El traslado de reos del penal del Topo Chico a una cárcel de Coahuila generó nuevos disturbios en los alrededor del centro penitenciario que no dejaron heridos graves o detenidos. Aún así la Comisión Estatal de Derechos Humanos emitió una recomendación a las autoridades estatales.
Tras meses de una relativa calma, la noche del 26 de marzo los penales de Nuevo León volvieron a sacudirse.
En esta ocasión la riña entre bandas contrarias no fue el motivo de los disturbios sino el traslado de centenas de reos a penales federales fuera de la entidad.
En un macro operativo de seguridad, 501 reos fueron enviados a los centros penitenciarios de Ramos Arizpe, Coahuila (461 hombres) y al de Coatlán del Río Morelos (40 mujeres), lo que provocó agitación al interior y exterior de los penales, especialmente en el del Topo Chico.
Cerca de las primeras horas del 27 de marzo, 19 autobuses condujeron a los prisioneros a un avión para ser llevados a su nuevo destino bajo el resguardo de mil 565 elementos de la Policía Militar, Federal, Fuerza Civil y seguridad carcelaria.
Y aunque el operativo del traslado transcurrió con aparente tranquilidad, la primera expresión de inconformidad se registró en las primeras horas del día al exterior del Topo Chico, a donde llegaron familiares de los prisioneros para conocer su situación.
Con el transcurrir de los minutos la tensión se incrementó: cientos de personas, en su mayoría mujeres, se aglomeraron al exterior del Topo Chico para exigir ver a sus reos ante los rumores cada vez más fuertes de que en el interior del centro se habían desatados disturbios.
Por medio de las redes sociales, algunos usuarios publicaron videos en los que se escuchaban aparentes detonaciones de armas de fuego dentro del penal y la supuesta represión de custodios a los internos, lo que desató la ira de algunas de las mujeres presentes.
La llegada de ambulancias de la Cruz Roja acentuó la zozobra de los familias y los ánimos comenzaron a elevarse.
Con consignas ofensivas exigieron a las autoridades carceleras dejarlas entrar. Ante la negativa intentaron derrumbar el portón de la entrada, pero los intentos fueron inútiles por lo que recurrieron al bloqueo de calles y avenidas para meter presión.
Tomadas de la mano, grupos de mujeres se dispusieron a irrumpir la circulación en las avenida Rodrigo Gómez y Aztlán, afectando a los automovilistas y comerciales de la zona.
Y mientras los alrededores del penal sucumbían, en el centro de Monterrey, el Secretario de Gobierno, Manuel González, daba a conocer los motivos de la remoción de reos de alta peligrosidad: el cierre futuro del penal del Topo Chico.
El funcionario estatal destacó que el cambio de los internos se debió al plan estratégico de la administración estatal que consiste en eliminar el hacinamiento de los centros y que se reforzará con la construcción de 700 celdas nuevas en los penales de Apodaca y Cadereyta.
“Con la construcción de estas 700 celas repartidas de manera igualitaria en Apodaca y Cadereyta se planea cerrar el penal del Topo Chico. Dicho inmueble tiene más de 80 años y ya cumplió con su cometido”, dijo Manuel González.
Y aunque durante la rueda de prensa, ofrecida por la mañana en el Palacio de Gobierno, aseguró que el operativo de traslado se llevó a cabo sin ningún contratiempo a poco más de 11 kilómetros al poniente las secuelas de los hechos ya se vivían.
Habían transcurrido casi 14 horas desde que se dio a conocer el traslado de reos cuando el Director de Gobierno, José Antonio Chávez, arribó a las instalaciones para hablar con los familiares de los reclusos y proporcionarles calma.
En un breve encuentro, el funcionario estatal negó las versiones de que se hayan registrado disparos al interior del Topo Chico, pero adelantó que sí existían heridos por peleas desatadas.
En una primera instancia se hablaba de 20 heridos -un custodio por arma punzo cortante y 19 reclusos por golpes- lo que provocó la exigencia de los familiares de entrar al centro para ver a sus reos.
Para calmar la incertidumbre, cerca de las 14:10 horas las autoridades estatales y carcelarias decidieron permitir a los presentes al exterior ver a sus internos por lo que se les solicitó formar filas, mismas que no estuvieron exentas de altercados.
Ya sea por buscar el mejor turno para ingresar o el simple hacinamiento que se generaba, los gritos y empujones no se hicieron esperar entre los desesperados familiares.
Con el correr de las horas las filas crecían sin que ingresara una sola persona al penal.
La impaciencia provocó que un grupo de mujeres y hombres presionaran a las autoridades de la forma incorrecta: provocando caos en las vialidades cercanas.
Sujetadas de las manos, diversos grupos de mujeres cerraron la circulación de las avenidas Rodrigo Gómez, Aztlán y Penitenciaría.
Los hombres que participaron en los desmanes cubriendo sus rostros detenían a los autos que buscaban el libre tránsito y los atacaban con piedras y palos si se atrevían a desafiarlos.
“No nos vamos a quitar, no nos quieren dejar ver a nuestros familiares y no nos vamos a mover. Si te crees muy chingón aviéntanos el carro”, dijo una de las inconformes a un conductor que se bajó de su unidad para exigirles liberar las avenidas.
Sin que las autoridades de seguridad intervinieran, las mujeres limitaron la circulación por cerca de una hora. Incluso, una unidad de transporte público de la ruta 311 fue secuestrada: los pasajeros se bajaron y el conductor fue obligado a que las llevara al Hospital Universitario, en donde aparentemente estaban llevando a los heridos del penal.
El “aventón” al HU significó la liberación de las vialidades y el regreso de la calma al exterior del Topo Chico.
Pero no todos los presentes estaban de acuerdo con los disturbios, ya que mientras un grupo de mujeres bloqueaba las avenidas, otro procuraba la calma.
“No está bien lo que están haciendo, así menos nos van a dejar entrar. No sé por qué hacen eso e inventan que hay muertos. Ahorita un niño asustado me preguntó si era verdad que había muertos porque su papá está ahí recluido, yo le dije que no le haga caso a los chismes. No se vale que estas mujeres asusten a las demás”, dijo una madre de familia, que permanecía en la fila en la puerta del penal desde horas atrás.
Cerca de las 16:40 horas, las autoridades penitenciaras llamaron al silencio para anunciar la lista de los internos lesionados en los disturbios de la mañana -10 en total, la mayoría solo por golpes-.
Y aunque por horas el rumor de muertos se esparció entre los familiares, algunos de ellos llegaron a tener incluso crisis nerviosa, para las 17:20 horas aún no había información al respecto.
Sin embargo, la confirmación llegó minutos después cuando una unidad de Servicios Periciales y otra del Servicio Médico Forense (SEMEFO) de la Fiscalía General del Estado ingresó por la ala norte del penal.
Minutos más tarde, las autoridades estatales dieron a conocer, que, en efecto, los disturbios que se registraron en la mañana provocaron la muerte de un reo, pero no por golpes sino por infarto.
Identificado como Alberto G de 40 años, el hombre murió en la área médica del Topo Chico por una aceleración de la frecuencia cardíaca. En su expediente, acorde al Estado, tenía antecedentes de afecciones y cirugías cardiacas.
Para antes de finalizar la jornada, nuevamente familiares inconformes decidieron bloquear las vialidades ya antes obstruidas para exigir al Estado información precisa sobre sus allegados.
En esta ocasión la manifestación fue mas corta, pues al poco tiempo comenzó el operativo para dejar entrara los familiares al centro penitenciario.
CEDH EMITE RECOMENDACIONES POR PENALES
Ante el traslados de reos de Nuevo León a penales federales, el 27 de marzo la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) solicitó a la Secretaría de Seguridad garantizar la integridad física de los prisioneros.
Por medio de un comunicado, el organismo emitió “medidas precautoriamente urgentes” tanto para los que fueron trasladados como para los que permanecen al interior.
De igual manera, la Comisión pidió a las autoridades que brindaran información a la brevedad a los familiares que aguardaban al exterior del Topo Chico.
“Se solicita de forma oportuna se brinde información a las familias de las personas privadas de la libertad y a la autoridad judicial información sobre el centro de reclusión al que fueron ubicados”, dice el comunicado.
El organismo destacó que no fueron convocados por la autoridad penitenciaria sobre el operativo que inició la noche del 26 de marzo y añadió que se mantendría atenta de lo que aconteciera en los centros penitenciarios.
