La bancada de Morena en el Congreso de Nuevo León atraviesa uno de los momentos más complejos desde el inicio de la actual Legislatura, pues lo que comenzó como diferencias internas sobre votaciones específicas y estrategias parlamentarias, terminó exhibiendo una fractura política que hoy coloca a los nueve diputados morenistas bajo el escrutinio de sus propios militantes, de las dirigencias nacionales y de las fuerzas opositoras.
Temas como la aprobación del Presupuesto estatal, los juicios políticos contra el gobernador de Nuevo León, Samuel García Sepúlveda, así como el respaldo otorgado a la licencia del alcalde de Juárez, Félix Arratia, para integrarse al Gobierno estatal, evidenciaron que Morena enfrenta una disputa interna entre el pragmatismo político local y la disciplina partidista impulsada desde la dirigencia nacional.
La controversia alcanzó su punto más visible cuando la diputada local Grecia Benavides Flores presentó una queja formal ante la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de Morena contra siete de sus compañeros legisladores, a quienes acusó de actuar en favor de Movimiento Ciudadano y del Ejecutivo estatal.
Entre los señalados estuvieron Mario Soto Esquer, Berenice Martínez, Tomás Montoya, Greta Barra Hernández, Brenda Velázquez, Reyna Reyes y Jesús Elizondo; la diputada Anylú Bendición Hernández Sepúlveda no fue incluida debido a que votó en abstención.
La disputa dejó en evidencia la existencia de dos corrientes dentro de Morena en Nuevo León: una identificada con posiciones más cercanas al pragmatismo legislativo y otra alineada con una postura más rígida respecto a la relación con Movimiento Ciudadano.
LICENCIA DETONA CONFLICTO
El origen inmediato de la confrontación interna fue la votación relacionada con la licencia de Félix Arratia como alcalde de Juárez para integrarse al gabinete estatal, específicamente a la Secretaría de Igualdad e Inclusión.
Para el grupo encabezado por Grecia Benavides, respaldar esa licencia equivalía a facilitar una estrategia política de Movimiento Ciudadano, partido que mantiene una disputa permanente con Morena a nivel estatal y nacional.
Sin embargo, para diputados como Greta Barra, la decisión obedeció a criterios de gobernabilidad y autonomía legislativa, negando que existiera una subordinación hacia el Ejecutivo estatal.
Barra Hernández aseguró que dentro de la bancada existe libertad de voto y rechazó que se hubieran violado estatutos partidistas.
“Las y los diputados tenemos derecho al voto libre, no somos el PRI, no nos dan una línea”, sostuvo la legisladora, al defender que Morena es un movimiento plural en el que pueden coexistir distintas posturas.
La diputada confirmó además que ya había sido notificada sobre el procedimiento interno iniciado ante la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia y explicó que el caso aún se encontraba en etapa de pruebas y alegatos.
Según Barra, la propia comisión partidista ya ha establecido en otros casos que el sentido del voto de un legislador no constituye, por sí mismo, un motivo suficiente para sancionar a un militante.
Además, defendió el liderazgo del coordinador de la bancada, Mario Soto Esquer, de quien afirmó que nunca ha impuesto líneas de votación ni tomado represalias contra legisladores que votan distinto a la mayoría.
DIVISION EN BLOQUES “INVISIBLES”
Aunque formalmente Morena continúa operando como una sola bancada en el Congreso del Estado, en los hechos los diputados trabajan divididos en grupos con agendas y estrategias diferentes.
La fractura no ha derivado en una ruptura oficial debido a que separarse implicaría perder fuerza política frente a las bancadas del PRI, PAN y Movimiento Ciudadano, aunque los desacuerdos se reflejan constantemente en votaciones clave y en la presentación individual de iniciativas.
Al interior del poder legislativo, dentro del grupo morenista se identifican dos grandes bloques:
Por un lado, quienes son considerados proclives a construir acuerdos con Movimiento Ciudadano: Mario Soto Esquer, Tomás Montoya Díaz, Brenda Velázquez Valdez, Reyna Reyes Molina y Greta Barra Hernández.
Por otro, los diputados alineados con la dirigencia nacional de Morena y con una postura más confrontativa hacia el Gobierno estatal: Anylú Bendición Hernández Sepúlveda, Grecia Benavides Flores, Jesús Elizondo -actualmente con licencia- y Berenice Martínez Díaz.
Las diferencias no solamente son ideológicas, también tienen que ver con la estrategia política rumbo a las elecciones de 2027, donde Morena buscará consolidarse como alternativa real frente a Movimiento Ciudadano en Nuevo León y el bloque integrado por el PRI y PAN.
APROBACION FALLIDA DEL PRESUPUESTO
Otro de los episodios que profundizó las tensiones internas fue la fallida aprobación del Presupuesto 2026, pese a la línea dictada desde la dirigencia nacional morenista.
En marzo pasado, los acuerdos entre el bloque PRI-PAN y Morena para sacar adelante el paquete presupuestal terminaron desplomándose debido a las divisiones dentro de la propia bancada morenista.
La dirigencia nacional de Morena, encabezada entonces por Luisa María Alcalde Luján, había pedido públicamente a sus legisladores en Nuevo León avanzar en la aprobación del presupuesto y destrabar el conflicto del paquete fiscal estatal, pero los consensos nunca llegaron.
Las negociaciones se atoraron cuando de forma sorpresiva, las diputadas Anylú Bendición Hernández y Grecia Benavides presentaron ante las comisiones de Puntos Constitucionales y de Legislación una reforma urgente a la Constitución y a la Ley Electoral local, ello, sin haber sido consensuada previamente con el resto de los integrantes de su propia bancada.
Aunado a estas tensiones cruzadas, la diputada morenista Berenice Martínez, en su calidad de presidenta de la Comisión de Puntos Constitucionales, se negó a convocar a los integrantes para sesionar la reforma.
También surgieron versiones sobre presuntas presiones desde el Gobierno estatal para evitar que el tema presupuestal se mezclara con reformas políticas y electorales, lo que trajo consigo una nueva parálisis legislativa.
A pesar de que la Comisión de Presupuesto dedicó horas a la lectura de los dictámenes que rechazaban los vetos del gobernador a las leyes de Ingresos y Egresos, e incluían conquistas sociales impulsadas por Morena, como el apoyo al transporte público y la pensión universal para discapacitados, el proyecto no pudo subir al Pleno.
Llevar el presupuesto a votación requería el respaldo de al menos 6 de los 9 diputados guindas para alcanzar la mayoría calificada de 28 votos necesaria para superar el veto del Ejecutivo, pero los operadores legislativos sólo tenían asegurados cuatro votos.
Los votos de Morena eran fundamentales para superar los vetos del gobernador Samuel García a las leyes de Ingresos y Egresos aprobadas por el Congreso; las diferencias internas de los legisladores guindas impidieron garantizar el respaldo necesario.
Mientras algunos diputados estaban dispuestos a avanzar con el presupuesto negociado con PRI y PAN, otros consideraban que ello implicaba caer en acuerdos políticos inconvenientes para el movimiento.
“SON ALIADOS”
La diputada priísta, Lorena de la Garza Venecia acusó incluso a legisladores morenistas de actuar como “empleados” del gobierno, al subrayar que el bloqueo al dictamen presupuestal en el Congreso de Nuevo León no tenía justificación legislativa.
Ello, luego de que algunos integrantes de la bancada de Morena no se presentaran para la votación, pese a que éste ya incorporaba las condiciones que ellos mismos habían exigido, como apoyos a adultos mayores, bajar tarifas de transporte, entre otros.
La legisladora explicó que el acuerdo con Morena estaba vigente desde el momento en que sus cinco condiciones fueron integradas al dictamen. Sin embargo, los mismos diputados que las habían propuesto dieron marcha atrás en la votación de comisión sin ofrecer una justificación de fondo.
“Esa bancada está dividida y hay unos diputados de Morena que en realidad son del gobernador”, declaró De la Garza.
“DOBLE DISCURSO” EN JUICIOS POLÍTICOS
Por su parte, el coordinador panista Carlos de la Fuente Flores afirmó que Morena mantenía un “doble discurso”: públicamente hablaban de sancionar al gobernador, pero en las votaciones terminaban respaldándolo.
El legislador albiazul aseguró que una parte de Morena “está anaranjada”, insinuando cercanía política con Movimiento Ciudadano.
Según el legislador panista, algunos diputados morenistas han actuado durante los últimos años como “comparsas”.
“Cuando quieran ir de verdad, dejen el discurso, saquen sus votos y aprovechemos los votos para sacar el presupuesto y los juicios políticos”, expresó.
La respuesta desde Morena vino principalmente de Anylú Bendición Hernández, quien rechazó que su partido esté frenando los procedimientos y acusó al PRI y PAN de utilizar políticamente los expedientes.
La diputada sostuvo que Morena no caerá en “chantajes” impulsados por partidos que históricamente han sido señalados por corrupción y malos gobiernos.
Además, explicó que el grupo legislativo busca construir una estrategia distinta basada en investigaciones de la Fiscalía General de la República y no únicamente en procedimientos promovidos por adversarios políticos.
La postura de Anylú dejó ver otra de las contradicciones que enfrenta Morena en Nuevo León, toda vez que mientras algunos sectores consideran indispensable mantener una confrontación frontal contra la administración, otros privilegian una estrategia más institucional y menos alineada con PRI y PAN.
LLAMAN A CERRAR FILAS
La creciente tensión obligó a la dirigencia nacional de Morena a intervenir, luego de que los diputados locales sostuvieron una reunión en la Ciudad de México con Ariadna Montiel Reyes, quien posteriormente publicó en redes sociales que dialogaron sobre la organización interna, los principios del movimiento y el fortalecimiento de la transformación en Nuevo León.
Aunque oficialmente no se revelaron detalles del encuentro, trascendió que durante la reunión se pidió a la diputada Grecia Benavides retirar la denuncia presentada contra sus compañeros debido a su “notoria improcedencia”.
Ello, una vez que la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia concluyó preliminarmente que los diputados denunciados no incurrieron en violaciones estatutarias.
Uno de los argumentos fue que la votación relacionada con la licencia de Félix Arratia se realizó mediante cédula secreta, lo que impedía atribuir jurídicamente el sentido del voto a cada legislador.
Otro punto fue que la designación aprobada no implicaba beneficios directos para familiares de los diputados involucrados ni constituía una falta grave conforme a los estatutos internos.
Tras la reunión nacional, Grecia Benavides terminó retirando la denuncia; la decisión fue interpretada como un intento de la dirigencia de evitar que la confrontación escalara y terminara debilitando aún más a Morena en Nuevo León.
PRAGMATISMO CONTRA IDEOLOGÍA
La disputa interna de Morena en Nuevo León refleja un fenómeno recurrente en los partidos políticos, una vez que llegan al poder y comienzan a enfrentar las complejidades de la gobernabilidad.
Por un lado, existe un sector que apuesta por construir acuerdos coyunturales con otras fuerzas políticas para mantener operatividad legislativa y evitar parálisis institucionales; por el otro, hay quienes consideran que cualquier acercamiento con Movimiento Ciudadano representa una traición a los principios de la Cuarta Transformación.
En el fondo, el conflicto también tiene una dimensión nacional, Morena busca consolidarse como la principal fuerza opositora en Nuevo León rumbo a la sucesión gubernamental de 2027, viendo aquí “la joya de la corona”, mientras Movimiento Ciudadano intenta mantener el control político del estado.
En ese contexto, cada votación en el Congreso adquiere un peso estratégico; los diputados morenistas se encuentran constantemente bajo presión: si negocian con el Gobierno de Samuel García, son acusados de “alinearse” con Movimiento Ciudadano; si respaldan al PRI y PAN, corren el riesgo de ser vistos como aliados del viejo régimen que Morena históricamente ha combatido.
FUTURO INCIERTO
Por ahora, la bancada morenista permanece unida únicamente en términos formales; las diferencias continúan latentes y podrían resurgir conforme se acerquen nuevas votaciones clave relacionadas con presupuesto, reformas electorales o procedimientos contra el gobernador.
La dirigencia nacional parece apostar por contener el conflicto y evitar sanciones que profundicen la fractura interna, pero estos episodios dejan claro que Morena en Nuevo León enfrenta una disputa de fondo sobre su identidad política y su relación con el poder local.
Mientras tanto, los nueve diputados continúan navegando entre ambigüedades, presiones y cuestionamientos.
Cada decisión legislativa los coloca bajo la lupa de sus propios militantes, de la oposición y de una ciudadanía que observa cómo las tensiones internas amenazan con debilitar al partido en uno de los estados políticamente más complejos del país.
En medio de la polarización política que domina Nuevo León, Morena intenta encontrar un equilibrio entre la disciplina partidista y el pragmatismo legislativo; el dilema será definir hasta dónde puede negociar sin perder identidad y hasta dónde puede mantener la confrontación sin caer en la inmovilidad política.
