Reynosa, Tam.-
Dos residentes del municipio de San Fernando, Tamaulipas, habrían sido encarcelados el pasado 17 de septiembre por agentes federales por el delito de tráfico de humanos.
Jesús De León y Ever Josué Cantú estarían en estos momentos en separos de la Fiscalía General de la República (FGR) después de que elementos de la Guardia Nacional (GN) y el Instituto Nacional de Migración (INM) los canalizaron por haber ayudado a inmigrantes haitianos que se encontraron en la carretera San Fernando-Reynosa.
Les indicaron que su detención se debía a que cometieron el presunto delito de tráfico de ilegales al haberlos subido a sus vehículos.
Familiares de los afectados manifestaron que éstos se encuentran incomunicados y que no fueron los únicos en ayudar a la caravana migrante que se desplazaba en autobuses desde el sur del país, la cual fue disuelta el pasado viernes en el retén del Ejercito de San Fernando.
Los antillanos comenzaron a caminar a pie primero hacia la cabecera municipal y luego a Reynosa.
Hubo personas como Jesús y Ver que decidieron darles aventón, por razones humanitarias, pero fueron detenidas por las autoridades.
La Ley Federal de Migración Artículo 159, establece que se impondrá pena de ocho a dieciséis años de prisión y multa de cinco mil a quince mil días de salario mínimo vigente del Distrito Federal, a quien “albergue o transporte por el territorio nacional, con el objeto de obtener directa o indirectamente un lucro, a uno o varios extranjeros con el fin de evadir la revisión migratoria”.
Pero también señala que: “No se impondrá pena a las personas de reconocida solvencia moral, que por razones estrictamente humanitarias y sin buscar beneficio alguno, presten ayuda a la persona que se ha internado en el país de manera irregular, aún cuando reciban donativos o recursos para la continuación de su labor humanitaria”.
Asimismo, detalla que “las empresas dedicadas al transporte internacional terrestre, marítimo o aéreo que trasladen al país extranjeros sin documentación migratoria vigente, serán sancionadas con multa de mil a diez mil días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal, sin perjuicio de que el extranjero de que se trate sea rechazado y de que la empresa lo regrese, por su cuenta, al lugar de procedencia”.
Hasta este momento la FGR no de ha referido oficialmente a este caso.
