El Congreso del Estado autorizó por unanimidad extender el catálogo de delitos como lenocinio, pornografía infantil y corrupción de menores en los juicios orales en Nuevo León.
Los diputados de la Septuagésima Primera Legislatura sometieron a consideración y discusión del Pleno la respectiva aprobación de las reformas a la Ley de Justicia Administrativa y a la Ley de Métodos Alternos para la Solución de Conflictos del Estado de Nuevo León.
Las reformas buscan ampliar la oralidad en los juicios, la implementación del Tribunal Virtual Administrativo y ampliación de los métodos alternos para la solución de conflictos.
Por ello, con esta reforma los diputados aprobaron incorporar a los juicios orales los procesos del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, donde un ciudadano interponga recursos contra la autoridad y procedimientos civiles como el del divorcio por mutuo consentimiento.
En materia penal, la Septuagésima Primera Legislatura avaló que se incluyera en el catálogo los delitos de lenocinio, calumnia, hostigamiento sexual, abandono de familia, pornografía infantil y corrupción de menores, abandono de persona, aborto, usura y violación de leyes de inhumación y exhumación.
El Congreso aprobó también facultar a las autoridades estatales a tomar medidas especiales de seguridad en la reclusión de reos emanados de la delincuencia organizada.
Las reformas fueron hechas a los Artículos 8 y 26 de la Ley que regula la Ejecución de Sanciones Penales para que el Gobierno implemente acciones de vigilancia en la reclusión de los reos peligrosos emanados de la delincuencia organizada.
La propuesta abarca que la autoridad de los Centros Penitenciarios de Nuevo León podrán instalar cámaras de circuito cerrado en las celdas y pasillos, uniformes de identificación, módulos especiales, y revisiones permanentes dentro y fuera del inmueble.
Durante la sesión extraordinaria, la Septuagésima Primera Legislatura además autorizó por unanimidad una minuta que reforma el Artículo 73 de la Constitución Política en relación a que se le otorgue al Congreso de la Unión la facultad para expedir una ley federal en materia de secuestro.
El proyecto de decreto que incluye la reforma adiciona un párrafo al Artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que el pasado 4 de diciembre del 2008, el Senado de la República hizo lo propio.v
