No hay nada nuevo bajo el sol, dice un refrán muy antiguo. Y en cuestiones de inseguridad en México, su aplicación es certera. Basta con rebobinar las imágenes de la memoria entre quienes fuimos jóvenes desde mediados de la década de 1960. Para empezar, la violencia era institucional y los problemas de la delincuencia se ocultaban lo más posible, pues vivíamos bajo la tiranía de los políticos de un partido hegemónico y casi único, que sabía maquillar muy bien la información de unos medios masivos hincados a sus pies, con el fin de vendernos su verdad de una estabilidad social, política y económica, envidia de otras naciones en turbulencia perpetua. Inclusive se nos inducía a agradecer al PRI su existencia, por la paz y tranquilidad que nos proveían los gobernantes que emergían de sus filas. E inclusive nos presumían la baja inflación y el famoso desarrollo estabilizador que mantuvo por largo tiempo la paridad del peso frente al dólar estaodunidense en 12.50, hasta septiembre de 1976.
El control férreo del régimen “revolucionario” no permitía ni siquiera sospechar del tremendo descontento popular que apenas podía disfrazarse en el panorama interno. Pero las venas subterráneas de la tierra sí daban cuenta del enorme malestar y de la disidencia que solamente esperaba un chispazo para su estallido, mismo que no pudieron detonar ni los ferrocarrileros ni los médicos con sus protestas callejeras. La paz social era un mito o se percibía como un regalo del sistema, aunque muchos mexicanos sabíamos que todo ese disfraz era un logro “oficial” merced a la manipulación de la opinión pública, o bien era el resultado de la represión de parte de las fuerzas vivas del PRI y de los agentes policíacos, que ostentaban impúdicamente en sus cuellos y manos la rapiña de alhajas, relojes y anillos que no correspondían con su sueldo mensual. Era el botín obtenido de los detenidos y de los investigados de algún delito, o era el sello de la corrupción rampante entre jefes y subalternos.
Ahí es donde estaba el meollo del asunto. Cualquier sospecha de rebelión llevaba a los agentes hacia los protagonistas del mínimo intento de protesta generalizada. Había derecho al “pataleo”, como decía el perverso Alfonso Martínez Domínguez, pero sin que los arrebatos de los atrevidos soliviantados se salieran del cánon establecido. Y vivir así, ya era vivir en la inseguridad en tiempos principalmente de Gustavo Díaz Ordaz, Luis Echeverría y José López Portillo. Como ahora, había, por una parte, emboscadas, secuestros, asesinatos, asaltos bancarios, extorsiones y, por la otra, torturas, desapariciones forzadas, matanzas, cuerpos arrojados al mar desde helicópteros, etc. Era ésta también una delincuencia -feroz delincuencia- pero tolerada de parte de sus jefes entre los militares y los cuerpos policíacos cuando actuaban contra los “enemigos” del gobierno.
Es imposible ahora ocultar las tropelías y muertes causadas por los soldados. Sí, los “verdes” eran temible factor de riesgo para nuestra seguridad de entonces porque formaban parte de los grupos formales que perseguían a quienes, por otro lado, también sembraban una mayúscula inseguridad con sus actos guerrilleros en aras de tumbar al gobierno en turno. Por eso nuestra juventud vivía bajo el asedio de compatriotas radicales que el 23 de septiembre de 1965 atacaron el cuartel militar de Ciudad Madera en Chihuahua, y simbolizaron la audacia de la lucha decidida contra sus opresores, al grado de que, luego, la fecha fue ensalzada en su logotipo por la Liga Comunista 23 de septiembre, como secuela también de las acciones de Lucio Cabañas y de Genaro Vázquez Rojas en la sierra de Guerrero.
La inseguridad campeó a sus anchas en grandes zonas del país. De parte de los llamados ahora “malitos” (guerrillas urbanas) pero, igualmente, de las fuerzas armadas que utilizaron el Campo Militar número uno de la ciudad de México como centro de reclusión de civiles insubordinados en 1968, a raíz de la matanza de estudiantes en la Plaza de las Tres Culturas, en vísperas de los Juegos Olímpicos. El pretexto de unos era acabar con el delito de disolución social en las leyes y, en un marco de libertad que no existía, cambiar el modelo de gobierno. Pero los de la policía política, integrados en la Dirección Federal de Seguridad, alegaban librar a México de caer en las garras de comunismo. Y a costa de lo que fuera. Por eso no se inmutaban con el juicio de la historia ni Miguel Nazar Haro, ni Fernando Gutiérrez Barrios, ni Jesús Miyazawa o Florentino Ventura, célebres por sus servicios a la Patria, según ellos, aunque con el señalamiento severo por la crueldad con que procedieron en su cacería de delincuentes de alto impacto.
