A pesar de que prevalecen las discrepancias sobre la reforma electoral, especialmente en el tema de paridad de género, legisladores locales de distintas bancadas consideraron que esto no debe interferir en el análisis, ni en la negociación del Presupuesto de Egresos 2026.
La situación ya genera tensiones políticas en el Congreso de Nuevo León, particularmente entre el bloque PRI-PAN y la fracción legislativa de Movimiento Ciudadano y el Ejecutivo estatal, por la reforma electoral en discusión, aunque se confía que dichas diferencias no se trasladen a las mesas de trabajo, una vez que el gobernador Samuel García Sepúlveda envíe su proyecto de presupuesto a los diputados locales en las próximas semanas.
La presidenta de la Comisión de Presupuesto, Lorena de la Garza Venecia, sostuvo que el gobernador carece de facultades para vetar acuerdos legislativos y pidió que el tema electoral no se utilice como una herramienta de presión política.
“El Ejecutivo estatal no tiene facultades para andar vetando acuerdos, la ley es muy clara, él tiene la facultad de remitir observaciones a los decretos votados por el Congreso, no a los acuerdos”, sostuvo.
En opinión de la también diputada del PRI, la postura del Ejecutivo podría ser parte de una estrategia de distracción frente a otros temas de interés público, toda vez que “el gobernador y su entorno son expertos en distraer la atención de temas importantes, ya lo vimos con el tema de Agua y Drenaje, el maltrato animal, la mala calidad del aire”.
En este contexto, convocó a mantener separados ambos procesos, la discusión electoral y la presupuestal, y a no contaminar las negociaciones con motivaciones políticas.
“Espero que el gobernador no tome la equivocada decisión de contaminar un proceso con otro, son dos conversaciones paralelas y espero que tenga claro que no puede presionar a los legisladores con la reforma electoral”, señaló De la Garza Venecia.
Asimismo, adelantó que presentará ante el Pleno de la LXXVII Legislatura de Nuevo León un punto de acuerdo para que se autorice el inicio formal de las mesas de trabajo en torno al presupuesto estatal.
“Vamos a empezar a convocar a las mesas de trabajo, no solo con el Ejecutivo, sino también con organismos autónomos, municipios y asociaciones, lo que el gobernador manda es una propuesta, pero nosotros tenemos la facultad de hacer modificaciones”, enfatizó.
La priista precisó que la Comisión de Presupuesto está en la etapa de análisis del proyecto federal para conocer los recursos que llegarán a Nuevo León y, a partir de ello, ajustar la propuesta estatal.
“Entre el 10 y el 15 de octubre terminaremos el análisis del presupuesto federal para tener claro qué mandará la Federación a Nuevo León y, sobre eso, adecuar el estatal”, indicó.
Por su parte, el coordinador del grupo legislativo del PAN, Carlos de la Fuente Flores, también confió en que las diferencias políticas no afectarán el debate presupuestal y criticó el proceder del Ejecutivo estatal respecto a la reforma electoral.
“El documento que llegó del Ejecutivo no tiene validez jurídica, no es más que una señal del miedo que le tiene el gobernador a perder la gubernatura en el siguiente proceso electoral”, señaló.
Bajo este panorama, cuestionó que García Sepúlveda haya intentado intervenir en el procedimiento legislativo, porque “parece que se le olvidó que no puede hacer observaciones a las reformas constitucionales.
“Lo único que estamos pidiendo es que se publique lo aprobado en la primera vuelta para poder entrar al debate”, manifestó el líder de los diputados locales albiazules.
Añadió que el Congreso ha mantenido una relación institucional con el Ejecutivo, pero advirtió que las acciones recientes del gobernador podrían deteriorar ese entendimiento.
“Lo único que está mostrando el gobernador, aparte del miedo, es que ya no quiere tener una buena relación con el Legislativo, como la que habíamos llevado este año”, manifestó De la Fuente Flores.
Desde la bancada de Movimiento Ciudadano, la coordinadora Sandra Pámanes Ortiz consideró que la reforma electoral y el presupuesto son asuntos distintos y que no existe motivo para que uno afecte al otro.
“No hay una relación entre lo que significa el presupuesto y esta iniciativa prematura que presenta el PRIAN, hay tiempo suficiente para trabajar en el presupuesto de aquí al 20 de diciembre, no tendría por qué enturbiar ni chocar un tema con otro”, expresó.
La legisladora naranja recordó que el Congreso se mantiene en desacato desde 2019 por no cumplir con el mandato de la Suprema Corte respecto a la paridad total en Nuevo León.
“Estamos en desacato desde 2019, este Congreso no ha trabajado en la paridad total y es válido que el Ejecutivo haga observaciones si detecta que no hay coordinación entre la Constitución federal y las leyes locales”, afirmó, al defender la estrategia del gobierno estatal.
La coordinadora legislativa de MC insistió en que la observancia de la paridad de género debe ser una prioridad y no un obstáculo político.
“La paridad total busca que Nuevo León avance en la representación de mujeres; actualmente sólo el 6 por ciento de la población está gobernada por mujeres, no podemos seguir postergando el cumplimiento de este mandato”, estableció.
Asimismo, la diputada de Movimiento Ciudadano enfatizó que su partido está dispuesto a participar en el diálogo para la segunda vuelta de la reforma electoral, siempre que el proceso se base en el consenso.
“Si hay que organizar mesas de trabajo para hablar de la segunda vuelta, hacia allá vamos, pero tiene que haber un cambio de fondo; patear el bote hasta 2030 sería seguir en desacato”, advirtió.
En tanto, la presidenta de la Comisión de Puntos Constitucionales, Berenice Martínez Díaz, del grupo legislativo de Morena, propuso formalmente un punto de acuerdo para convocar a dos mesas de trabajo en la segunda semana de noviembre, con el fin de discutir la reforma electoral con la participación de expertos, autoridades y colectivos ciudadanos.
“Queremos escuchar primero a todas y todos, no dejar fuera a nadie, las mesas de trabajo serán para construir una iniciativa de consenso”, porque, aunque el gobernador tiene la facultad de hacer observaciones, el Congreso tiene la última palabra.
“Tiene 10 días para hacer observaciones, nosotros podemos aceptarlas o rechazarlas; si se aprueban, se requerirán las dos terceras partes del Pleno”, detalló.
La legisladora morenista subrayó que su bancada no pretende sumarse a las disputas políticas entre el PRI, PAN y Movimiento Ciudadano.
“No queremos participar en el pleito que tienen entre ellos, nuestra propuesta es escuchar a todos los sectores y construir una reforma que realmente garantice la paridad”, añadió.
Finalmente, Martínez consideró que el Congreso debe centrarse en escuchar a la ciudadanía antes de redactar una nueva propuesta.
“Tenemos hasta junio del próximo año para aprobar esta reforma, lo importante es construirla con consenso, no con imposiciones”, concluyó.
De esta forma, mientras las bancadas del PRI, PAN, MC y Morena difieren sobre el alcance jurídico de las observaciones del Ejecutivo a la reforma electoral, todas coinciden en que la discusión del Presupuesto 2026 debe mantenerse al margen de las pugnas políticas, con el fin de garantizar un ejercicio responsable de los recursos públicos para el próximo año.
