 2011, con un saldo de 52 muertos. Los familiares permanentemente se refiere a la cantidad con la cifra 52+2, debido a que dos víctimas estaban embarazadas. Un día después el Presidente de México, Felipe Calderón, prometió justicia y reparaciones.
La cacería de los responsables fue rápida. Cuatro días después del ataque fueron detenidos los primeros cinco responsables directos. En los siguientes tres años hubo otros arrestos, hasta completar 25.
Han pasado 15 años desde aquella jornada trágica, provocada por una célula del crimen organizado, y un solo autor material ha sido sentenciado. Otro involucrado de manera indirecta también recibió condena. Dos han muerto en prisión.
Por recursos jurídicos diversos, como reposiciones de proceso y amparos, los 21 procesados que quedan siguen en un limbo judicial, una situación que exaspera a los familiares.
INICIATIVA SURGIDA DEL DOLOR
Samara Pérez decidió dar un paso al frente para que otros no vivan lo que ella. El día de la tragedia estaba en el casino y alcanzó a salir, pero su hijo Brad Xavier que la acompañaba, se quedó adentro y pereció.
Por eso, el pasado 25 de agosto, acudió al Congreso Local a presentar una iniciativa denominada Ley para la Gestión Institucional y Garantía de Derechos en Macroprocesos Judiciales del Estado de Nuevo León, que busca eficientar los procesos judiciales.
La propuesta, que hizo a título personal, tiene como objetivo prevenir la fragmentación de la información entre causas, expedientes, recursos, amparos, incidencias y demás procedimientos vinculados.
Además espera garantizar la continuidad del seguimiento ante el cambio de servidores públicos; dar información periódica y confiable a las víctimas; fortalecer la preservación y digitalización de los expedientes; así como detectar riesgos administrativos de dilación o pérdida.
También generar información agregada para evaluación y rendición de cuentas; y procurar que la gestión institucional beneficie a las personas vinculadas a un macroproceso, sin menoscabo de los derechos diferenciados que correspodan a cada una.
TRES LUSTROS DE AGONÍA
Tras entregar su iniciativa en el Congreso del Estado, Samara señaló que ella y los familiares de los muertos, sentirán que la justicia habrá llegado cuando sea sentenciado hasta el último de los procesados.
“Las familias siguen buscando justicia. Lamentablemente algunos ya fallecieron. Nuestro llamado ahora a las autoridades es el que siempre hemos hecho: las personas que cometieron estos actos atroces deben cumplir con la sociedad, que paguen por estos actos tan graves y barbáricos que realizaron. Es lo mínimo que esperarían las familias, como cualquier ciudadano que ha vivido una tragedia de estas”, dijo.
Con el paso de los años el caso se ha enredado, hasta volverse indescifrable.
Pérez Muñiz, quien a quien la tragedia ha llevado al activismo, refirió que los deudos ya no tienen claro hacia donde van las investigaciones: inicialmente las tomó el fuero federal, pero luego pasó al local; a los tres meses volvió a los juzgados federales, aunque luego fueron los detectives de la entidad los que avanzaron en las indagatorias.
Por estas revolturas es que presentó la iniciativa de ley.
“Es triste, pero 15 años nos indican que la justicia no se ve cercana. Esta lucha terminará, cuando, mínimo, sean sentenciadas las personas que cometieron estos actos. De las autoridades ni te hablo, porque sabemos que la corrupción y la impunidad gritan. Pero mínimo, las personas que se atrevieron a arrebatar 52 vidas deben pagar”, comentó.
Ninguna familia ha dejado de clamar por que la ley caiga sobre los responsables, señaló, pues no se deja de exigir que paguen con cárcel quienes les mataron a un ser querido.
Por lo pronto observan con agrado que los expedientes siguen activos. La presidenta magistrada del Tribunal Superior de Justicia del Estado, Laura Perla Córdova, le notificó a los interesados que los expedientes del Royale son digitalizados, una acción que Samara considera importante, para que cualquier involucrado en el proceso pueda ver los documentos con mayor facilidad.
EL MARTIRIO ANUAL
La pasada conmemoración del aniversario luctuoso de la fatalidad fue, como cada año, un martirio para los familiares.
Se congregaron frente al memorial construido en la banqueta, frente al sitio donde alguna vez estuvo el Casino Royale, en la avenida San Jerónimo, en la colonia del mismo nombre. El lugar es un muro donde están inscritos los nombres de cada una de los muertos de aquel jueves trágico.
El edificio donde estaba el galerón lleno de máquinas tipo Las Vegas fue derruido por los propietarios, y en su lugar fue erigida una construcción que alberga locales comerciales.
Padres, madres esposos, esposas hijos y nietos acudieron a colocar arreglas florales. “Te extraño, mamá”, “Te extrañamos mucho, mamá”, decían algunos de las coronas con las que expresan la agonía sin fin por ya no tener a quienes una vez entraron a divertirse al Royal, y emergieron en una camilla, cubiertos hasta la cara, exánimes para siempre.
Un sacerdote leyó La Palabra, con versículos de consuelo y echó agua bendita entre los presentes.
Luego fueron enunciados los nombres de cada uno de los masacrados. Como un responso, la colectividad contestaba: “No debió morir”.
Al final Pérez y los deudos volvieron públicamente a externar sus quejas permanentes sobre la falta de atención de autoridades, en espera de que en el transcurso de este año de pena que sigue, los investigadores los sorprendan con novedades en el juicio, para que, ahora sí, se dicten sentencias y se haga justicia.
