El 27 de diciembre de 1923 el Congreso de Nuevo León emitió un decreto para que la administración de Monterrey quedara a cargo de un Concejo Municipal ante el resultado impreciso de la elección a la alcaldía.
Hoy, a casi un siglo de distancia, la “Administración Civil”, como la denominó el cronista regiomontano Israel Cavazos, vuelve a tomar las riendas de la segunda ciudad más grande del país, tras la anulación de la elección del 1 de julio.
Y es que, luego de cuatro meses de pelea en los tribunales, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) resolvió en los últimos minutos del 30 de junio anular los comicios en la capital de Nuevo León por irregularidades, quitándole así el triunfo al panista Felipe de Jesús Cantú.
Previo a la votación de los magistrados, dada en la fecha límite para sesionar, la Constancia de Mayoría a la alcaldía se movió como si fuera un “serpientes y escaleras” azul y rojo, jugado por las instituciones electorales.
El 9 de julio la Comisión Electoral Municipal (CEM) de Monterrey dio el triunfo a Felipe de Jesús Cantú. El 17 de agosto el Tribunal Estatal Electoral (TEE) revocó la victoria del panista y se la dio al priísta Adrián de la Garza. El 18 de octubre la Sala Regional del TEPJF regresó la constancia a Felipe de Jesús Cantú.
Finalmente, el 30 de octubre la Sala Superior del TEPJF anuló la elección del 1 de julio en Monterrey y ordenó a la Comisión Estatal Electoral (CEE) realizar comicios extraordinarios.
A la par, se le pidió al Poder Legislativo designar un Concejo Municipal para administrar la capital mientras se repone el proceso electoral.
Los diputados fueron llamados al Congreso para que de manera casi inmediata la Comisión de Gobernación sesionara y eligiera a los 30 integrantes que ocuparía el órgano colegiado de la capital y que fungiría como el Ayuntamiento, pero la labor de consenso entre las ocho bancadas no fue para nada sencilla.
En ese momento la ciudad ya había quedado en el limbo de la gobernabilidad al haber concluido la administración de Adrián de la Garza y no haber asumido un nuevo munícipe.
Lo que algunos llamaron “vacío de poder” en Monterrey fue cubierto por las lagunas legislativas en la Constitución que permitieron prolongar la estancia del antiguo ayuntamiento al frente de la capital.
Y es que, aunque la Ley marcaba que sólo se contaba con 24 horas para elegir al Concejo Municipal, una vez recibida la notificación de la Sala Superior, la lucha de poderes al interior del Congreso postergó por casi una semana la designación de los que fungirían como alcalde, síndicos y regidores interinos.
Al ser un hecho inédito en la entidad, la distribución del colegiado regiomontano no era muy específica y aunque se trataba de órgano ciudadano los partidos mayoritarios en el Congreso -PAN y PRI- buscaron sacar tajada de la designación, al asumir que de la integración del órgano podría influir las elecciones extraordinarias del 16 de diciembre.
El ‘tic-tac’ del reloj continuó su curso y mientras la iniciativa privada, organizaciones civiles y ciudadanía en general pedía dar celeridad al proceso, en el Congreso las negociaciones estaban enfrascadas.
El 1 de noviembre, en una rueda de prensa conjunta, las bancadas minoritarias de MORENA, MC, PT, PVEM, PES y PANAL acusaron al PAN de bloquear la definición del Concejo por intereses de la cúpula blanquiazul en el estado.
“Es lamentable que las cúpulas de un partido tengan secuestrada la autonomía del Poder Legislativo porque sus diputados se alinean no conforme al compromiso que adquirieron frente a los ciudadanos que votaron por ellos sino a la línea que les marquen sus dirigentes locales”, sentenció el 1 de julio el coordinador de la bancada de Movimiento Ciudadano, Luis Donaldo Colosio Riojas.
Por su parte, Acción Nacional justificó su actuar señalando que no permitirían que se instalara un Concejo a modo que derivara en una elección de estado el próximo 16 de diciembre.
Conforme transcurrían las horas, los nombres de personalidades regiomontanas en las áreas empresarias y social comenzaron a circular por los pasillos del recinto legislativo, pero el consenso aún no se daba en las bancadas.
El 1 de noviembre, cerca de las 19:00 horas, la Comisión de Gobernación, encabezada por la legisladora de Morena, Claudia Tapia, presentó el primer decreto aprobado en la sesión para ser votado en el Pleno.
La propuesta contemplaba como Presidente Concejal al directivo de Sinergia Deportiva del Club Tigres, Alberto Palomino Garza, así como al priista Edgar Romo y a los panistas Alfredo Rodríguez, Guadalupe Hurtado Rodríguez y Gregorio Hurtado Leija.
El dictamen, presentado en el peno ante la ausencia de los panistas, apenas alcanzó 25 votos a favor y uno en contra para ser desechado, ya que debía de obtener al menos 28 sufragios para su aprobación.
Tras el rechazo, el decreto regresó a la Comisión de Gobernación para continuar con su análisis. Mientras tanto, el municipio seguía siendo manejado por el antiguo ayuntamiento, encabezado por Genaro García de la Garza.
Los “estira y afloja” se prolongaron en el Congreso local por cerca de una semana hasta coincidir con la glosa del Tercer Informe de Gobierno de Jaime Rodríguez Calderón.
El 5 de noviembre, horas después de que el Secretario de Gobierno del Estado, Manuel González y el entonces Secretario de Seguridad, Bernardo González comparecieran ante el Poder Legislativo por el Informe en materia de seguridad, un nuevo decreto se aprobó en la Comisión de Gobernación.
Y aunque minutos atrás se especuló que el ex rector de la Universidad Autónoma de Nuevo Léon (UANL), Luis Galán Wong, podría encabezar la nueva propuesta, la sorpresa fue la designación de Bernardo González como Presidente Concejal, una noticia que incluso a tomó desprevenido al propio ex Secretario de Seguridad.
“Estaba en mi casa viendo el desarrollo de la comisión cuando se dio a conocer (mi nombre)”, señaló el ahora alcalde interino de Monterrey.
Aunque sorpresivo, el nombre de Bernardo González ya había alcanzado el consenso necesarias entre las bancadas, exceptuando a Movimiento Ciudadano.
Incluso los legisladores panistas, quienes se habían mostrado renuentes, se mostraron satisfechos con la designación del ex funcionario estatal al frente del Concejo regiomontano.
Acorde al dirigente estatal de AN en Nuevo León, Iván Medrano Téllez, el aval de Bernardo González se dio al prometer que sería independiente en la toma de decisiones para renovar las Secretarías municipales.
Fue así que con 36 votos a favor, seis abstenciones y cero en contra, Bernardo González fue avalado como Presidente Concejal de Monterrey, tomando protesta horas más tarde en el recinto legislativo.
Finalmente, luego de seis días de haber anulado la elección y exigir la implementación del órgano ciudadano, los diputados llegado a un acuerdo para instalar el gobierno interino de Monterrey, que estará al frente del municipio por al menos 60 días.
Un día después, el 6 de noviembre, el Presidente Concejal tomó protesta al resto de los integrantes, quienes tendrán entre sus principales labores estarán: garantizar la seguridad y servicios públicos a la población, la realización y cuidado de la elección extraordinaria y la elaboración del presupuesto para 2019.
