Los medios informativos son la vía masiva para enterar a los receptores de hechos de interés e importancia pública así como para enfrentar al poder político y hacerle ver que la sociedad no está sola en su lucha por la verdad, la justicia, la equidad y el orden establecido. Por tanto, al convertirse en un contrapeso de los políticos abusivos, muchas veces éstos buscan congraciarse con los dirigentes y periodistas de los medios informativos con el fin de encontrar complicidad en su conducta permisiva.
Pero también hay medios informativos que proceden a la ligera y se tapizan de denuncias al por mayor simplemente porque provienen de una fuente oficial, cuando en realidad lo que debiera de aparecer al calce es el resultado de una investigación periodística inmediata que obre como constancia de que se ha seguido la pista formal de lo que en primer término compete averiguar a las autoridades.
Por eso estamos llegando en México a una confianza casi total de lo que aparentan ser trabajos periodísticos serios sobre abundantes casos de corrupción, porque a fin de cuentas los implicados en las denuncias se cobijan con la impunidad o son objeto de acusaciones sin fundamento jurídico real basadas en meras sospechas o indicios falsos. De ahí que haya algunos que esperan con ansias la aprobación del derecho de réplica para demandar a los periodistas y a los medios en una feria de locos tratando de aportar cada quien sus argumentos a favor o en contra.
Finalmente la que sale perdiendo es la opinión pública que se divierte con la maraña de conceptos y datos pero que no saca provecho alguno positivo de las expectativas que se crean alrededor de los casos más sonados de desfalcos, fraudes, robos, tráfico de influencias, abuso de poder, etc., como ha sucedido en Nuevo León con su ex gobernador Rodrigo Medina de la Cruz y su familia que se pasean tan campantes después de los severos señalamientos sobre la supuesta corrupción y despojo de propiedades a pobres campesinos en Mina.
Su cómplice en esta última operación está más que bien posesionado como alcalde de Guadalupe, y no tiene Francisco Cienfuegos por qué preocuparse a pesar del baño de lodo de que ha sido objeto en los medios, y no obstante que cuando la gente lo ve no deja de creer que sí es capaz de semejante corrupción, por la generalización que tienen los ciudadanos de que los políticos acceden al servicio público solamente para robar.
Y a nivel nacional ya no haya uno ni qué pensar sobre el sonado “moreirazo” que tiene contra las cuerdas al ex gobernador de Coahuila Humberto Moreira y al actual, hermano suyo, Rubén, pues ni las confesiones de sus allegados han sido suficientes para ver al primero de ellos en la cárcel, muy a pesar de sus conciudadanos han sido afectados por la estratosférica deuda que consiguió de 35 mil millones de pesos mediante falsificación de documentos.
Ahora mismo vivimos mareados con las páginas de los medios impresos y los tiempos en los electrónicos acerca del pillaje mayúsculo del gobernador con licencia de Veracruz, Javier Duarte y su huida hipotéticamente muy bien protegida por sus padrinos poderosos del PRI y del gobierno federal con el fin de empatar al PAN en la denuncia contra el ex gobernador de Sonora, Guillermo Padrés, también apoltronado en un escondite.
Y no nos acabamos de reponer de esa alharaca cuando ya toca a la puerta la persecución de otros supuestos corruptos de alto nivel que han dejado huella de sus fechorías como gobernadores de Chihuahua, César Duarte, y de Quintana Roo, Roberto Borge, a quienes pide la voz sensata que no los dejen cubrirse con el velo de la impunidad sin dar cuenta de toda la lana y propiedades de que se hicieron valiéndose de su cargo público.
Pero el caso de Durango y otros más también no son poca cosa, pues se trata de barbajanes que creían que al ganar su partido político la continuidad en el puesto iban a ser protegidos por sus compinches que airean sus mismos colores, como esperaba en Nuevo León Rodrigo Medina de la Cruz que Ivonne Matar tapara el alud de corruptelas que “El Bronco” Jaime Rodríguez ha dado a conocer, aunque sin ninguna acción penal de por medio.
De ahí que no queda a los medios más que ser portavoces reales de una realidad tan dolorosa para nuestra sociedad, no importa que la justicia oficial se haga de la vista gorda. Los medios informativos están para eso y no para condenar a nadie. Los políticos corruptos ya tienen con la sentencia del público que está seguro de sus fechorías aunque los salven sus padrinos y cómplices del poder.v
